Narcotráfico y protección medioambiental: la necesaria adecuación de la Ley REP

La semana pasada, se publicaron en El Mostrador dos noticias relevantes en relación con el narcotráfico. En primer lugar, se nos informó que en la edición 2023 del informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se indicaba que Chile se está convirtiendo en un punto neurálgico del traslado ilegal de drogas y otras sustancias prohibidas, apuntando al puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso, que hace oficio de escala antes de que la droga viaje a México y Europa. Luego, en una segunda nota, se destacaba que, tras ese informe de la ONU, ese mismo puerto se coordinó con Aduanas y policías para aumentar el control de los flujos.

En pocos meses, Chile ha multiplicado sus colaboraciones con la UNODC. Gracias a coordinaciones realizadas por esa oficina, los agentes de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (BRISUQ) de la PDI y del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, culminaron el año 2022 con un decomiso en el Puerto de Arica de más de 690 toneladas de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas. De manera manifiesta, la vigilancia de los puertos es clave en la lucha contra el narcotráfico, desde la óptica tanto de la exportación como de la importación, ya que la incautación espectacular realizada en Arica nos estaría indicando que se están armando “laboratorios” clandestinos de fábrica de droga en el territorio nacional. Otro punto del informe de la ONU, mencionado anteriormente, señala que las zonas transfronterizas son estratégicamente cruciales, destacando en el caso de nuestro país que el desierto en la zona norte es un lugar apetecido para el tráfico, por su escasa y dificultosa vigilancia. 

Sobre la base de la relación existente entre narcotráfico y espacios transfronterizos, es importantísimo ponerle atención a un hecho de sociedad y a una ley que podría ser perfeccionada, en la especie la Ley 20.920, más conocida como “Ley REP” (Responsabilidad Extendida del Productor) o “ley de reciclaje”, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. ¿Qué relevancia tendría esto en relación con lo mencionado anteriormente?

Esta normativa fomenta la cadena del reciclaje para reducir la generación de residuos y así proteger la salud de las personas y el medio ambiente. La ley establece que, a partir de 2022, los productores e importadores deben organizar y financiar la recolección y valorización de los residuos que introduzcan al mercado cumpliendo las metas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se utiliza el término “valorización”, se entiende por esto el tratamiento que recibe el residuo para poder volver a ser utilizado como materia prima. Los residuos a los que se refiere la Ley REP se clasifican en 6 categorías y una de ellas concierne exclusivamente a las baterías en desuso, sabiendo que es un tema muy importante debido a su impacto ambiental y los riesgos asociados a la eliminación inadecuada de las mismas. Porque, por otro lado, y como ya lo hacía público un reportaje de Mega, en julio 2022, acá se plantea también un tema de seguridad pública. El ácido sulfúrico presente en baterías rotuladas en desuso es comúnmente utilizado en la producción y elaboración de cocaína y otras drogas ilegales. Si la gestión de estas baterías no se gestiona adecuadamente, estas pueden caer en manos equivocadas y ser utilizadas para fines ilegales.

De hecho, una entidad como Interpol –como lo pueden verificar en su página web–, a través de su proyecto Edén y de la ley “INTERPOL Contaminación”, trabaja con los servicios de los países que son miembros de esa organización para detectar esos tipos de delitos relacionados con la contaminación y desmantelar los grupos detrás de ellos. Según Interpol, las redes criminales involucradas en el tráfico de desechos también están involucradas en fraudes, lavado de dinero, trata de personas… y tráfico de drogas.

El problema que existe en Chile con la Ley REP es que uno puede observar que, si bien parte del inciso segundo de dicha norma dispone que “se prohíbe la importación de residuos peligrosos para su eliminación”, en la disposición siguiente posibilita inmediatamente la autorización de esos mismos cuando estos son ingresados al país para su revalorización, solo pudiendo ser autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente dicho movimiento transfronterizo. Además, se dispone que habrá de dictarse un reglamento por el Ministerio de Salud donde se establecerán los requisitos, exigencias y procedimientos para la autorización de importación, exportación y tránsito de residuos. En palabras simples, se pueden tanto exportar como importar fácilmente baterías en desuso en zonas transfronterizas. Y sabemos, según el informe de la ONU ya mencionado, que en esas zonas, en Chile, los grupos criminales organizados son muy activos.

Si se declara la guerra al tráfico de droga, si se invierte significativamente en material y tecnología para combatir el narcotráfico, se debe imprescindiblemente pensar una legislación amplia, complementaria y coordinada; un conjunto de normas que ayuden a combatir tanto directa como indirectamente el negocio del narcotráfico. Es fundamental que se realice un adecuado manejo y reciclaje de las baterías en desuso en Chile y que, por ende, se desarrollen e implementen tecnologías de reciclaje más eficientes y sostenibles con el fin de evitar la exportación e importación de residuos peligrosos, por asuntos de seguridad, pero también de salud pública y de protección del medio ambiente. Porque eso es el segundo aspecto, no menos importante, de esta misma problemática.

Se debe saber que el Convenio de Basilea de 1989, que fue ratificado por Chile en 1992, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, dispone que esos desechos deben eliminarse en el Estado en que se hayan generado, salvo en ciertos casos específicos. En ese sentido, Chile debería imperativamente contar con plantas que cumplan a cabalidad con el procesamiento de estas baterías. Además, el Tratado de Escazú, al cual Chile ha adherido, establece principios fundamentales que deben ser respetados en materia ambiental, como el de “No Regresión y Progresividad”, lo cual implica seguir siempre hacia adelante en la mejora de la situación medioambiental y que viene a reforzar lo indicado anteriormente.

Por lo demás, es importante tener en mente que el tráfico de residuos, peligrosos o no, tiene hoy un alcance relevante a escala internacional, y ocurre generalmente desde los países desarrollados hacia los países menos desarrollados, con flujos de intercambios que parten desde los países del Norte (Unión Europea, Japón, Estados Unidos de América y Australia) en dirección a los países del Sur (África, Asia y América del Sur). Algo sabemos de aquello en Chile, con los vertederos gigantescos de ropa y calzado de segunda mano, en pleno desierto de Atacama. Ese tráfico de desechos involucra a un gran número de actores, tanto empresas como grupos delictivos organizados.

Frente a aquello, el Parlamento Europeo votó en enero a favor de una nueva ley que introduce procedimientos y controles más estrictos para el envío de residuos. Ya en 2020, la Unión Europea (UE) había dejado de financiar la incineración de residuos peligrosos y los rellenos sanitarios correspondientes, considerándose ambas opciones insostenibles, y había optado por fomentar las actividades de reciclaje. En diciembre pasado, un acuerdo fue firmado entre eurodiputados y Estados miembros de la Unión Europea, para obligar a los fabricantes a hacer todas las baterías más ecológicas, más fácilmente sustituibles y reciclables, ya que los países europeos están apostando por la “economía circular”, la que se apoya sobre tres pilares: la eliminación de desechos y contaminación desde el diseño, la mantención de productos y materiales en uso, y la regeneración de los ecosistemas. 

Por esa sencilla razón, el texto consensuado por la UE cubre todo el ciclo de “vida” de la batería, desde el diseño hasta el final de su vida útil, y se aplicará a todo tipo de baterías vendidas en la UE –smartphones, electrodomésticos, scooters, automóviles y/o bicicletas eléctricas, baterías industriales…–. Es útil recordar que en Chile existe una “Hoja de Ruta de la Economía Circular” establecida por 33 representantes de la esfera pública, privada y de la sociedad civil, convocados por el Ministerio del Medio Ambiente en diciembre 2020, y que  fijó metas para 2040 proponiendo 32 iniciativas concretas a corto, mediano y largo plazo.

Cuando vemos multiplicarse las espectaculares destrucciones (televisivas) de las llamadas “narco-casas”, es interesante observar que existe la posibilidad de tomar medidas que quizás puedan ser mucho más efectivas y amedrentadoras en la óptica de la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno que está en pleno auge, como lo indicamos en una columna anterior. Es urgente que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tengan bien conciencia de aquello, así como de la necesidad de tomar medidas significativas en materia medioambiental, considerando, por lo demás, que eso no solo implica una inversión material sino también el establecimiento y reforzamiento de una estructura normativa que en varias áreas ya se encuentra a disposición.

En el caso estudiado acá, un ajuste legislativo permitiría adecuar una legislación ya existente (y también las que están por venir) a estándares utilizados en otra zonas del globo y ya dispuestos en tratados ratificados por Chile. Lo que hace falta, en muchas oportunidades, es un certero manejo y agudeza técnica, al igual que una firme voluntad política. Al menos que estemos ante la predominancia de algunos lobbies potentes, que constituiría la piedra de tope que impediría un verdadero cambio de fondo en cuanto a la gestión pública de estas tan cruciales problemáticas.