Acerca de las asimetrías de la libertad de elegir

Últimamente se ha estado generando una discusión al interior de la clase política –protagonizada por sectores de izquierda– respecto al concepto de “libertad de elección” en el contexto de una economía de mercado. Dicha discusión adolece de falta de conocimientos básicos de economía, y extrapola conclusiones simplistas y erradas al ámbito de la política pública.

A cualquier economista le resulta obvio que en una economía de mercado la elección no solo depende de las preferencias de cada individuo sino también del ingreso del cual este disponga, pues lo que cada individuo elige tiene un costo de adquisición originado en la escasez intrínseca de los recursos para producir bienes y servicios. Y como no todos los individuos disponen de la misma cantidad de ingresos, tal asimetría en restricciones presupuestarias conlleva asimetrías de oportunidades para adquirir bienes y servicios. La elección individual reproduce, así, la distribución del ingreso prevaleciente. De esta obviedad algunos políticos han derivado la errónea conclusión de que la libertad de elegir no existe. Y, por tanto –argumentan–, determinados bienes o servicios deben ser provistos solo por el Estado para que este “garantice” (a través de impuestos generales) que determinados servicios puedan ser proporcionados con una cobertura universal a todos los individuos, independientemente de su restricción presupuestaria.

Esta inferencia es errada. Si se desea que no exista exclusión de consumo por parte de individuos de menores ingresos, hay dos caminos a seguir: o se otorga a tales individuos un subsidio compensatorio para que estos escojan el proveedor que estimen conveniente o, bien, el Estado produce directamente tales servicios a precios subsidiados. Si se opta por lo segundo, el supuesto implícito es que el Estado será más eficiente que el sector privado para proveer dicho servicio –en caso contrario, se sacrifican menos recursos fiscales si se sigue la primera opción–.

En ambos casos el Estado (es decir, todos los chilenos) asume el costo. ¿Significa ello que se requiere eliminar la libertad de elegir para aquellos individuos cuya restricción presupuestaría les permite adquirir tales servicios sin necesidad de acudir a un financiamiento compensatorio por parte del Estado? ¡Por supuesto que no! Es más, proceder de tal forma es regresivo, pues todos los individuos –incluidos los de menores ingresos– estarían financiando parte del consumo a aquellos cuyos ingresos les permiten valerse por sí mismos. En cuyo caso parte de los recursos tributarios de la nación dejarían de ser utilizados en usos alternativos que incrementen el bienestar de las familias más necesitadas: las de menores ingresos.

Esto último tiende a ser olvidado por muchos políticos. Los recursos fiscales son escasos y tienen usos alternativos. Cada vez que un gobierno utiliza recursos fiscales para cualquier objetivo, automáticamente deja de utilizarlos para otros objetivos. Hay que evitar usar recursos fiscales para producir bienes o servicios que puede producir el sector privado y, en vez de ello, utilizar tales recursos para actividades que no son privadamente rentables, pero sí son socialmente rentables. Entre estas últimas están aquellas que focalicen recursos para garantizar estándares mínimos de calidad para la salud, educación, vivienda, seguridad pública y pensiones. Siempre cuidando que la forma de financiamiento no sea regresiva. Por ejemplo, la solidaridad intergeneracional inherente a un sistema de pensiones de reparto es regresiva, por la forma en que esta se financia: entre los cotizantes activos los hay de ingresos pertenecientes a los primeros cuatro quintiles de menores ingresos y otros pertenecientes al quintil de mayores ingresos. Los  primeros contribuyen a financiar las pensiones de los últimos.

En una economía de mercado todos tienen libertad de elegir. Cosa distinta es que las asimetrías de ingreso impidan que todos puedan elegir la misma cantidad y calidad de bienes y servicios. Si se desea garantizar mínimos de bienestar para todos y ello resulta incompatible con los ingresos de un subconjunto de la población, se deben suplementar los ingresos o el consumo solo a tal subconjunto. Pero ello no implica eliminar la libertad de elección para aquellos individuos cuyas restricciones presupuestarias les permiten satisfacer dichos mínimos.