Opinión
La aprobación del SBAP debe consagrar la certeza jurídica. El actual texto del proyecto deja un espacio abierto para la interpretación sobre si se puede o no otorgar una concesión en un área protegida, quedando a discreción del Gobierno de turno dicha interpretación, lo que sería sumamente subjetivo y el caldo de cultivo para la judicialización. Para eliminar esta incertidumbre, el único camino es que no se permitan concesiones sectoriales industriales en las áreas protegidas.
Es una semana clave para el futuro de las áreas protegidas de Chile, ya que durante estos días se desarrollarán las sesiones finales de la Comisión Mixta, creada para resolver las normas más controvertidas del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Es clave y a la vez preocupante, ya que dentro de los artículos que se discutirán está la posibilidad de entregar concesiones para el desarrollo de actividades, como, por ejemplo, la salmonicultura dentro de las áreas protegidas.
Se trata de un retroceso gigantesco, considerando que, durante el Gobierno anterior, se había acordado que las únicas concesiones que podrían entregarse en las áreas protegidas serían para actividades de investigación científica, educación y turismo, dejando atrás aberraciones que actualmente se permiten, como la existencia de granjas salmoneras, concesiones mineras e industriales, dentro de áreas protegidas como, por ejemplo, al interior de las reservas.
Es paradójico pensar que se declare un Área Silvestre Protegida, cuando en realidad no se le protege de nada, quedando a merced de un eventual plan de manejo que puede ser cambiado cada cinco años. Además, contradice la Convención de Washington, la que estipula claramente que el fin del establecimiento de áreas protegidas tiene como objetivo principal conservar la flora y fauna, entregando esa responsabilidad al Estado y sus instituciones.
La aprobación del SBAP debe consagrar la certeza jurídica. El actual texto del proyecto deja un espacio abierto para la interpretación sobre si se puede o no otorgar una concesión en un área protegida, quedando a discreción del gobierno de turno dicha interpretación, lo que sería sumamente subjetivo y el caldo de cultivo para la judicialización. Para eliminar esta incertidumbre, el único camino es que no se permitan concesiones sectoriales industriales en las áreas protegidas.
En conclusión, la discusión del proyecto de ley que creará el SBAP tiene la oportunidad de ajustarse a los tratados internacionales firmados por Chile, proporcionar certeza jurídica y reducir la judicialización de proyectos y, finalmente, darle sentido de protección real a las áreas protegidas, que fueron nombradas como tales por su importancia ecológica y por la particularidad y atributos que las convierten en zonas importantes para el desarrollo y mantenimiento de la vida y su biodiversidad.
Esperamos que la Comisión Mixta zanje este tema y detenga el sinsentido que significa permitir industrias de alto impacto dentro de las áreas protegidas. Que estos 12 años de tramitación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le hagan honor a su nombre y se logre reivindicar los errores del pasado de los que aún somos testigos.
