Sin dotación funcionaria, la justicia no llegará a tiempo

Los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial nos encontramos en el centro de la injusticia desde hace años, pues cuando la ciudadanía imagina que somos depositarios de grandes beneficios, no solo nos someten a exigentes presiones por excesos de ingreso de causas procesales y por falta de dotación, sino que también debemos recibir, de los mismos que nos creen objeto de privilegios, los descargos por razones que no son responsabilidad de quienes trabajamos en esta institución.

En tanto trabajadora y dirigente sindical, he podido constatar cómo, en este escenario laboral, quienes nos desempeñamos en el Poder Judicial somos presas fáciles de las depresiones, el estrés y la enfermedad física y emocional, debido a condiciones que, sin garantías sindicales mínimas, abundan, vulnerando nuestros intereses laborales, los de nuestras familias y, en consecuencia, los de una sociedad que clama por justicia.

La Reforma Procesal Penal iniciada hace más de una década, que separó las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia en las causas, pudo haber sido un gran cambio para Chile. Estructuralmente, los funcionarios creímos en las consecuencias positivas tanto para el desempeño de nuestras labores como para la población; esto, porque sentó sus bases en premisas que pusieron en el centro de la justicia a las personas. Los trabajadores pensamos que esta nueva política pública permitiría no solo descomprimir nuestras labores, sino también dar fluidez a las causas de la ciudadanía.

No obstante, terminó siendo una reforma que no pensó que, para su buen funcionamiento, debía venir asociada a una mayor dotación funcionaria. Y, peor aún, no se adelantó en analizar que, con el paso del tiempo, los delitos adquieren una nueva morfología que demandaría aún más dedicación y esfuerzo físico y mental de quienes trabajan en el sistema. Las 17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país, y los 465 tribunales de primera instancia que dependen de ellas, funcionan desde hace años con un déficit de dotación que pone en peligro la legitimidad, seriedad y la confianza por este poder del Estado.

No es raro escuchar decir que en Chile la justicia es solo para unos pocos o para ricos. Esta percepción pública no se debe a que la corrupción esté erosionando nuestra institución, ni a que los 12 trabajadores y trabajadoras de todos los estamentos, de planta o a contrata, hagan mal su trabajo, sino a que no dan abasto con la carga laboral que llega a los tribunales ordinarios y especiales.

El Sistema Político y los gobiernos de turno conocen la realidad y las nefastas consecuencias de no contar con presupuestos adecuados. No obstante, a pesar de esto, las autoridades anunciaron un 2,2 por ciento de incremento en el presupuesto 2024 y, a través de cadena nacional, se informó que para el 2024 se consideró el aumento de tan solo 193 nuevos funcionarios y funcionarias de apoyo a Tribunales de Familia, a los que solo el año 2021 ingresaron un total de 114.906 causas. Actualmente, en nuestro país existen 60 Juzgados de Familia especializados, en los cuales se desempeñan 360 jueces, y 80 Juzgados de Letras con competencia en familia, en los cuales se desempeñan 131 jueces, que además conocen de otras materias, como civil, laboral, cobranza o garantía, según su configuración.

A este estrecho sistema de dotación judicial, miles de recursos  o investigaciones por tráfico de droga ingresan todos los días a las 17 Cortes de Apelaciones del país, seguidos por denuncias de acoso sexual a menores, ocultamiento de placas de patentes y conducir en ebriedad con resultado de muerte, causas que se acumulan no por falta de gestión ni voluntad laboral, sino por ausencia de personal y una carga laboral que ralentiza su labor.

Lo más delicado y grave, diría yo, es que el sistema sabe que someter a los funcionarios a trabajos contra el tiempo y presión promueve errores humanos que multiplican los sumarios administrativos, lo que, por supuesto –como se dice popularmente–, corta el hilo por lo más delgado. Muchos trabajadores tienen sumarios administrativos por errores de tipeo provocados por el cansancio o por las enfermedades no tratadas o mal tratadas; las que sin duda son graves a los ojos del juez empleador, pero que nadie intenta resarcir con horarios de descanso y relevos humanizados.

En ese orden de ideas, cabe transparentar que a menudo los sumarios administrativos y las calificaciones son instrumentalizados no en función de identificar las lecciones aprendidas y establecer una mejora continua, sino como medidas discrecionales y sancionatorias. Llama la atención que, trayendo consigo costos relativos asociados –pues iniciar un proceso judicial en materia disciplinaria y administrativa no es gratuito–, se insista en esta medida extrema de último ratio, en lugar de buscar soluciones tendientes a sancionar faltas de relevancia jurídica.

Son tantos los sumarios, que claramente la instrumentalización se ha naturalizado, al punto que están sirviendo como mecanismos disociadores que afectan el clima laboral ya perjudicado por la sobrecarga laboral y falta dotacional, profundizando el estado emocional negativo de quienes son sumariados, que terminan por renunciar ante el acoso laboral permanente. En cuanto a las calificaciones, sucede algo parecido, porque en lugar de evaluar la gestión e instar a la corrección, se instrumentalizan para castigar.

A mayor abundamiento, describiré un ejemplo, del cual no daré nombre por los razones antes descritas. En la dotación de un tribunal, una persona que allí trabaja fue declarada con enfermedad profesional de acuerdo al procedimiento de la Ley 16.744 sobre Enfermedades Profesionales y Accidentes del Trabajo, pues adquirió una patología en uno de sus brazos, al realizar labores mecánicas y repetidas por largas horas al día, por más de cinco años. En este caso, la Mutual de Seguridad recomendó al empleador cambio de funciones, pero, al no ser una recomendación vinculante, el empleador decidió mantener en el mismo puesto de trabajo a esta persona, quien sigue realizando las mismas actividades repetitivas con su brazo dañado.

Evidentemente, se ha equivocado en forma reiterada, bajando su rendimiento en comparación con el resto de los funcionarios de la dotación. Para corregir su rendimiento, la jefatura, haciendo uso del mecanismo “Decretos Económicos”, dispuso la apertura de sumarios y anotaciones de demérito en su contra, adentrando a esta persona en un túnel administrativo, de estigma y deterioro emocional, que le empuja a que renuncie. Todo, mientras la Mutual decreta la invalidez profesional por la patología que le afecta.

De lo expuesto, cabe preguntarse: ¿se terminará el problema con la renuncia o se debe instar a la aplicación de criterios flexibles y de tolerancia ante errores de baja envergadura, para evitar que se llegue a ese punto de inflexión? Lo inexplicable y nada de razonable es constatar la agudización del problema, cuando conocemos de Tribunales con casos de enfermedad laboral profesional que no tienen fondos para sus suplencias.

La lentitud, ineficacia o ineficiencia con la que se pueda percibir al Poder Judicial es responsabilidad de una ausencia de relato político, que no define el país que queremos construir. Sin un Poder Judicial fortalecido en dotación y recursos, malamente la justicia llegará a tiempo y malamente podremos hacer de Chile y sus habitantes un país tranquilo y feliz. Quienes trabajamos en el Poder Judicial tenemos la certeza de que, mejorando las condiciones para un oportuno funcionamiento judicial, nuestros ciudadanos recuperarán la confianza y volverán a creer en un horizonte que nos permita ver la felicidad, porque la justicia hace felices a los seres humanos y, en consecuencia, a sus sociedades. Esa es la importancia de tener un relato político con consistencia financiera de largo plazo.

Desde otro lugar, la falta dotacional hace que las ausencias pesen. Entonces, habrá que revisar y destinar fondos para dar cobertura, a lo menos, a las suplencias por enfermedad laboral. En esta dirección, la ciudadanía debe saber que Recursos Humanos del Poder Judicial podrían tener una solución relativa, si el sistema hiciera un uso transparente y correcto de los flujos de ingreso dispuestos por el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal, que establece que “los dineros puestos a disposición de los tribunales que no sean objeto de incautación ni reclamados dentro de los plazos señalados, se girarán a la orden de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) para sus fines”.

Bueno, recientemente se informó que los fondos del caso Riggs, 3.4 millones de dólares, fueron girados a la CAPJ en virtud de la referida norma, pero, por tratarse de un ítem difícil de advertir en una rendición de cuenta pública, los trabajadores y trabajadoras desconocen los detalles de ese ingreso de fondos.

Los tiempos y el desarrollo de la conciencia social exigen mayor claridad respecto de cuántos dineros existen en dichas arcas por este concepto y cuál es su flujo de movimiento y su destino. Cito el caso para efectos de tener una alternativa y abordar una solución al financiamiento de las licencias médicas por enfermedad profesional, especialmente cuando los dineros destinados por ley a esos fines no están disponibles.

En plena contingencia de discusión del reajuste al Sector Público, tenemos la esperanza de ser oídos y que se reconsidere la propuesta presupuestaria para el Poder Judicial. Desde nuestra participación regional, abogamos por más transparencia y participación en la construcción del presupuesto nacional. Defendemos las políticas públicas que incorporen efectivamente el Convenio 190 de la OIT, el Trabajo Decente y los Servicios Públicos de Calidad para que, de esta manera, la justicia se evidencie en un Chile que pueda vivir con tranquilidad, derechos, expansión y felicidad.