PAÍS
El Senado también tiene algo que decir: dado que la naturaleza de su representación es regional, podría aportar una mayor reflexión sobre los resultados y las consecuencias del pleno funcionamiento de los gobiernos regionales, a partir de sus respectivas experiencias.
El proceso de regionalización, entendido como distribución de poder territorial, ha dado como resultado la creación de un gobierno autónomo, de nivel subnacional, acotado a una demarcación administrativa del Estado denominada región, cuya finalidad es el desarrollo.
Al contrario de lo que se cree -que la regionalización fue obra exclusiva de la dictadura- las regiones fueron diseñadas por una larga tradición de burócratas iluministas, que partió en la CORFO, en los años 50, y fueron determinadas en 1966 por ODEPLAN. Establecidas en un decreto del Ministerio del Interior en 1968 y aplicada por la CONARA en 1974. Su inspiración tuvo un carácter económico: estaba vinculado al desarrollo de la industria nacional, primero, y posteriormente, al potencial de la oferta exportadora que podría significar una asociación de provincias. Esta asociación de provincias, como una amplia base territorial y un perfil geoeconómico sustentable, era necesaria para la conformación de la autonomía y la autogestión territorial.
Sin embargo, para los militares fue solo algo más que una nueva división territorial: una división desconcentrada del poder en territorios suficientemente grandes como para ser gobernados por oficiales con rango de General. Al recuperar la democracia, en 1991 se crean los gobiernos regionales con un régimen mixto: una parte de la administración regional tendrá consejeros electos por los concejales en 1992 y un Ejecutivo será designado por el Presidente de la República, denominándose Intendente.
El Consejo Regional (CORE), por tanto, es la institución regional más antigua y sobre la cual se construye toda la institucionalidad democrática ulterior. Pasaron más de 31 años para la conformación de gobiernos regionales, elegidos íntegramente por el voto popular, debido a la fuerte oposición transversal que se manifestaba en el Congreso.
La Presidenta Bachelet jugó un papel clave en los avances más sustantivos para la elección directa de las autoridades regionales. A fines de su primer gobierno, democratizó los COREs, y bajo su segundo gobierno, presentó la ley -cuya tramitación se prolongó más de tres años- dotando a los gobiernos regionales de una autoridad electa, con ampliación de las facultades de los COREs, presupuesto propio y, un conjunto de competencias y facultades que ejerce como una entidad autónoma del gobierno central.
Esto significó la creación de un gobierno subnacional en un país unitario. Entre los expertos se conocía de cerca la experiencia francesa que sirvió de modelo inspirador y motivador. Además, se contaba con el beneficio de conocer la experiencia de Estados de Suramérica como Colombia, Perú, y contrastarlos con Estados como Argentina o España, de inclinación más federalista.
Se contaba también con el beneficio de la duda. Era mejor comenzar en forma modesta, para recorrer un camino estimado de una década y evaluar la acción de estos nuevos organismos del Estado en el territorio. Esta cautela hizo que el motor del sistema fuera el mecanismo de transferencia de competencias, contemplado en la ley.
Este es un procedimiento que formaliza la relación entre los gobiernos regionales y la Presidencia de la República, para establecer nuevas competencias y facultades en materias relacionadas al desarrollo en las respectivas regiones. Esto significa gradualidad y razones legitimadoras -establecidas por expertos- en la transferencia de poder.
El mecanismo puede ser usado por ambas partes y puede ser rechazado por alguna, como ocurrió recientemente con el GORE de Valparaíso. El mecanismo está limitado a las materias que la ley expresamente señala. De modo que ni el gobierno nacional ni los gobiernos regionales, pueden otorgar o solicitar competencias en otras materias -como seguridad, por ejemplo- sin recurrir al Congreso.
Los hechos de malversación de fondos -e incluso de corrupción- han alcanzado a los gobiernos regionales, y se investigan los mecanismos de adjudicación directa de recursos en manos de los gobernadores. Expuestos ante la opinión pública, ha dado motivo para alertar sobre los mecanismos decisorios, la falta de control preventivo, la opacidad del cuadro administrativo y el personalismo con que se gobiernan los actuales ejecutivos regionales.
Estos problemas se han presentado cuando los gobiernos regionales no han terminado la implementación de todos los órganos con que la ley les dota, siendo especialmente llamativo que pasada ya la mitad del mandato de los actuales gobiernos, aún no se constituya el Consejo Regional Asesor. La configuración institucional definitiva de los gobiernos regionales entonces, todavía está en curso.
El Gobierno está llamado a jugar un rol constructivo en la total implementación del sistema de gobierno regional, compuesto por una serie de órganos que no tienen, todavía, una articulación clara con la acción general de los gobernadores.
El Senado también tiene algo que decir: dado que la naturaleza de su representación es regional, podría aportar una mayor reflexión sobre los resultados y las consecuencias del pleno funcionamiento de los gobiernos regionales, a partir de sus respectivas experiencias.
