Opinión
En el contexto chileno, donde la reducción de desigualdades multidimensionales se erige como un imperativo para avanzar hacia el desarrollo sostenible, la transparencia se revela como un pilar esencial y reflejado en el alto nivel de preocupación ciudadana.
Chile enfrenta una paradoja con relación a los ámbitos de transparencia y lucha anticorrupción. Por un lado, ha mantenido una posición favorable en comparación con otros países de América Latina y del mundo en clasificaciones internacionales. Por otro lado, la percepción interna es de un creciente desafío en los temas de corrupción y un aumento de la desconfianza a las instituciones.
En la búsqueda constante por fortalecer las bases de una sociedad justa y equitativa, la priorización de la integridad pública y la erradicación de la corrupción emergen como elementos cruciales. En el contexto chileno, donde la reducción de desigualdades multidimensionales se erige como un imperativo para avanzar hacia el desarrollo sostenible, la transparencia se revela como un pilar esencial y reflejado en el alto nivel de preocupación ciudadana. Por lo tanto, abordar el abuso de poder y la pérdida de recursos públicos no solo constituye un deber moral, sino también una estrategia fundamental para consolidar un entorno que fomente la confianza y la participación ciudadana.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible destacan la importancia de instituciones sólidas, especialmente en el objetivo 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Diversas metas para 2030 vinculadas a la integridad, la transparencia y el combate de la corrupción revelan que es necesario contar con instituciones eficaces y que rindan cuentas para dar respuesta a las necesidades de las personas.
Frente al fenómeno de la corrupción, es frecuente que se reaccione a la coyuntura aumentando la fiscalización y endureciendo sanciones. Si bien esto es importante, la tendencia internacional, reflejada en instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE, muestra que es fundamental que dichas medidas sean parte de un enfoque integral, proactivo y preventivo, dirigido a fortalecer en su totalidad la integridad pública.
La prevención de la corrupción no debe impedir la destinación de recursos necesarios para implementar políticas, planes y programas sociales, sino que más bien facilitar dicha implementación, aprovechando las medidas destinadas a la transparencia y rendición de cuentas para su mejor eficiencia. La mejora de los controles sobre el uso de recursos públicos debe hacerse considerando su eficiencia, y esto implica no solamente evitar que se destinen al beneficio privado, sino que asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan a través de mejoras sustanciales en infraestructura, salud, resiliencia frente a desastres y diversas otras necesidades.
Por ello, como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, valoramos los avances recientes en materia de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción, como el perfeccionamiento de la ley de compras públicas y la nueva ley de protección a denunciantes. Estas últimas, a su vez, siguen las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial, que fuera conformada para fortalecer la integridad en los vínculos entre el Estado y las entidades sin fines de lucro, que además incluyen uniformar criterios y registros para organizaciones que reciban fondos del Estado, y someterlas a exigencias aplicables a las empresas.
En este contexto, y en línea con el enfoque integral, es altamente destacable el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública –por parte de la Segpres–, que se caracteriza por alcanzar a todos los poderes y órganos del Estado, más allá del Ejecutivo, y al sector privado; junto con ser creada con el propósito de trascender a la actual administración. Además, su proceso de elaboración contó con instancias de participación para funcionarios y funcionarias, especialistas y la sociedad civil.
Reducir los espacios para la corrupción puede repercutir de manera muy sustancial al mejor uso de recursos públicos y a la gobernanza efectiva. La Estrategia Nacional de Integridad Pública, en la amplitud de sus 210 medidas, en complemento con un mecanismo de seguimiento en base a indicadores tiene el potencial de aportar en abordar las desigualdades del país y la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La clave para construir sociedades justas y eficientes radica en un enfoque integral: soluciones rápidas y duraderas respaldadas por instituciones fuertes, transparentes y que cuenten con participación ciudadana. Este enfoque no solo promueve la resiliencia, sino que también impulsa el bienestar y contribuye al desarrollo sostenible a largo plazo.
