Opinión
Es imprescindible que el CEN esté a la altura de estas exigencias, adaptándose y contribuyendo de manera activa a la implementación de políticas que nos encaminen hacia un futuro energético más limpio y sostenible en lugar de seguir resistiéndose al cambio.
En una reciente presentación del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ante la Comisión de Energía del Senado, referente al Proyecto de Ley de Transición Energética impulsado por el Gobierno, el organismo técnico planteó su rechazo a uno de los elementos clave del proyecto, cual es la incorporación dentro de los principios de operación del sistema el “propender a una operación del sistema eléctrico bajo en emisiones de gases de efecto invernadero”. Resulta incomprensible que el CEN se haya posicionado en contra de esta propuesta, que vendría a complementar los ya existentes principios de seguridad y eficiencia económica.
Sus argumentos, centrados en una presunta falta de recursos y facultades para alinearse con este nuevo principio, así como la necesidad de adherirse a la normativa vigente, demandan una revisión crítica. Es evidente que la propuesta legislativa está diseñada, justamente, para dotar al CEN de las herramientas necesarias que permitan ajustar sus criterios operativos y cumplir con este nuevo objetivo ambiental. Por lo mismo, la alegación de insuficiencia de recursos y facultades, en este contexto, parece ser más un indicio de resistencia al cambio y una falta de colaboración con las iniciativas del Ministerio de Energía, lo cual es inadmisible, considerando que ambos entes deben trabajar en sintonía y que el CEN tiene el rol técnico de aplicar la normativa, no de opinar o debatir sobre ella.
Es crucial señalar que el CEN no puede permitirse adoptar una actitud pasiva ante los retos medioambientales actuales.
De hecho, un claro ejemplo de la necesidad de esta reforma legal es la reticencia del CEN a participar activamente en el diseño, planificación e implementación de automatismos para una transmisión eficiente de energías limpias. Estas acciones son fundamentales para la descarbonización de nuestra matriz energética y el avance de las energías renovables y el Coordinador, sin embargo, ha evitado por todos los medios asumir un rol proactivo con toda clase de excusas normativas y prácticas. Todo esto demuestra, justamente, que sin que la ley le exija asumir su rol, seguirán amparándose en supuestas restricciones que se lo impiden. Así, este nuevo principio propuesto no solo se alinea con las responsabilidades del CEN sino que además le exige asumir un papel más dinámico y estratégico en el proceso de transición energética.
El proyecto de ley, al proponer la integración de un nuevo principio operativo para el CEN, permite así despejar toda duda normativa a efectos de ajustar los criterios de operación del sistema eléctrico nacional frente a la urgente crisis climática que enfrentamos. Es imprescindible que el CEN esté a la altura de estas exigencias, adaptándose y contribuyendo de manera activa a la implementación de políticas que nos encaminen hacia un futuro energético más limpio y sostenible en lugar de seguir resistiéndose al cambio, al punto de contradecir los dictados del ministerio de energía, organismo encargado justamente del diseño de las políticas públicas del sector.
