Zalaquett, Maisa Rojas, la virtud y la política

Aristóteles nos enseñó, hace más de dos mil años, que la virtud es la fuente de las mejores acciones y pasiones del alma, capaz de disponernos a realizar los mejores actos y a obrar bien y siempre mejor, de acuerdo con la recta razón que es elegida desde una disposición intelectual denominada prudencia, encargada de unir el conocimiento y la acción. En el mismo sentido, también nos enseñó que la política es la principal obra en la que se encuentran las doctrinas de los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades.

Dicho esto, la distancia entre este óptimo manifiesto intelectual que define la virtud y la política, con los fundamentos utilizados por el Gobierno para explicar las reuniones de ministras, ministros y congresistas con distintos actores del área empresarial, oficiadas por el lobbista registrado Pablo Zalaquett, en su propia casa, es inaceptable.

Argumentar que el marco de acción de la Ley 20.730 deja espacios vacíos en los cuales ministras y ministros no tienen por qué informar este tipo de encuentros podría –quizá– no ser ilegal, pero sí es una grave falta de virtud, de prudencia, y una acción que queda muy lejos de la recta razón, que posteriormente el mismo Gobierno reconoce, al “sugerir” que dichas reuniones fueran transparentadas bajo las obligaciones que impone la Ley del Lobby.

Se trata de reuniones que, si bien no fueron desmentidas, son ratificadas por los mismos personeros de Gobierno que hace solamente cuatro años condenaban con toda severidad este tipo de acciones. Algo que jamás habríamos conocido, se debe también puntualizar, si no se publica el artículo del Centro de Investigación Periodística (CiperChile) y, más recientemente, por Interferencia.

Por todo lo anterior, es que nos vemos obligados a ser categóricos en la denuncia de este actuar inadmisible, que representa una ofensa a las ciudadanas y los ciudadanos de este país, que ven cómo las autoridades se involucran en conversaciones trianguladas con diferentes empresarios, ligados –por ejemplo– a la industria salmonera, como en el caso de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sin informar, a espaldas de la gente y bajo total falta de transparencia.

Cabe recordar que la industria salmonera en cuestión acumula un importante prontuario ambiental, constatado por diversos estudios y denuncias, incurriendo de forma reiterada en faltas, delitos y graves daños ambientales en diversos territorios, en particular del sur austral.

Como ciudadanos comprometidos con la preservación de los ecosistemas, en particular en lo que respecta a la preservación de turberas, bosques de algas y otras especies que se encuentran en peligro debido a la intervención humana, nuestra mayor preocupación dice relación con que jamás habríamos imaginado que una profesional con su formación y conocimientos se alejaría tanto de la ciencia y caería en los juegos de la industria salmonera, siendo parte de conversaciones y acuerdos público-privados en casa de un lobbista, con insospechadas consecuencias. Es una disposición que contrasta, si de diálogo se trata, con su negativa a recibir a representantes de pueblos originarios afectados por la salmonicultura, como fue el caso de representantes del Pueblo Kawésqar, quienes llevan una vida entera luchando por preservar la naturaleza en sus territorios.

Más aún, ahora nos enteramos de que la máxima autoridad ambiental de Chile asiste, no a una, sino a tres reuniones en casa del mencionado lobbista, dejando ver que se doblega ante el poder de una de las industrias más grandes del país y actúa al filo de la ley, sacrificando el poco capital político que le queda.

Resulta disonante que los que prometieron hacer una política diferente hoy en día asuman las mismas prácticas de una cultura elitista y de una clase política que ha estado siempre disociada de los estratos sociales más alejados de las altas esferas políticas, para quienes los temas públicos se deciden en la casa de un lobbista, en un asado de día domingo o a la salida de una misa.

Es más grave, todavía, si se considera que estando en vigencia el Acuerdo de Escazú en Chile, tratado internacional que fortalece los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en asuntos ambientales, se generen instancias espurias que no consideran a los grupos sociales que se ven directamente afectados con las decisiones de estas esferas y de las empresariales reunidas de forma secreta.

En definitiva, es muy claro que la ministra Rojas sepultó todas las confianzas ciudadanas y, si algún esbozo de virtud le queda, debe transparentar las reuniones sostenidas cuanto antes y dejar nulo cualquier acuerdo establecido con las salmoneras, así como hacerse presente lo antes posible en la Región de Magallanes, como en el resto de las regiones y comunidades de la zona sur que se ven afectadas por la intervención de esta industria, e iniciar mesas de trabajo con todas las partes involucradas, con total transparencia y amplia participación.

Esperamos que, ahora sí y en adelante, la ministra obre con prudencia y recta razón. De lo contrario, debería poner su cargo a disposición.