Opinión
Las palabras de buena crianza y sobria cortesía que envolvieron el funeral del ex Presidente Piñera no deberían desalentar la labor de juristas, las investigaciones y las iniciativas de la sociedad civil en orden a alcanzar un mínimo de verdad que dé respuesta a las víctimas del estallido social.
El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha demostrado con su excelente organización y gestión del funeral de Estado del ex Presidente Sebastián Piñera su altura de miras y el sentido republicano que inspira su labor. Nadie puede negar la dedicada y cuidadosa atención que brindó a esta impecable ceremonia que ha sido objeto del reconocimiento de la familia Piñera Morel.
Pero esta delicada tarea también ha incurrido en una falta de prudencia que es necesario advertir con total sinceridad. Recordemos que en diversas ocasiones el Presidente Boric ha señalado que no hay futuro sin memoria y sin verdad. Ese principio no apunta solamente a los efectos de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Con mucha más razón debe aplicarse a las violaciones a los derechos humanos acontecidas en democracia, y en particular a lo vivido durante el gobierno de Sebastián Piñera.
La celebración y cobertura de un funeral de Estado no es ocasión para poner esos hechos en el centro de la atención pública. Hay criterios de respeto humano y político que explican la moderación en las palabras y el énfasis en los puntos que destacan la trayectoria del mandatario fallecido. No es extraño que se construya un halo hagiográfico respecto a una persona que, falleciendo trágicamente, merece la consideración y resguardo de su aporte cívico, especialmente si ha ocupado dos veces la más alta magistratura del país por elección popular.
Pero estos criterios no pueden traspasar un límite infranqueable: el resguardo y protección de quienes han sido víctimas directas de un gobierno que vulneró sus derechos fundamentales de una manera cruel, masiva y en muchas ocasiones irreversible.
Esta frontera nunca se debería haber traspasado. Y en cierta forma las palabras del Presidente Boric cruzaron la línea que separa la cortesía republicana de cierta vacuidad que parece olvidar la gravedad de lo acontecido. Con Primo Levi parece necesario volver a repetir en voz alta: “Reflexionen y recuerden que todo esto sucedió”.
Por favor, reflexionemos y recordemos que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay no volvieron a abrir sus ojos y nunca volverán a hacerlo. Recordemos que cientos de jóvenes fueron mutilados de por vida, perdiendo facultades físicas y capacidades básicas para su desenvolvimiento motor, social, laboral y psicológico. Y un número nunca claramente establecido de personas perdió su vida en circunstancias más que sospechosas, por lo que sus familias merecen una investigación exhaustiva y diligente por parte de la justicia.
La verdad se padece, pero no perece, decía Teresa de Ávila. Esa hermosa frase refleja la realidad de quienes parecen estar abandonados al padecimiento de una negación explícita de lo que se afirmó con claridad en todos los informes internacionales de derechos humanos que se elaboraron en 2019 y 2020.
Estas familias padecen la irrelevancia de sus nombres, de sus historias, de sus rostros, para una sociedad que no parece considerarlos dignos de acceder a una acción reparadora ante el crimen que padecieron. Pero esa verdad que padecen no perecerá. Nunca habrá olvido de lo ocurrido.
Las palabras de buena crianza y sobria cortesía que envolvieron el funeral del ex Presidente Piñera no deberían desalentar la labor de juristas, la investigación historiográfica, periodística, criminológica, y las iniciativas de la sociedad civil en orden a alcanzar un mínimo de verdad para que el futuro se construya sobre una memoria que dé respuesta a las víctimas y no sólo a quienes ejercieron el poder.
Nos corresponde el deber de memoria, que no espera compasión, sino la simple y pura justicia que ha quedado pendiente.
