Opinión
En nuestro país no todos los hospitales públicos cuentan con el personal médico necesario para dar lugar a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales contempladas por la ley.
En Chile la Ley de Aborto en tres causales permite que el personal médico destinado a interrumpir el embarazo se autodescarte de dicha práctica alegando la denominada “objeción de conciencia”. El problema se produce porque la ley no señala cuáles son los requisitos necesarios para invocarla, admitiendo su uso y abuso, pudiendo reclamarse en cualquier caso, sin una razón válida y profunda, lo que perjudica directamente a las mujeres adultas y adolescentes, quienes ven impedido el correcto acceso a las prestaciones reconocidas y aseguradas por ley.
Uno de los elementos que no debemos perder de vista en relación con la objeción de conciencia es que no todo aquel que la reclama tiene la genuina calidad de objetor, ya que se trata de una creación que debe ser utilizada para casos de excepción puntuales y específicos originados en una convicción de fondo que justifique no aplicar la ley. En caso contrario, de aceptar su uso generalizado, la objeción de conciencia se transformaría en un instrumento facilitador para evadir la ley.
En nuestro país no todos los hospitales públicos cuentan con el personal médico necesario para dar lugar a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales contempladas por la ley, ya que en muchos de ellos la mayoría o todos sus funcionarios se han autodeclarado objetores de conciencia sin una razón de fondo. Ello ocurre de este modo porque lo único necesario para ser objetor de conciencia en Chile y quedar liberado de la obligación de interrumpir el embarazo, es llenar un simple formulario con datos personales, sin que exista ni se exija una convicción justificada y acreditada, como debería ocurrir en estos casos.
Esto es preocupante, porque la propia ley permite que, en la práctica, argumentos tales como el “bajo atractivo profesional y prestigio o la excesiva carga laboral”, el hecho de que “no genera un ingreso extra en el sueldo” para el equipo médico o el simple deseo de no querer cumplir la ley, basten para declararse objetor de conciencia. Lo grave es que, al tener la objeción de conciencia una aplicación indiscriminada, se degenera su sentido y se transforma en una verdadera objeción sin conciencia, carente de fondo, dando lugar con ello a que cientos de mujeres queden sin acceso a las prestaciones contenidas en la ley, discriminándolas, en contraposición con otras a quienes –como corresponde– no se les niega dicha atención de salud establecida por ley.
Ante este escenario, urge dirigir todos los esfuerzos que sean posibles para ir en busca de un cambio legislativo que ponga fin a la objeción sin conciencia a través del establecimiento de requisitos claros y precisos destinados a su adecuado uso, permitiéndola solo en aquellos casos en que se encuentra justificada y acreditada la convicción del reclamante, debiendo, además, adoptarse otras medidas tales como destinar recursos suficientes en capacitaciones al personal de salud en estas materias.
Finalmente, a seis años de la entrada en vigencia en Chile de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, creemos que no basta con tener una ley de estas características si como sociedad no proveemos las condiciones mínimas indispensables para lograr su cumplimiento real, que resuelva efectivamente el problema que se quería solucionar con su dictación, alejado de toda discriminación, y que impida –además– la expansión de este anómalo criterio de aplicación generalizada de la objeción de conciencia a otros casos de objeciones en ámbitos distintos a la salud.
