Opinión
Los dos primeros años de gobierno en materia de política indígena dan cuenta de que este adolece de un verdadero plan: había buenas intenciones, solo eso.
Quizás uno de los temas más desafiantes para todos los que asumen la presidencia es afrontar el conflicto que se vive en la macrozona sur. Para transformar los problemas no hay recetas mágicas, es una tarea compleja que requiere de tiempo, visión y sobre todo convicción. Se debe tener la capacidad de mediar entre los actores involucrados, pues nunca estarán todos satisfechos.
Todo balance sobre los dos primeros años de gobierno en esta materia debe partir por reconocer esa dificultad: no es tarea fácil para nadie. De hecho, quien decide adentrarse en este tema, asume costos políticos importantes. Más simple es decir que todo se soluciona con balas y creer que es un problema exclusivo de seguridad. No obstante, de optar por abordar el conflicto, tiene que ir acompañado con un plan serio y responsable, debido a que detrás de un “nos haremos cargo”, surgen expectativas de diferentes actores: pueblo mapuche, víctimas de la violencia, ciudadanos y autoridades regionales, entre muchos otros más.
Cuando al gobierno le tocó asumir mostró de inmediato sus intenciones para querer hacerse cargo del conflicto. Esto nos conduce a la pregunta central ¿Realmente tenían un plan? Más allá de las buenas intenciones.
Por lo pronto, la primera forma del gobierno para aproximarse a la macrozona sur fue a través de un aumento de inversión regional con el “Plan buen vivir”, que en realidad es un símil del plan Impulso Araucanía, que venía del gobierno anterior. Es decir, no marca una diferencia de sus antecesores. De hecho, existen dudas de cómo se utilizan esos recursos, ya que hubo también un aumento considerable en la contratación de operadores políticos y no hay rendición de cuentas.
La segunda fue la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, hito importante con legitimidad política, más no territorial -adoleció incluso de consulta indígena-. Aunque todavía no resuelve sus propuestas, la comisión carga con la variable más complicada para quién hace política: el tiempo. Si bien todavía es temprano para analizar su resultado, no constituye una innovación. La mayoría de los gobiernos realizaron sus propias comisiones. ¿Por qué el escenario debería ser diferente? Más aún, si se considera que, por responsabilidad del gobierno, fue la comisión que más tardó en instalarse.
La tercera forma ¿los Estados de Excepción? Es innegable que han disminuido los actos de violencia. No obstante, cabe preguntarse ¿Este era parte de su plan? ¿Hacer de la excepción la regla general? De hecho, el presidente Boric se ha convertido en la figura que más ha usado esta facultad constitucional desde el retorno a la democracia.
Los dos primeros años de gobierno en materia de política indígena dan cuenta de que este adolece de un verdadero plan: había buenas intenciones, solo eso.
En gobiernos pasados se hicieron mayores esfuerzos por generar acciones concretas. Basta con recordar las señales del ex ministro Moreno, por ejemplo, con el REWE de Celestino Córdova arreglado entre líderes mapuches y la familia Luchsinger. Por hoy, los diferentes liderazgos territoriales estiman que no ha habido peor trato en décadas. Frente a ello, otros líderes del pueblo mapuche con posiciones más radicales, acumulan rabia y odio que pueden capitalizar con más seguidores para su causa.
Lo único que puede hacer el gobierno en los años venideros, es administrar mediocremente el conflicto y respaldar la Comisión Presidencial para que logren a tiempo presentar algunas medidas para el próximo gobierno.
