Opinión
Ninguna ley, iniciativa estatal o privada, por sí sola, podrá contrarrestar las dramáticas cifras de violencia en sus diversas manifestaciones contra las mujeres y las niñas, si no partimos por modificar nuestra manera de pensar sobre cómo nos relacionamos desde nuestras diferencias.
A principios de abril, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento que algunos parlamentarios realizaron para impugnar el artículo 12 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, haciendo realidad su pronta promulgación.
En efecto, avanzar en una convivencia social bajo el marco de una educación no sexista, contribuirá a un cambio cultural en que dejen de normalizarse la discriminación, el trato denigrante y el maltrato físico, psicológico y sexual que viven cotidianamente miles de mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país.
Tal como señaló el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile, en marzo de este año, “se vuelve urgente que el Estado continúe con sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y niños (…), incrementando campañas de educación y sensibilización que fortalezcan la premisa de que la violencia contra las mujeres (y niñas) es inaceptable, incluir la temática de la violencia de género en el currículo escolar e incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población, y la capacitación del sector público”.
Ninguna ley, iniciativa estatal o privada, por sí sola, podrá contrarrestar las dramáticas cifras de violencia en sus diversas manifestaciones contra las mujeres y las niñas, si no partimos por modificar nuestra manera de pensar sobre cómo nos relacionamos desde nuestras diferencias y diversidades, sin determinarnos por estereotipos de género.
Ni más ni menos que ver a mujeres y niñas como sujetos de derechos.
