Opinión
Este lamentable hecho abre las puertas para recuperar las propuestas democratizadoras del sector, tomando decisiones y proponiendo cambios legales, incluyendo modificaciones a la Ley 20.424, de modo de resolver temas operativos, valóricos y conceptuales pendientes.
La muerte en campaña del conscripto Franco Vargas, de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”, de Putre, donde unos 30 conscriptos presentaron también problemas respiratorios y otros digestivos, además de otras anomalías durante una instrucción militar, no solo nos recuerda los trágicos hechos de Antuco, donde murieron 44 soldados conscriptos y un suboficial, o el asesinato (en 1996) del conscripto Pedro Soto Tapia, en el Regimiento Yungay, de San Felipe (hecho catalogado como suicidio), sino que también abre una rendija en el manto que cubre el sector Defensa-Fuerzas Armadas, un sector que desde la dictadura no solo ha experimentado cambios cosméticos en términos de formación conceptual/valórica, sino cuya modernización ha sido fundamentalmente formal-operativa, más allá de algunos cursos de DD.HH. y de género implementados.
En general, el tema de la muerte del conscripto ha sido recogido desde los problemas del servicio militar y el maltrato, la mentira e incluso la extorsión, pero no respecto de los sentidos y estándares de la formación, y menos del control civil de la Defensa y de la autonomía de las FF.AA.
Álvaro Ramis, por ejemplo, aporta en el tema diciendo que “se debe reconocer que el servicio militar es una institución discriminatoria, ya que enrola entre los jóvenes más pobres. Hay un sesgo en el sistema de reclutamiento que hace de los conscriptos personas vulnerables y con menor protección ante abusos y excesos”, agregando que “una nueva modernización del servicio militar debería abordar este tipo de problemas y permitir actualizar el sistema a nuevos requerimientos en materia de defensa y seguridad”.
Gabriel Gaspar, con una mirada más operativa, por otra parte, lamentando la muerte del soldado Vargas, dice que “esto debiera servirnos para una reflexión sobre la actualidad y los desafíos del servicio militar, como parte integrante de la Política de Defensa Nacional. La reforma del 2004/2005, que en lo fundamental promovió la voluntariedad sobre la obligatoriedad, evidencia fuertes limitaciones”, como los sueldos y la necesidad de mayor seguridad interna.
Pero este tema va más allá del adecuado cumplimiento del mando y/o de los protocolos. Este es un tema de formación y que se arrastra con avances lentos desde la transición. La Defensa de Chile (particularmente en lo referente a las FF.AA.) ha tenido en las últimas décadas varias transformaciones formales-operativas.
En el caso del Ejército, desde el Plan Alcázar de Pinochet de 1992, esta modernización se dirigió a comprimir, resituar, potenciar, transformar y reducir las divisiones, cuerpos armados, brigadas y unidades, de tal manera de pasar de un concepto “territorial” y extendido de la fuerza, a uno más dúctil (polivalente), operativo, pequeño, de fácil desplazamiento, que es más apropiado al tipo de conflicto y guerra que se desarrolla en la actualidad (aunque la guerra de Ucrania pone un signo de interrogación y complejidad), donde, entre otras cosas, se usa una alta tecnología, aparatos y armamento sofisticado a distancia, con operaciones informatizadas y pequeños grupos de militares que actúan como comandos multifacéticos para responder a las amenazas externas, así como para responder a la Responsabilidad Social de la Defensa.
Precisamente, la educación y profesionalización castrense durante los primeros años de la redemocratización se enmarcó dentro de estos márgenes de la modernización, es decir, ante el diagnóstico de la necesidad de cambio a partir de los nuevos contextos nacional e internacional, que aparecieron en ese momento, surgió la emergencia de una transformación de la carrera militar. Bajo esta perspectiva y sin ser contraria, sin embargo, no se genera una reforma en conjunto a la política de Defensa y de la formación. Más bien, se trató de una definición de roles, de acuerdo con las visiones de cada institución, donde el Estado procura aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos y los militares buscan renovarse y participar de las dinámicas del nuevo desarrollo nacional y de los cambios en el escenario internacional.
Como lo han expresado Augusto Varas y Claudio Fuentes, las Fuerzas Armadas han gozado tradicionalmente de un alto grado de autonomía. Por ejemplo, no solo han tenido gran éxito en mantener sus prerrogativas constitucionales sino también, al contar con el apoyo de una parte importante de la elite política, particularmente de derecha, en conservar su autonomía del poder civil en varios temas que les permiten generar doctrina y lineamientos institucionales sin la concurrencia del Ejecutivo. A pesar del esfuerzo de algunas autoridades, ni siquiera entidades educacionales directamente dependientes del Ministerio de Defensa, donde participan las distintas ramas, han podido adquirir una fisonomía más plural, universal y compleja.
Cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, propuso la creación de una Unidad de Educación Militar en las escuelas de las FF.AA. para revisar y modernizar las mallas curriculares de las escuelas matrices, haciendo gala de esta tradición militarista-autoritaria se le fue encima toda esa derecha iliberal secuestrada por el extremismo republicano e, incluso, la propia Contraloría.
Esta última falló que dentro de las potestades reglamentarias de ejecución que tiene el Presidente en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF) del Ministerio de Defensa Nacional, donde se establecen las estructuras y organización interna del Ministerio y Subsecretarías (Ley 20.424), no se contemplaba la creación de una Unidad de Educación Militar en la División de Asuntos Institucionales, así como tampoco se hizo entrega a la Subsecretaría para las FF.AA. de la potestad en las labores en materia de educación de las ramas castrenses.
Se suponía que la Ley Nº 20.424, cuyas ideas fuerza eran la de “fortalecer la autoridad presidencial y la autoridad ministerial en la gestión de los procesos de gobierno” en esta área, daría más control civil subjetivo y objetivo a la autoridad civil, además de actualizar la normativa orgánica y fijar una estructura que fuese capaz de llevar a cabo el ciclo completo de políticas públicas del sector. Pero como se ha constatado en diversas áreas de la Defensa, es claro que esta ley no consideró la Constitución vigente, que otorga una cierta autonomía y roles ampliados a las Fuerzas Armadas.
Si se añaden a esto problemas como los DD.HH. (la Corte Suprema acaba de emitir un histórico fallo en contra del Ejército y ordena indemnizar a un joven conscripto que sufrió maltratos y humillaciones en el Destacamento N° 11, Caupolicán, de Magallanes), la corrupción y la falta de un marco global que dé sentido sistémico a la política de Defensa, todo ello ha significado que la modernización sectorial, como esta ley, no cumpla plenamente con el objetivo originario previsto.
El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, señaló ante este hecho que tuvo “duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción del cumpliendo o los protocolos de régimen internos y sanitarios” y que “hubo falta de diligencias y omisiones para pesquisar adecuadamente, y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona”.
Ante ello, relevó del mando al comandante de la Brigada “Huamachuco” y al comandante en Jefe de la Sexta División del Ejército, y agregó que propondrá “su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al Presidente de la República”. Terminó su alocución con alturas diciendo que “la evaluación de mi desempeño y de mi cargo está, por supuesto, como siempre, en el Presidente de la República”.
Este tema, como se ve, no se agota con el perfeccionamiento del servicio militar o en estrategias militares que contemplan la conscripción como necesaria o en la querella ingresada por el INDH o en la baja de ciertos oficiales o el alejamiento de 114 conscriptos. La gobernabilidad democrática de la Defensa exige, primero que nada, voluntad política para actuar en el sector y las modificaciones constitucionales y legales que permitan la eficaz conducción civil de esta, de su definición, planificación y organización y, particularmente, de las Fuerzas Armadas como elemento esencial de la misma, cuestión que la modernización de estas, la Ley N° 20.424 o las nuevas formas de financiamiento de las capacidades estratégicas no han podido resolver del todo, a pesar de sus avances.
El daño reputacional para el Ejército (y de paso para el resto de las instituciones) es demoledor, pero también lo es para las autoridades civiles y políticas que se han dedicado a administrar la gran burocracia, sin poder asumir los cambios necesarios o tener en perspectiva los programas de gobierno, a pesar de la voluntad de algunos y algunas, en función del no conflicto, por pequeño que sea.
Este lamentable hecho abre las puertas para recuperar las propuestas democratizadoras del sector, tomando decisiones y proponiendo cambios legales, incluyendo modificaciones a la Ley 20.424, de modo de resolver temas operativos, valóricos y conceptuales pendientes. No olvidemos que la Defensa es un tema de todos, y que en democracia las FF.AA. son organizaciones públicas y subordinadas al poder civil. No lamentemos nuevos episodios trágicos.
