Opinión
Mucho se dijo –y con razones para ello– que esta ley no deja contento a nadie. Todos tuvieron que ceder, más allá de ideologías e intereses.
Luego de la arrolladora votación el 13 de mayo, en favor de la aprobación de la ley corta de isapres, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados, se abren desafíos y compromisos por cumplir.
Mucho se dijo –y con razones para ello– que esta ley no deja contento a nadie. Todos tuvieron que ceder, más allá de ideologías e intereses. Y un hecho reconocido a nivel mayoritario es que se pusieron al centro las necesidades de las personas, que es el deber del Estado y sus respectivos poderes.
El riesgo para la continuidad de prestaciones de salud de un importante número de personas en el subsistema de salud privado era muy alto si se profundizaba la situación de crisis de las isapres y se consiguió generar las condiciones legales para mitigar dicho riesgo, establecer plazos distintos para el cumplimiento de las devoluciones a las personas y condiciones para la operación de las isapres.
Sin embargo, lo que viene ahora parece ser lo más importante. Las isapres siguen siendo actores del sistema privado de salud en Chile y deberán mostrar su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad y del Gobierno. No se puede repetir la situación que finalmente llevó a la Corte Suprema a fallar, en noviembre de 2022, a favor de los(as) usuarios(as), obligando a calcular el valor de los costos de los planes de salud según la tabla de factores de 2019 y devolver, a las personas, los montos cobrados en exceso. El 13 de mayo, por la vía legislativa, se les otorgaron plazos mayores y otros “beneficios”, pero requerirán de la puesta en marcha de mecanismos de adaptación, optimización de sus estrategias y procesos de gestión, no solo para cumplir con el fallo presentando un plan de pago de los excedentes generados con ocasión de la aplicación de la sentencia, sino también para dar mayor satisfacción a los usuarios del subsistema privado de salud.
Otros aspectos de la recién aprobada ley permitirán la migración de personas hacia Fonasa, el que se fortalece a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), que le permite contratar seguros privados voluntarios para sus actuales y futuros beneficiarios, quienes podrían seguir atendiéndose con prestadores privados. Para esto, Fonasa debe transformarse en forma efectiva y rápida en una opción real para el 16% de los habitantes de nuestro país que aún no lo tienen en su radar.
Además, y no menos importante, se dota a la Superintendencia de Salud de nuevas facultades necesarias para la regulación del subsistema.
Entonces, se construyen nuevos escenarios que sin duda impactarán, en el mediano y largo plazo, la continuidad de las isapres tal como las conocemos hasta ahora. Más que un “salvataje” a estas aseguradoras, es un mayor espacio de tiempo para cumplir con el fallo y para que las personas puedan tomar decisiones con antelación y sin estar presionadas por una crisis, eligiendo al asegurador que mejor responda a sus necesidades de salud.
Durante los meses de tramitación de esta ley, el Ejecutivo y especialmente el Minsal se han visto abocados a su aprobación. Para que este gran esfuerzo cobre mayor sentido para las personas que habitamos en nuestro país, es esencial retomar el camino hacia una reforma de salud estructural que nos ponga nuevamente en la ruta hacia la construcción de un sistema de salud integral, resiliente, sostenible, universal y centrado en las personas, familias y comunidades, sin dejar a nadie atrás.
