Durante la ronda de negociaciones que el ministro del Interior sostuvo entre lunes y martes con la Concertación y la derecha obtuvo consenso en los temas y en el calendario, los que se darían a conocer mañana jueves en La Moneda en una actividad encabezada por el Presidente Ricardo Lagos.
Terminado el ciclo de consultas entre el gobierno y los partidos políticos, el próximo jueves se anunciarán oficialmente los temas que contemplará la Agenda Modernizadora del Estado y la modalidad de trabajo que adoptarán las colectividades para agilizar los trámites previos al envío de los proyectos al Congreso.
Pese a que por estos días el Presidente de la República se encuentra haciendo uso de algunos días de vacaciones en Caleu, se estima que participará en el protocolo de acuerdo para iniciar el trabajo conjunto de todos los equipos. Su presencia daría al tema un realce que podría poner un sello ritual de «salida política» a la crisis desatada por el Caso Coimas y Caso Gate
En medio de carreras y reuniones secretas, salvo la que se efectuó ayer con Renovación Nacional, el ministro del Interior José Miguel Insulza logró hacer un recorrido por todos los partidos políticos, oficialistas y de oposición, a fin de obtener un rápido acuerdo en torno a qué temas contendrá la Agenda de Modernización del Estado y al calendario que los organizará.
Tan apurados están en palacio para darle el vamos a los proyectos, que el ministro se reunió con los presidentes de la Concertación, en la sede de la alianza, sólo minutos después de pisar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez procedente de Davos.
En La Moneda existe optimismo sobre el avance de la agenda, por cuanto habría coincidencia en la mayor parte de los temas y ninguna objeción de los partidos sobre temas particulares. En todo caso, también es cierto que aún no se ha profundizado lo suficiente para notar eventuales diferencias.
Financiamiento de la Política
Uno de los temas más importantes de la agenda será sin duda lo referente a los mecanismos para financiar la actividad política, buscando una mayor transparencia para esta imprescindible actividad cívica, por cuanto es prioritario para el gobierno -que espera que en este contexto finalmente se pueda aprobar un proyecto que ponga límite al gasto de las campañas políticas- y para la Concertación. En la derecha se convirtió en la bandera de lucha de Renovación Nacional.
Sin embargo, en La Moneda aún no están lo suficientemente seguros -a pesar de las carreras de Insulza entre el palacio y los partidos-de que vaya a existir una ley de financiamiento de la política. Pese a que existe un consenso general respecto de la necesidad de abordar tanto el financiamiento de los partidos como de las campañas, aún no se va a lo fino, como por ejemplo los límites al gasto electoral, lo que sí podría generar serios desacuerdos con los partidos de derecha.
Ante este escenario el gobierno no desea entrar todavía en aguas profundas, consciente que de hacerlo tal vez ni siquiera se comenzaría a discutir la agenda modernizadora, dentro de la cual se incluye el tema del financiamiento de los partidos.
RN v/s UDI
Tras su encuentro en Cauquenes, la UDI resolvió que su agenda contemplaría una serie de proyectos que se deberían aprobar antes del 21 de mayo y otros tantos que se abordarían entre esta fecha y el 31 de diciembre. Esto dentro del contexto en que todas las iniciativas que se acuerden como parte de la agenda modernizadora deberían iniciar su trámite legislativo y ser aprobadas durante el 2003. Entre los proyectos para antes del 21 de mayo se mencionó el de financiamiento de los partidos y en el siguiente paquete se incluiría el de financiamiento de las campañas.
Ante esta posición de sus aliados, Renovación Nacional acusa a la la UDI de tener las prioridades equivocadas, por cuanto los primeros consideran que para transparentar el tema es necesario abordarlo en conjunto, como uno solo. Sebastián Piñera tiene las cosas bien claras en cuanto a límite del gasto, de hecho ya planteó que su equipo ha estudiado proponer un umbral en relación con el número de electores de cada comuna, distrito o circunscripción y para ello plantean rangos que van de 300 mil electores hacia abajo, de 300 a 600 mil y sobre los 600 mil.
Así, Piñera explica que los gastos de las próximas elecciones deberían constituir un cuarto de las últimas. Por ejemplo, si en una de las circunscripciones de Santiago un partido invirtió una suma superior a los 3.000 millones de pesos, con el límite propuesto por RN no debería superar los 600 millones.
En cambio, la posición del gremialismo (UDI) es no entrar en "pequeñeces políticas" circunscribiendo la agenda modernizadora del Estado a la financiación de la política y -desconociendo lo anunciado tras el Consejo Directivo Ampliado de Termas de Cauquenes-, asegura que no tiene mayor relevancia el que el financiamiento de partidos y el de campañas se tramite junto o por separado.
Asimismo, el timonel de la UDI se niega a entrar de lleno a debatir el límite al gasto argumentando que en esta etapa de las conversaciones con el gobierno no procede discutir el contenido de los proyectos, sino sólo llegar a acuerdo en torno a los temas que deberá contener la agenda sobre Modernización del Estado.
Por lo que, adelantándose a lo que será la reunión del jueves, Longueira ha señalado que ese día la opinión pública conocerá sólo el acuerdo de los partidos políticos y el gobierno de legislar en una determinada cantidad de materias, pero los temas de fondo se abordarán sólo en la comisión prelegislativa, coincidiendo así con lo dicho por el ministro Insulza, con quien la UDI estuvo reunida por tres horas el lunes pasado.
Dejando de lado el cómo y cuándo se aborda el financiamiento de la política, RN ha planteado una diferencia más de fondo. Mientras la tienda de Sebastián Piñera considera necesario transparentar los aportes privados a las campañas, en la UDI se hace referencia a la financiación pública a los procesos electorales, evitando pronunciarse abiertamente al menos sobre la necesidad de clarificar los recursos privados que ingresan a los partidos en época de campañas.
No obstante que el tema del financiamiento de la política ha adquirido un rol preponderante en este debate global, RN no se ha quedado sólo en eso y además de su propuesta sobre dicha materia, le sumó una relativa a la modernización de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Por su parte, en la UDI han enfocado también sus posturas hacia la necesidad de nombrar con visión "pluralista" los directorios de las empresas públicas, en lo que Renovación Nacional coincide.
Escenario oficialista
Mientras que en la Alianza por Chile comienzan a surgir las posibles divergencias, en la Concertación estas no son tan evidentes, justamente porque se han remitido a plantear el enunciado de los temas, dejando para el debate de la comisión encargada -prelegislativa- el fondo y contenido de los mismos.
De hecho, se sabe que el documento en materia de probidad, transparencia y modernización del Estado que hizo llegar la Democracia Cristiana al Ejecutivo, contiene las prioridades de esta colectividad como son resolver el tema del financiamiento de las campañas políticas, el gasto electoral y la eventual intervención electoral del Estado, aludiendo a los activistas de partidos que -al menos nominalmente- trabajan en el aparato estatal.
En este sentido, el senador Edgardo Boeninger plantea que espera que estas preocupaciones sean abordadas en paralelo y recogidas en el proyecto que el Gobierno elabora. A su juicio este acuerdo político global subsanaría un problema que "por falta de coraje de la sociedad chilena se arrastra desde hace décadas".
En general, los partidos oficialistas coinciden también en la necesidad de modernizar la administración pública y han manifestado, aunque unos con más énfasis que otros, la necesidad de disminuir la planta de funcionarios de confianza del Presidente de la República y que la elección de éstos se haga a través de métodos de selección que aseguren la que cumplen con la idoneidad que los cargos requieren.
En este aspecto, derecha ha realizado similares planteamientos por lo cual la divergencia se puede producir en el número más adecuado, ya que en la UDI señalan que dichos cargos deben disminuir a, por lo menos, 500 de los 3.500 aproximadamente que existirían en la actualidad.
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