El fallo que confirmó la libertad provisional a los 28 procesados del caso MOP-Ciade consigna el primer asomo jurídico a una posible revocatoria en los procesamientos. La prevención de la ministra Lusic fue desechada por sus colegas de sala debido a que el escenario actual no permitía una actuación que ni siquiera había sido pedida por los abogados.
Un primer asomo jurídico de que los últimos procesamientos en el caso MOP-Ciade podrían ser revocados en la Corte de Apelaciones de Santiago se produjo ayer con la prevención que introdujo la ministra Dobra Lusic en el fallo que confirmó la libertad bajo fianza a los 28 procesados del viernes.
La ministra estuvo por entrar a conocer el fondo de lo resuelto por el juez Alejandro Rivera. Fuentes de tribunales aseguran que esto no sólo se refería a una posible re-tipificación del delito que afecta a los seremis, sino que involucraba también todo el análisis jurídico que hizo el magistrado para dictar las encargatorias de reo.
En la prevención, se incorpora que la ministra Lusic "estuvo por proceder de oficio a revisar el auto de procesamiento que afecta a los inculpados, por cuanto la privación de libertad de éstos deriva, precisa y directamente, de dicha resolución y, a su juicio, en la instancia existen antecedentes suficientes que permiten emitir una decisión sobre la materia".
La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue la que pronunció el fallo que dio la libertad provisional a los procesados rebajando la fianza impuesta por Rivera a 200 mil pesos (inicialmente era de 500), estuvo integrada, además de Lusic, por el ministro Jorge Dahm y el abogado integrante Miguel Ángel Cruchaga.
En tribunales trascendió que al menos el ministro Dahm analizó la posibilidad de entrar a conocer el fondo del auto de procesamiento del juez Rivera y no pronunciarse sólo respecto a las libertades. Una cosa habría detenido el examen: el que los abogados que litigaron ante estrado no solicitaran un pronunciamiento de la Corte en tal sentido, a través de una apelación.
En el ambiente de la defensa de los procesados, en tanto, se explica que este no es el mejor momento para solicitar a los ministros de la Corte una revisión jurídica de lo ya obrado por los jueces de primera instancia. Y este mal contexto está dado por el ir y venir de informaciones relativas a gestiones poco doctas por parte del Gobierno para influir en las decisiones judiciales.
El clima, sin duda, afecta a los jueces en sus decisiones y ello explica, en alguna forma, que la sexta sala -que probablemente no volverá a pronunciarse sobre el caso pues al quedar en manos de la ministra Gloria Ana Chevesich toda apelación deberá ser resuelta por la séptima sala- haya preferido obviar hacer un análisis a fondo de los procesamientos, aun cuando en casos de menor connotación pública las cortes hacen uso de esta facultad de revisar de oficio las resoluciones que estiman manifiestamente defectuosas.
La ministra Dobra Lusic es reconocida en tribunales como una magistrada con ascendiente sobre sus colegas. Con una importante trayectoria como juez del crimen, integró la Corte de Apelaciones de San Miguel por varios años, cargo en el que le correspondió investigar el homicidio del editor de la Revista Análisis, José Carrasco, muerto en septiembre de 1986. Sus conocimientos en materia criminal le han otorgado prestigio entre los demás ministros. Es reconocida como una juez «dura», pero mujer cercana al mundo de la Concertación.
A pesar de ser más joven, el ministro Jorge Dahm también es un magistrado constantemente escuchado por sus pares por su gran conocimiento jurídico y la visión crítica de los procesamientos -que ha quedado patente en las discusiones sostenidas con otros magistrados cada vez que le ha tocado analizar resoluciones relativas a las libertades provisionales- podrá pasar a ser un factor importante una vez reincorporado a la sala que integra (es titular de la séptima, donde está radicada la causa), y podrá jugar un rol determinante en los fallos futuros.
La séptima sala está habitualmente conformada por el ministro Dahm, el abogado integrante Miguel Ángel Cruchaga y el ministro Sergio Muñoz. De los tres, se dice, este último es lejano a la derecha pero crítico a la concertación y con un razonamiento jurídico distinto, y es el más duro respecto al caso.
Los ministros Dahm y Muñoz, junto al abogado Cruchaga, deberán pronunciarse en las próximas semanas sobre la primera apelación de los autos de procesamiento que llegó a la Corte: la resolución con que la ministra Chevesich debutó en el caso y por la cual procesó a 22 personas pertenecientes al MOP y las consultoras que abultaron los montos de sus trabajos para traspasar a GATE un saldo que permitió el pago de sobresueldos.
Es por esto que el escenario comienza a analizarse en los pasillos de tribunales. Todo, a la espera que el ambiente de cuestionamientos decante.
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