Los cambios provocados por la salida de varios altos funcionarios de la Universidad Diego Portales sacaron a la luz una serie de irregularidades que habrían cometido por tratar de abultar y exigir pagos que no les corresponden, según el rector. Si es por ‘sobresueldos’, los privados también lloran.
No sólo la bullada reestructuración de la Universidad Diego Portales (UDP)genera noticia por estos días: los juicios laborales que mantiene el plantel desde el 2002 por el no pago de bonos de productividad a altos administrativos hoy concentra la atención de autoridades y parte del alumnado.
El caso más emblemático es del empresario Pedro Lizana -quien fue por 12 años vicepresidente de asuntos económicos del plantel- que alega un despido injustificado de la universidad y una deuda del 50 por ciento del bono de las 6.429 Unidades de Fomento que la UDP se comprometió a cancelar en su AFP.
Los detalles del juicio entre Lizana y la casa de estudios los relató el propio rector, Manuel Montt Balmaceda, en su respuesta ante el requerimiento legal -según consta en causa número 4175 radicada en el Octavo Juzgado del Trabajo de Santiago- en la que afirma que Lizana no era funcionario contratado de la universidad.
El documento legal también afirma que Lizana habría influido, dada su mayor jerarquía, ante el vicerrector de asuntos económicos, Nelson Bravo, para que le hiciera un contrato de trabajo que le permitiera recibir pagos destinados sólo a personal dependiente.
En su declaración, el rector remarcó que el vicerrector de asuntos económicos (quien tiene un juicio con el plantel por el mismo débito) le habría hecho rubricar el documento "en convencimiento que, habiéndome sido presentado por personas a los que tenía confianza, era procedente cursarlo".
"Lo irregular está en que la intención perseguida con dicha carta era legitimar un ‘depósito convenido’ en la cuenta de capitalización individual de la AFP de Pedro Lizana por una exorbitante suma de 6.429 UF", dijo Montt, mientras el contrato de trabajo fijaba como sueldo base una suma "ridícula" de 105.500 pesos elaborado en una fecha posterior a la que se indicaba. Según el directivo, lo anterior pretendió sólo legalizar la intención de un aumento de los beneficios.
De acuerdo a la declaración del jefe académico, a Lizama no le corresponde el pago requerido, pues era funcionario a honorarios que recibía más de tres millones de pesos por su cargo directivo, además de una participación en excedentes en base a resultados anuales de la universidad.
Confianza perdida
En la declaración judicial de Montt, sus cuestionamientos apuntan a que las personas que han presentado juicios laborales "lamentablemente, contaban con la confianza del infrascrito, en virtud de que delegué en estos funciones y atribuciones que -entre otras cosas- implicaba el conocimiento de información confidencial y la gestión de decisiones que terminaron – mediante resquicio, y por la vía de sorprender mi buena fe- en la formalización de acuerdos remuneracionales e indemnizatorios que les permitieron al momento de su despido pagarse millonarias sumas de dinero".
El directivo declaró que a pesar de las "gruesas" sumas obtenidas por los finiquitos de su relación laboral "muchos de ellos han comparecido ante estrados pretendiendo acrecentar lo obtenido mediante el ardid de desconocer el espíritu de ciertos acuerdos".
El rector declaró contra Lizana que "los integrantes de la antigua administración universitaria (hoy todos despedidos) habían creado un sistema de ingresos que les permitía obtener sumas de dinero, directamente por sueldo, por participación de porcentajes de excedentes sobre utilidades que eran depositadas en sus cuentas de capitalización individual en la AFP e, indirectamente, por honorarios de empresas de asesorías en las que participaban".
"En su calidad de vicepresidente de asuntos económicos, el señor Lizana no tuvo ningún reparo respecto a ingresos que dicho sistema permitía a los miembros de la anterior administración" y agregó que "se mejoraba el plan de pagos a favor de esas personas mediante el incremento de anuales", mejoramiento que iba en directo beneficio de la plana administrativa y no de la universidad, añadió.
Se defiende Lizana
El ex presidente de la Sofofa, en tanto, recibió la primera parte de la remuneración según el acuerdo con la universidad. En su alegato dijo que "sería procedente que (el rector) desconociera también su firma en los otros documentos que dan cuenta del pago de los depósitos convenidos en las cuentas individuales del propio rector y otros ejecutivos como Nelson Bravo, Jaime Torrealba o Sergio Recabarren", dichos que reiteró ante las consultas de este medio.
Lizama dijo que la ilegalidad que comete la universidad también radica en que "se reconoció el primer pago de las 3 mil Unidades de Fomento, por lo que la propia universidad reconoce que me corresponden los montos, lo que fue ratificado por el propio rector con su firma". En torno al supuesto acuerdo con Bravo para la firma del documento señaló: "eso no es efectivo".
En tanto, el abogado defensor del empresario aseguró que ante las acusaciones de colusión entre él y ex funcionarios hecha por Montt, se reserva el derecho de interponer una querella por injurias y calumnias.
Más cuestionamientos
Otro funcionario despedido de la UDP fue el vicerrector académico, Jaime Torrealba, quien también reclama ante la justicia este bono de productividad dado por la casa de estudios. Éste último se desempeñó en su cargo hasta el 2002 y pese a que fue contratado, según la universidad, no estuvo a la altura del nivel de productividad esperado por el plantel.
Ante ello, Torrealba declaró en el tribunal que "hasta el año 2001 todo el mundo recibió su pago siempre, nunca se le negó a nadie. Incluso a la gente que se despedía se le pagó y hay testimonio de eso", denunció.
"Hay un política vigente que establecía el monto de los pagos que correspondía a un sueldo garantizado al año y hasta tres sueldos adicionales que se repartían sobre la base del 20 por ciento de los excedentes que tuviera el balance auditado externamente", expresó.
En la universidad en tanto, aseguran que estos hechos son aislados y que no son prácticas habituales de la entidad. El vicerrector comunicaciones, Sergio Recabarren, aseguró que "hay preocupación y la respuesta que les dimos es que los procesos deben seguir su curso en los tribunales".
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