La probable decisión del CDE -que daría una salidas a los casos que ahogan a la Concertación- está basada en la convicción jurídica de que el proceso instruido por Alejandro Rivera no tuvo una "buena tramitación" y que, al menos, en la dictación de los autos de procesamiento contra los seremis, el juez "se apuró mucho", según un miembros del CDE.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobaría hoy -en su tradicional sesión de los martes- la estrategia jurídica del "caso a caso" para encarar el proceso MOP-Ciade que sustancia el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera. Este sería uno de los primeros "rebotes" de la resolución adoptada la semana pasada por la Segunda Sala en lo Penal de la Corte Suprema que revocó el auto de procesamiento del ex seremi de Magallanes, Manuel Castañeda, quien recibió un sobresueldo por un trabajo efectivamente realizado, por lo que el máximo tribunal desestimó que el pago tuviera una connotación delictual.
La eventual decisión del CDE, que podría dar una salidas a los casos que ahogan a la Concertación, está basada en la convicción jurídica de que el proceso instruido por Alejandro Rivera no tuvo una "buena tramitación" y que, al menos, en la dictación de los autos de procesamiento contra los seremis, el juez "se apuró mucho", según dijo a El Mostrador.cl uno de los miembros del CDE que estará hoy en la crucial reunión.
Todo comenzó cuando la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, pidió que un abogado de la entidad "relatara" todo el contenido procesal del expediente que era llevado por los abogados Víctor Hugo Rojas y Claudio Arellano, quienes estuvieron también en el encuentro. "No se trató en ningún caso de un cuestionamiento a estos abogados sobre cuyo trabajo existe la mejor opinión, sino de conocer lo que, de acuerdo al criterio que se había adoptado, estábamos apoyando en las apelaciones y al ser parte en el proceso", agregó la fuente consultada.
Las expresiones de algunos consejeros, como también las sorpresas respecto a cómo el CDE había apoyado tesis jurídicas calificadas de erróneas ganó fuerza, incluso, entre los miembros más «conservadores» del Consejo que estaban en la reunión.
A medida que avanzaba el contenido de la exposición y se abordaron el trabajo que realizaron los seremis -por el cual recibieron un "sobresueldo" que fue tributado y declarado a través de boletas que están incluidas en la contabilidad general del organismo vinculado a la Universidad de Chile-, "hubo claridad en que el CDE no podía amparar resoluciones sin fundamento", dijo un consejero a este diario. Es decir, se dieron cuenta de que, en este caso puntual, no habría delito.
Paralelamente, estaba el amparo presentado ante la Segunda Sala de la Corte Suprema. Si bien el abogado Luis Ortiz Quiroga entró en el fondo del asunto y argumentó que este pago de sobresueldos no era un delito, el CDE, a través de María Teresa Muñoz, no sólo no entró en el fondo, sino que apeló un tema formal. Ese fue el primer cambio en la actitud del CDE.
De allí que la lógica que usaría ahora el organismo será buscar compatibilizar el apoyo que dará a las investigaciones de «verdaderos delitos» y no lo que son, "o parecen", solo irregularidades administrativas.
De la determinación o definición de las fórmulas que contendrán los alegatos de los abogados del CDE, bien podría estar en juego no sólo el futuro de la causa que lleva el juez Rivera, sino también de lo que sustancia la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso Gate.
Sobre este punto aún no existe un acuerdo entre los consejeros del organismo respecto a si existieron delitos en el "abultamiento" de contratos para pagar sueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Más bien se espera, dijo la fuente, que haya una larga discusión, que en todo caso, estará cruzada por la decisión de la Suprema.
