El esperado texto del partido de Longueira sostiene que si un juez no halla el cuerpo del desparecido en un determinado plazo puede determinar que "ha arribado a la convicción de que la persona desaparecida ha fallecido".
Tal como estaba previsto, esta mañana la UDI hizo llegar a La Moneda su propuesta de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
Fue el propio Pablo Longueira quien llegó hasta la casa del ministro del Interior, José Miguel Insulza para entregar el documento titulado «La Paz Ahora».
El texto de 22 páginas considera una serie de reparaciones «económicas y morales» para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Este mediodía, el tiomonel de la UDI Pablo Longueira, junto a los senadores de la colectividad Hernán Larraín, Jaime Orpis, Jovino Novoa y Herman Chadwick, dieron a conocer la propuesta.
Básicamente la propuesta está fundamentada en 5 puntos: mejorar la ley de reparaciones, crear una nueva opción para las indemnizaciones, agilizar los procesos, tomar medidas procesales complementarias, buscar reparaciones morales, y además un indulto generalizado para los condenados por terrorismo después de 1990.
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En materia de indultos, destaca el llamado que hiciera el timonel de la UDI al Presidente de la República "para que a través de los medios diplomáticos correspondientes promueva la extradición de Mauricio Hernández Norambuena (uno de los autores del asesinato de Jaime Guzmán) y de otros en igual situación, y así, un vez en Chile, "puedan beneficiarse del indulto general".
Añadió que con esta actitud "queremos testimoniar la realidad real y sincera de la familia de Jaime Guzmán y de la UDI en lograr un reencuentro entre todos los chilenos. En prenda de nuestra vocación por la paz, manifestamos nuestra voluntad de concurrir en estos indultos, lo que tiene para nosotros una especialísima significación por el sufrimiento que representa en la UDI la muerte de Jaime Guzmán".
Longueira planteó también que los "asesinos" son víctimas de aquellos que sembraron el odio, como fruto de una etapa en que nuestro país se vio envuelto", aludiendo a los presos políticos involucrados en actos de terrorismo.
Ante la declaraciones del presidente Lagos, que habría señalado que el gobierno no aceptara propuestas que consideren rebajas de penas, Longueira señaló que "esperamos que el Presidente reconsidere el planteamiento que hemos hecho" e insistió en que las familias que se acercaron a la UDI para pedir su ayuda le han planteado a la colectividad que no creen que sus detenidos desaparecidos estén secuestrados.
Respecto a las reparaciones, el documento plantea: «Aprobar a la mayor brevedad una nueva ley de reparaciones, que mejore las condiciones de la hoy vigente, tanto en los montos de las pensiones como en los beneficios de salud y educación, y ampliada a aquellos casos en los que, no habiendo hoy ascendientes ni descendientes vivos, puedan tales reparaciones otorgarse a los hermanos de las víctimas. Podrán acogerse a esta ley los familiares de todas las víctimas consignadas en el Informe Rettig, o en el complementario de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación».
También se postula necesidad de una nueva opción para las indemnizaciones, ya que actualmente «el 98% de los casos de las familias que han demandado indemnización civil por el daño causado han visto frustrada su expectativa, porque las sentencias acogieron la alegación en contrario del Consejo de Defensa del Estado -en cumplimiento de su obligación legal-, sea por prescripción, sea porque sus abogados no hicieron oportuna reserva de la acción indemnizatoria».
Agilizar procesos
A fin de «cerrar el duelo» de los familiares, la colectividad gremialista propone establecer por ley la apertura de un plazo, para que el juez de la causa respectiva pueda recibir, por cualquier vía y sin formalidad alguna, información eficaz y conducente a dicho efecto.
De esta forma el juez -una vez cumplido el plazo- podría: Si aparecieren los restos, el juez deberá declarar el fallecimiento de la persona, fijar la fecha en que, a su juicio, habría acaecido su muerte.
De lo contrario, sino aparecen los restos, el juez deberá adoptar una de las siguientes opciones: a)Determinar que continúa el secuestro, si estimare que tiene antecedentes para ello. En tal caso, el juez deberá pronunciarse por resolución fundada, respecto de los motivos en que apoya su convicción de que el secuestro continúa; o b) Determinar por resolución fundada que, pese a no encontrarse los restos, sobre la base de los antecedentes que obran en el mismo proceso, en otros procesos similares, u otros de que pueda disponer, ha arribado a la convicción de que la persona desaparecida ha fallecido. Deberá también fijar la fecha en que, a su juicio, habría acaecido esa muerte.
También se hace manifiesta la necesidad que los procesos por derechos humanos gocen de preferencia para ser vistos en las Cortes y se solicitará de la Corte Suprema la mantención de los jueces de dedicación exclusiva.
Vea el texto completo de la propuesta UDI
