Justo cuando las pesquisas de los jueces exclusivos estaban en lo más álgido, un ex oficial que recabó datos sobre remociones y nombres de personas que participaron en ellas gestionó un contacto con el Gobierno. La entrega no se llevó a cabo por desentendidos y temores de los negociadores, pero ahora podría ser canalizada a través de la justicia.
Hace un año y medio, un ex alto oficial del Ejército ofreció al Gobierno de Ricardo Lagos datos concretos sobre remociones, pero un conjunto de desentendidos y temores terminaron por abortar el intento que, sin duda, hoy tendría a las autoridades de cabeza buscando la fórmula de concretarlo.
Este ex alto oficial -cuyo nombre este diario se reserva a fin de que la información pueda ser finalmente canalizada en forma confidencial- trataba de establecer un contacto con altas autoridades de La Moneda. La idea era plantear en las conversaciones algún tipo de negociación que lo beneficiara en su situación jurídica, cuestión que no pudo quedar clara pues los tanteos ni siquiera alcanzaron a abordar ese punto.
Lo cierto es que, según ahora aseguraron a El Mostrador.cl personas ligadas al episodio, el oficial había logrado recabar información respecto a exhumaciones de detenidos desaparecidos con el fin de utilizarla en el momento que le fuera propicio. Y, al parecer, consideró que el avance que iban teniendo las causas de derechos humanos gracias a los jueces exclusivos y preferentes construía el escenario ideal para darla a conocer.
Los datos que este ex militar recogió se referían a las remociones efectuadas en distintos períodos y circunscritas al tramo Iquique-Chillán. Se trataba de la verificación del paso que debieron sufrir los cuerpos de cerca de 200 víctimas, desde su primer entierro hasta su desaparición final.
Pero el oficial también había logrado recopilar los nombres de agentes del Ejército que participaron materialmente en las remociones efectuadas en el área mencionada.
Este grupo, según se informó a este medio, no llegaba a más de un centenar de personas, algunas de las cuales habrían recorrido los regimientos de las nueve regiones que comprende el tramo. El antecedente, de ser efectivo, sería de valiosa utilidad al momento de intentar configurar jurídicamente que estos hechos fueron llevados a cabo por una asociación ilícita, cuestión que hoy preocupa a abogados de derechos humanos pues las penas podrían aumentar.
Entre los antecedentes que tiene este oficial en su poder -según se dijo- se cuenta una detallada cronología de las inhumaciones ilegales y posteriores remociones que se efectuaron en la Región Metropolitana, identificando los lugares y las diferencias que tuvo el proceso aquí respecto a otras zonas, debido a la gran cantidad de sitios donde se enterraron originalmente los cuerpos de las víctimas.
Información posiblemente valiosa
Es muy posible que en el actual contexto social, donde el tema de las exhumaciones ha sido puesto en el tapete de tal manera que el Ejecutivo se encuentra analizando incorporar esta materia en su próxima propuesta de Derechos Humanos, una información así no hubiera sido dejada pasar.
Sin embargo, en el contexto político del año pasado, las complicaciones derivadas de entrar en tratos con el ex militar y la falta de certeza respecto a los datos que ofrecía, hicieron que La Moneda no jugara sus cartas a fondo y prefiera la cautela y dejara pasar la coyuntura.
Hoy, en cambio, la oferta hubiera tenido otro peso, incluso tratándose de este oficial en cuestión, que no genera las confianzas necesarias y que, según afirman abogados de derechos humanos, acostumbra a tergiversar información de acuerdo a su conveniencia.
Sin embargo, estos mismos profesionales dijeron a este medio que es altamente probable que la persona que estuvo dispuesta a aportar los datos tenga información valiosa. No se duda, entonces, de la posibilidad de que lo descrito anteriormente sea efectivo, cosa que conjuga con la facilidad y rapidez con que aquellos antecedentes -de entregarse en una forma más concreta- pueden ser verificados.
El oficial realiza hoy gestiones con autoridades del Poder Judicial tendientes a poner a disposición de tribunales los datos que posee y es probable que ellas fructifiquen en las próximas semanas.
Lo que este medio no pudo clarificar es qué nivel de antecedentes le fueron entregados al Gobierno, pues personas que estuvieron al tanto de las gestiones sostienen que nunca se les ofreció información tan concreta como la descrita. Señalan también que tal vez hoy sería el momento para canalizar la entrega de estos antecedentes de una forma confidencial.
Son varios los casos de personas que se han acercado a distintas instancias a fin de entregar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos y que finalmente terminaron en nada, ya sea porque los datos terminaron siendo falsos o porque el informante se arrepintió.
Entre estos últimos, hay casos muy conocidos e incluso gente que ostentó cargos de poder en la dictadura militar han amenazado por la prensa sacar a la luz antecedentes que comprometerían a sus pares. Estas situaciones han sembrado desconfianzas a priori y han provocado situaciones difíciles de manejar que tienen fastidiadas a numerosas personas que en tiempos pasados estaban completamente abiertas a recibir información de cualquier tipo pero que hoy analizan dos y tres veces antes de embarcarse en conversaciones de este tipo.
