En el documento -al que tuvo acceso El Mostrador.cl- se solicita un aumento gradual de los fondos para llegar, en cinco años, a duplicar los actuales aportes. Además, se pide que los bienes del Fisco que utilizan los tribunales sean traspasados a la Corporación Administrativa, y se incluye en el petitorio que este organismo pueda efectuar traspasos de dineros y que los saldos no vayan a las rentas nacionales. Vea contenido del proyecto.
Duplicar en cinco años los dineros con que cuenta el Poder Judicial y llegar así a contar con el 2 por ciento del Presupuesto Nacional, es una de las peticiones que hizo la Corte Suprema al Gobierno en su propuesta de autonomía financiera, a la cual tuvo acceso El Mostrador.cl.
En el documento -que había permanecido en reserva absoluta- el máximo tribunal solicitó, además, que se definiera la imposibilidad de destinar como presupuesto un monto inferior al entregado el año anterior, que el 2003 fue de 170 millones de dólares.
De aprobarse esta parte de la propuesta y de comenzar a regir la modificación el 2004, el Poder Judicial contaría ya para el año 2009 con un presupuesto anual de 340 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 12 por ciento del gasto destinado hoy a Educación (2 mil 800 millones de dólares) y al 24 por ciento de lo que gasta actualmente el Estado en Defensa (mil 400 millones de dólares).
Los nuevos fondos que serían destinados al Poder Judicial no podrán ser invertidos en la creación de tribunales o asignación de nuevas funciones que surjan a raíz de reformulaciones legislativas. La Suprema incorporó esta restricción puesto que en otras ocasiones ciertas reformas legales han determinado el aumento de trabajo de este poder del Estado, no entregándosele mayores recursos. Los montos agregados tampoco podrán ser ocupados para costear aumentos generales o especiales de remuneraciones estipulados por Ley.
Así, la Suprema requirió que todos estos gastos anexos (los eventuales incrementos en los sueldos y la creación de tribunales, por ejemplo) deberán ser imputados al Tesoro Público.
La propuesta del máximo tribunal incorpora la petición para que los bienes raíces de propiedad del Fisco que ocupa hoy el Poder Judicial sean transferidos, «por el sólo ministerio de la Ley», a la Corporación Administrativa, organismo que depende de la Suprema y que se dedica hoy a administrar los recursos destinados al funcionamiento de los tribunales y sus cortes.
La propuesta contiene también otros requerimientos menos trascendentales, como la posibilidad de que la Corporación licite a empresas bancarias «que ofrezcan mejores condiciones de servicio e interés» la operación de las cuentas de depósito de los tribunales.
Autonomía en traspasos de fondos
Aunque en su proposición al Gobierno la Corte Suprema vincula el aumento del presupuesto y los demás requerimientos descritos como necesarios para lograr la autonomía financiera y económica, el tema en sí mismo es planteado en base a tres ejes.
El primero, es la necesidad que los consejos de la Corporación Administrativa y de la Academia Judicial puedan efectuar traspasos de fondos entre programas durante la vigencia de los presupuestos, y que los saldos que queden al término de los ejercicios anuales puedan constituirse en ingresos para el presupuesto del año posterior y no deba ir a parar a las rentas nacionales.
El segundo, que la estimación de las necesidades deba ser efectuada por la propia Corporación y aprobada por su Consejo -integrado por cinco ministros de la Corte Suprema- considerando las proposiciones que hagan las cortes de apelaciones y la Academia Judicial. Tal ejecución presupuestaria deberá ceñirse a la Ley de Administración Financiera del Estado.
Finalmente, se incorpora en la propuesta que los balances serán revisados por una empresa u organismo externo, contratado por la Corporación mediante licitación pública. Tales resultados deberán ser publicados y comunicados al ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República.
El documento elaborado por la Corte Suprema -que fue guardado en estricta reserva por el máximo tribunal a petición del ministerio de Justicia- es definido en el máximo tribunal como un texto de trabajo, susceptible a ser modificado durante el trabajo en comisiones.
Institucionalmente, en el Poder Judicial se ha explicado que el texto corresponde a una minuta preliminar. Sin embargo, en su contenido se incluye el título «Anteproyecto de Ley sobre Autonomía Financiera», haciéndose explicita referencia a las modificaciones legales que deben efectuarse en cada caso.
Hasta ahora, sólo se conocían referencias sobre otros aspectos de la propuesta de la Corte Suprema, como la autonomía operativa: «se propone que la creación, traslado y eventual supresión de tribunales ordinarios y especiales, deberá contar con el informe previo y favorable de la Corte Suprema, asimismo, que la distribución de su personal y determinación de los territorios jurisdiccionales, sean materias de exclusiva competencia de ésta», dice el resumen elaborado por la dirección de Comunicaciones.
También se ha conocido la propuesta de «crear -sólo en casos extraordinarios- dos salas de Verano en algunas Cortes de Apelaciones».
Respecto a lo que fue llamado «Autonomía de Generación», se sabía que la Suprema propuso que las designaciones de los miembros del Poder Judicial sean efectuadas sin injerencias de otros poderes del Estado y, «en lo inmediato, analizar algunos temas concretos, tales como fijación de plazos en materia de nombramientos, sistemas de votación para confeccionar ternas y quinas, nombramientos de suplentes e interinos, sistema de permutas, remoción de funcionarios que no gozan de inamovilidad, etc».
Sobre la «Carrera Funcionaria» se solicitó modificar la normativa vigente respecto de los requisitos para integrar ternas para el cargo de ministro de Corte de Apelaciones, «a fin de asegurar que todos los postulantes hayan tenido experiencia previa mínima en la judicatura civil y criminal».
Entre otras cosas, se propuso también radicar el manejo de la Academia Judicial exclusivamente en el Poder Judicial, revisar la composición y facultades de su Consejo, e incorporar a la Dirección de Estudios y la Dirección de Comunicaciones en la estructura de la Corte Suprema.
El análisis de la propuesta para la autonomía está siendo efectuado por un grupo de trabajo integrado por dos ministros de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Luis Bates, y el subsecretario de Justicia, Jaime Arellano.
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VEA LA PROPUESTA DE LA SUPREMA
Autonomía Financiera: Planteamiento y Conclusiones Preliminares
