La relatora Carmen Gloria Escanilla será la encargada de dar a conocer a los cinco ministros que componen el tribunal, los pormenores de la muerte del químico contenidos en el expediente y los antecedentes que dieron densidad al informe de la fiscal Mónica Maldonado, quien recomendó que la petición fuera acogida y enviada a Montevideo.
El próximo 27 de mayo la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema resolverá si acepta o no tramitar el pedido de extradición de cuatro oficiales de inteligencia uruguayos, solicitado por el ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.
La relatora Carmen Gloria Escanilla será la encargada de dar a conocer a los cinco ministros que componen el tribunal, los pormenores de la muerte de químico contenidos en el expediente y los antecedentes que dieron densidad al informe de la fiscal Mónica Maldonado, quien recomendó que la petición fuera acogida y enviada a Montevideo.
Recordemos que Madrid solicitó la extradición de los coroneles activos del Ejército uruguayo Eduardo Radaelli Coppola y Wellington Sarli Pose, así como al coronel (R) de Ejército Tomás Cassella Santos y al coronel (R) de policía Ramón Rivas Vila, luego de llegar a la convicción jurídica de que eran partícipes necesarios en la muerte de Berríos, cuyo principio de ejecución del delito estuvo en Chile.
Las chances están sencillamente divididas. Es posible que los supremos acojan o rechacen la petición. Hasta ahora, los antecedentes a favor, es que en Chile se inició la operación que sacó a Berríos de Chile y que terminó con su muerte. Las penas asignadas al delito son altas y existe entre ambos países un tratado de extradición. Las contrarias operan sobre la base de que el delito mismo -la muerte- ocurrió en Uruguay, donde existe un proceso criminal. De allí que los querellantes cruzan los dedos para que la sala penal les dé la razón.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a la Argentina, donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos Intentó escapar en el balneario de Parque del Plata. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
