En la colectividad admiten que no existen argumentos legales para una acusación constitucional y explican que lo que se pretende es explorar una solución para eventuales presiones de las que podría ser objeto el Poder Judicial, por parte del Ejecutivo. Asimismo, manifiestan que Marcos Libedinsky «nos merece plena confianza».
Si bien las reuniones sostenidas entre el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, y la jueza del caso MOP-Gate, Gloria Ana Chevesich, preocuparon a Renovación Nacional, lo cierto es que en la colectividad no hay acuerdo en orden a presentar una acusación constitucional en su contra, tal como lo indicó el propio magistrado, quien señaló que en el partido "no hay base" para ello.
Todo, aunque en la comisión política del lunes 17 de mayo no faltaron los que expusieron la seriedad de lo ocurrido e interpretaron como eventuales presiones hacia la ministra Chevesich, las reuniones sostenidas con Libedinsky.
Pese a que en la directiva admiten que tales encuentros podrían ser mal interpretados, aseguran que "el señor Libedinsky es una persona que nos merece plena confianza", con lo que borran cualquier atisbo de duda sobre el proceder del presidente de la Corte Suprema. Además reconocen que no están convencidos de que existan bases para una presentación constitucional o que ésta sea el procedimiento indicado para expresar la preocupación de Renovación Nacional por lo ocurrido.
En este contexto, plantean que efectivamente en la colectividad "nos preocupa lo que está ocurriendo en el entorno del Poder Judicial", aludiendo a la posibilidad de que se esté ejerciendo presión sobre algunos magistrados. De hecho, plantean que lo que le preocupa a la directiva del partido son las eventuales "presiones indebidas", que desde el Ejecutivo se pudieran estar dando sobre los Tribunales de Justicia.
De allí que se haya convocado a una comisión política ampliada para el lunes 31 de mayo, para analizar el tema en forma "global", planteándole la preocupación a todos los parlamentarios, para que ellos puedan manifestar su opinión a la directiva y tratar en el organismo "todas las alternativas" para enfrentar el problema.
Siempre partiendo sobre la base que "no hay méritos legales para acusarlo" (a Libedinsky) y aunque haya integrantes de la comisión política que estimen que el partido debe actuar en esta materia y así lo hayan expresado abiertamente en la reunión del lunes 17 de mayo.
No obstante, en la mesa directiva existe conciencia en orden a que finalmente serán los parlamentarios los que decidan sobre el camino a seguir, después de un profundo análisis global de la situación, ya que para hacer una acusación constitucional se requieren argumentos legales que la avalen.
Sin embargo, con el pasar de los días parece que se estuviera enfriando el ímpetu con que se planteó el tema. La posición más moderada al respecto se estaría imponiendo, ya que lo que se desea es "explorar todas las alternativas" de solución a un problema que visualizan como preocupante y hacer un análisis "serio" de qué es lo que lo estaría provocando.
Más que una acusación -insisten en RN- la directiva quiere, a partir del estudio del tema, emitir un pronunciamiento de la colectividad al respecto, para demostrar su rechazo a eventuales presiones que impidan el correcto desempeño de la labor judicial.
Por otra parte, aunque en el partido reconocen que en algún momento hubo quienes estaban por presentar una acusación constitucional, idea que habría surgido del fragor del debate interno, con el tiempo la mayoría de los que estaban en esta posición la han dejado, pues estarían conformes con la posición adoptada por la directiva en torno al tema.
