Contralor Gustavo Sciolla realizó férrea defensa del organismo en el Congreso, debido a que el proyecto de flexibilización de la gestión y financiamiento de las universidades estatales plantea eliminar la supervisión previa de los contratos que se suscriben. Casas de estudio y Mineduc dicen que la normativa busca simplificar los procesos administrativos.
En la Contraloría General de la República están molestos. Todo por un artículo que incluye el proyecto de ley para modernizar el sistema de gestión y endeudamiento de las universidades estatales, entregado por el Ejecutivo hace algunas semanas y que pretende eliminar la toma de razón que hace el organismo, es decir, el análisis legal previo de los contratos hechos por las casas de estudio.
La iniciativa legal, que busca flexibilizar la gestión y facultad de endeudamiento a largo plazo, obedece a la aspiración de los rectores de las casas de estudios tradicionales, que son financiadas por el Estado, particularmente de las más grandes como las universidades de Chile y la de Santiago. La idea de ellos es liberarse del corsé burocrático que les impide tener las mismas condiciones de una universidad privada, a la hora de solicitar préstamos y suscribir contratos de cualquier tipo.
Sin embargo, la idea de agilizar sus procesos podría topar con la posición del Contralor Gustavo Sciolla, sobre la materia. El pasado martes, Sciolla realizó una férrea defensa de las labores del organismo, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Enfatizó que aunque no se opone al natural proceso de modernización, los procesos de toma de razón se realizan en un periodo que va de los ocho a los 15 días, por lo tanto, no representan una demora.
Para el organismo se ve que el proceso de toma de razón es esencial para mantener un permanente proceso de fiscalización en las entidades públicas y que su supresión debilita las funciones fiscalizadoras de la entidad. Sin embargo, el proyecto de ley considera que los trámites de las universidades queden sujetas a registro por parte de la entidad.
También molestó a los directivos del organismo que no se les haya consultado la opinión sobre el tema, antes de enviar el proyecto al parlamento, pese a que siempre se habla con ellos antes de enviar alguno en que se aluda a las funciones de la entidad.
Al interior del Mineduc se asegura que el objetivo de este artículo es acelerar la velocidad administrativa, y que en caso de que sea eliminado del proyecto, "no se pierde el espíritu ya que no es una norma relevante". La idea del ministerio junto a las universidades estatales es aplicar una simplificación administrativa para los planteles.
Endeudamiento
El proyecto de flexibilizar la gestión y la facultad de endeudamiento, además de la fiscalización de la Contraloría, incluye normas sobre la autorización de endeudamiento a largo plazo y la obligación de que las casas de estudio publiquen sus balances y estados financieros.
Cuando se presentó públicamente la iniciativa legal por parte del Mineduc y de las universidades, el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, fue el más entusiasta con la idea de que éstas puedan contraer empréstitos y así tener la capacidad de competir con las casas de estudio privadas, cuando se quieran ampliar los proyectos educativos. En esa ocasión el rector Riveros aseguró que en comparación con los planteles privados, las estatales están en un mal pie y bromeó diciendo que esta es una pelea entre "tigre suelto contra burro amarrado".
La iniciativa legal precisa que las universidades puedan por el plazo de dos años -a contar de la fecha de entrada en vigencia de la ley- contratar uno o más préstamos, con el objetivo de reestructurar los pasivos financieros existentes al 31 de diciembre de 2003. Se consigna que las deuda derivada de los empréstitos deberán hacerse con cargo al patrimonio del plantel respectivo y que ésta no podrá exceder los 20 años.
Otra de las disposiciones establecidas en el proyecto es que a contar del 1 de enero de 2005, las universidades estatales deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados. "Favorecer la transparencia de la información facilitará la participación de las universidades en transacciones comerciales con otras entidades públicas y privadas, permitiéndoles insertarse de manera más adecuada en las actividades económicas del país", consigna el documento.
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