Después de escuchar los alegatos de las partes durante tres horas, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago postergó la votación sobre la solicitud de desafuero presentada contra el ex militar por su presunta responsabilidad en el atentado que le costó la vida al general Carlos Prats.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) alegó contra el general en retiro Augusto Pinochet Ugarte en el marco de la vista de su desafuero en el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, por su presunta responsabilidad en el atentado que le costó la vida al general Carlos Prats, en 1974.
Según el organismo, Pinochet es autor del delito de asociación ilícita, siguiendo la línea de los procesamientos dictados por el ministro en visita Alejandro Solís contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En esta causa se encuentran procesados el ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres (R) Pedro Espinoza, José Zara y Christoph Willike, además de los agentes civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas.
Durante su intervención ante el Pleno del tribunal de alzada, la abogada Irma Soto sostuvo que a Pinochet le cabe responsabilidad en los hechos, toda vez que fue el creador de la DINA y también por la jerarquía de mando, ya que en su calidad de comandante en jefe del Ejército en 1974 era superior directo del entonces coronel Contreras, jefe del organismo represivo.
La decisión de apoyar que el tribunal despoje a Pinochet el fuero del que goza en su calidad de ex gobernante, como también los procesamientos dictados por Solís, surgió de un acuerdo del Consejo del organismo estatal, tal como se estila para casos importantes.
Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, murieron el 30 de septiembre de 1974 en un barrio de Buenos Aires, por la explosión de una bomba colocada bajo su automóvil por efectivos de la disuelta DINA, cuyo autor material fue el norteamericano Michael Townley.
En Argentina, en tanto, el civil Enrique Arancibia Clavel fue sentenciado a cadena perpetua por la jueza María Servini de Cubría, a quien en diciembre de 2002 la Corte Suprema le negó un pedido de desafuero contra Pinochet por el mismo caso.
Rechazan adjuntar solicitud argentina
La sesión de la vista de esta nueva solicitud de desafuero presentada contra el ex militar se inició poco antes de las 9.00 horas y terminó minutos antes de las 12.00 en la Primera Sala del tribunal de alzada, donde tradicionalmente se reúne el Pleno.
Los magistrados resolvieron postergar la votación sobre la presentación hasta el próximo 25 de noviembre, a diferencia de lo que ocurrió en agosto en mayo pasado, cuando el mismo día de los alegatos aprobaron el desafuero de Pinochet por la llamada Operación Cóndor, la coordinación represiva de dictaduras de América Latina en la década del ’70, que en Chile se materializó con la desaparición de 19 personas.
Antes de revisar la solicitud de las hijas de Prats, María Angélica, Cecilia y Sofía, los ministros desestimaron adjuntar el pedido de desafuero presentado por la jueza Servini de Cubría, que investiga en Argentina el mismo delito, por lo que éste será visto en otra audiencia.
En los alegatos de intervinieron a favor de la familia Prats los abogados Hernán Quezada y Pamela Pereira, quienes aseguraron que existen antecedentes que ameritan que Pinochet pueda ser investigado por su presunta responsabilidad en el atentado.
«Esperamos convencer a los ministros que Pinochet debe ser desaforado y responder ante la justicia chilena. Hay sospechas para que el ministro Solís lo investigue a fondo y determine si efectivamente tuvo responsabilidad criminal en estos hechos», señaló Quezada, antes de la audiencia.
La defensa del retirado militar, en tanto, insistió en el fallo de los tribunales de Justicia que en diciembre de 2002 desestimó el pedido de desafuero de la jueza Serviene de Cubría, aún cuando en esa oportunidad los tribunales ordenaron al ministro Solís iniciar una investigación en Chile.
«Esta materia fue resuelta en la Corte en 2002, con motivo de un exhorto de la jueza Servini, y tenemos otras consideraciones que alegar respecto de la solicitud de desafuero misma y de las razones de imputaciones de Pinochet, que creemos que no existen", afirmó el abogado Ambrosio Rodríguez, representante del ex uniformado.
Adicionalmente, el ex militar es investigado por las millonarias cuentas detectadas a su nombre en el Banco Riggs de Estados Unidos, a través de las cuales habría defraudado al Fisco en $2.134 millones por no haber declarado los intereses.
En 2001, la Corte Suprema sobreseyó a Pinochet de su responsabilidad en el caso Caravana de la Muerte por la demencia subcortical de "leve a moderada" que lo aquejaba, resolución que le permitió sortear otros procesos violaciones a los derechos humanos en los que se encontraba imputado.
