La querella del Servicio de Impuestos Internos tiene aún una diligencia pendiente: que Muñoz interrogue a Pinochet en la causa tributaria. Sobre ese mismo punto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra inhabilitado, pues no podría actuar ante un eventual desafuero, a menos que el SII se lo pida.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) se adelantó a que la Segunda Sala de la Corte Suprema resolviera el exhorto enviado por el juez español, Baltasar Garzón -que pedía congelar los bienes de Augusto Pinochet- , para reiterar la solicitud de embargo que ya había pedido en la querella por fraude tributario presentada hace algunos meses atrás ante el ministro de fuero Sergio Muñoz, en el caso Riggs. Esto, por la suma de hasta 2 mil 500 millones de pesos, cifra que habla del perjuicio fiscal en que habría incurrido el ex militar al no declarar los depósitos ni sus intereses.
Altas fuentes del organismo aseguraron a El Mostrador.cl. que el -por así llamarlo- temor del SII, surgió del informe favorable que entregara la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado a principios de noviembre, para que la Sala Penal acogiera la solicitud de Garzón de congelar los bienes de Pinochet. Si esto se hubiera concretado, el Servicio de Impuestos Internos quedaba en un evidente mal pie para seguir actuando, así como también se hubiera visto perjudicado por una cuestión de imagen, en la medida en que podía ser criticado por inacción.
De acuerdo a la información recabada por este diario, el ministro Muñoz aún tiene pendiente una importante diligencia pedida por el SII, que es la declaración de Pinochet en el proceso, la que aún no se ha llevado a cabo.
Recordemos que el magistrado interrogó al ex militar y a su familia cuando aún la querella del SII no estaba presentada, por lo que los dichos de Pinochet sólo apuntaron al origen de los fondos y no así a los delitos tributarios que devienen por el no pago de los impuestos correspondientes.
Se sabe que hasta ahora Muñoz no le ha tomado declaración a Pinochet en esta arista tributaria, debido a que no quiere politizar el caso, ya que que la defensa del otrora comandante en jefe del Ejército, podría negarse a que hablara con el magistrado sobre este punto. De ser así, Muñoz debería pensar en el desafuero y elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto en el entendido que lo pidiera el SII, mas no el CDE. Y en ese punto en particular, comienzan los problemas.
La traba legal del CDE
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) enfrenta una dificultad de carácter legal para solicitar el desafuero de Augusto Pinochet en el proceso que instruye el ministro de fuero Sergio Muñoz, -en la cuerda separada por los delitos tributarios-, por las millonarias cuentas en dólares encontradas en el banco Riggs, aseguraron a El Mostrador.cl, algunos consejeros del organismo.
El problema se produce debido a que el artículo 162 del Código Tributario establece que el CDE sólo podrá ingresar a las causas que dicen relación con materias impositivas, siempre y cuando el director del SII, en este caso Juan Toro, así lo requiera.
De acuerdo a las fuentes del CDE, esta chance es una posibilidad concreta en la causa que inició la querella del SII, debido a que los eventuales delitos tributarios están más cerca de ser probados que en la denuncia penal del organismo que defiende los intereses del Fisco. Esto, porque la primera apunta a hechos recientes y respecto de los cuales ya existe información, mientras que en el otro aspecto, se busca el origen de los fondos, lo que se traduce en un trabajo largo y complejo para definir dónde y quiénes depositaron los dineros.
De acuerdo a lo que ha sido la historia de relaciones entre el SII y el CDE, el primero siempre pide la ayuda del último, una vez que las causas tributarias están falladas. Es decir, el organismo estatal opera, generalmente en la instancia -es decir, en las apelaciones de las sentencias- y no como auxiliar del SII en la tramitación de una investigación.
Quizás el único caso donde ello ocurrió al revés, es decir donde el SII y el CDE trabajaron juntos, fue precisamente en el proceso llamado caso Focus Chile Motores, que fue recientemente pedido por el ministro Muñoz, para indagar acerca de los vínculos de Marco Antonio Pinochet -hijo del ex militar- y el empresario Edgardo Batich. Eso sí, recordemos, la causa como tal se inició porque habían indicios de la existencia de una red delictual de lavado de dinero.
Banco preocupado
En tanto, el Banco de Chile ordenó un estudio en derecho a la firma Grasty y Compañía, sobre las eventuales dificultades que pudiera enfrentar dicha institución bancaria en el juicio que tramita el ministro Muñoz, aunque altas fuentes de la entidad financiera señalaron que sólo se abocaron a realizar la labor de manejar los fondos de Pinochet, cuyo origen desconocían.
De acuerdo a la información recopilada por este diario, el abogado Jorge Bofill es quien está detrás de la representación del banco para los efectos de las cuentas que Pinochet tenía en Nueva York.
Jorge Bofill es un profesional que cuenta con un alto perfil dentro de los abogados de la plaza. De hecho, fue postulante al cargo de Fiscal Nacional, como también representó los intereses de la diputada de la UDI, Pía Guzmán, cuando la UDI pidió su desafuero. En esa ocasión, en todo caso, quien alegó fue su colega Claudio Feller, un ex abogado del Consejo de Defensa del Estado. Es este último profesional, dijeron en el banco de Chile quien prepara los estudios en derecho para la entidad.
Recordemos que debido a la aparición del Banco de Chile como operador de los dineros de Pinochet en Estados Unidos, el magistrado puso su lupa sobre cuatro ejecutivos de esa entidad financiera que habrían tenido participación en el manejo de esos dineros.
