En el seminario »Ejército y Derechos Humanos», el comandante en Jefe destacó las medidas que ha adoptado la institución para retomar la profesionalización y demandó a la »sociedad y sus representantes asumir la tarea a la cual Chile nos convoca», dejando claro que la verdad y la reconciliación no depende sólo de ellos.
En un clima de "reconciliación", donde se encontraron desde generales en retiro -de los duros, como Rafael Villarroel- hasta abogados y personajes del mundo de los derechos humanos como Pamela Pereyra o Andrés Aylwin, pasando por parlamentarios de todos los sectores políticos y rostros de la televisión como Andrea Molina, fue el escenario utilizado por el comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, para dar un fin simbólico al tema sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos.
En el marco del seminario "Ejército y derechos humanos: compromiso para el siglo XXI", realizado en el auditorium de la Escuela Militar, Cheyre aprovechó de "aclarar" que no es lo mismo "responsabilidad institucional" que "doctrina institucional" y aprovechó de hacer un llamado al resto de los sectores a que también hagan lo suyo en el ámbito de la reconciliación.
El comandante en Jefe también hizo un llamado a aplicar la ley de amnistía y a no dejar sólo a los tribunales de Justicia la tarea de la reconciliación.
Aclaración
Lo primero que hizo Cheyre en su alocución fue dejar claro que pese a la base doctrinaria y moral sólida del Ejército, "ello no impidió los abusos de autoridad, los vejámenes y otras acciones delictivas y éticamente reprochables de algunos de sus efectivos".
Acto seguido aseguró que "de las causas, aunque importantes, no nos corresponde hacernos cargo, pero sí de algunos efectos".
Sin embargo, sí se hizo cargo del documento que emitió días antes de la publicación del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, "Ejército de Chile: el fin de una visión", donde reconocía una "responsabilidad institucional", lo que entusiastamente fue confundido con una "doctrina institucional".
Es por esto que el comandante en Jefe aseguró ayer que "algunos, por error, han deducido e insisten con simpleza que se estaría reconociendo que hubo una doctrina institucional de violación a los derechos humanos, la que jamás existió».
No obstante, explicó que "el Ejército como institución no puede reemplazar ni en la culpa ni en la penalización de ella a quienes, apartándose de su doctrina y reglamento, cometieron delitos o faltas. Jurídicamente, no cabe la posibilidad de juzgar al Ejército como institución y mucho menos de penalizarlo o castigarlo».
Insistió en que «las culpas, repito, son individuales y corresponde a los tribunales esclarecer las responsabilidades de autores e instigadores y dictar las penas correspondientes de acuerdo al orden legal vigente».
"El Ejército ha llegado a la convicción que existen irrefutables evidencias de que en la comisión de esos delitos se empleó patrimonio institucional, de lo cual importa, de algún modo, una suerte de compromiso o de inacción de mandos en el proceso. Y así prácticas erradas no fueron detectadas o rechazadas, lo que llevó a una desidia y pasividad respecto de ellas que vulneran nuestra doctrina", añadió.
Lo que ha hecho el Ejército
Una vez hecha la aclaración entre responsabilidad institucional y doctrina institucional, el comandante en Jefe comenzó a hacer un largo listado de lo que está haciendo el Ejército para internalizar el respeto a los derechos humanos.
Destacó la reestructuración de la enseñanza de los derechos humanos durante toda la carrera "a través de objetivos transversales, lo cual se encuentra plasmado en tres cuadernos y las definiciones de mallas y currículos en las asignaturas de ética, derecho, filosofía, bases conceptuales de la profesión militar, organización y personal, ciencia política e historia militar".
"Todo se encuentra vigente y en plena ejecución. Es parte de nuestro compromiso y está cumplido", dijo un entusiasta Cheyre.
Ante más de mil asistentes, Cheyre también anunció la redacción de nuevas ordenanzas éticas para regir la conducta de los uniformados, cuya redacción fue asesorada por especialistas en estos temas.
«Una vez finalizado el trabajo, en septiembre del próximo año, compartiremos su contenido y será protocolizado por las autoridades que correspondan», dijo Cheyre.
Cheyre recordó que antiguamente en el Ejército existía dicho código de ética, pero que éste fue derogado en 1926 al entrar en vigencia el Código de Justicia Militar.
Los otros
Pero Cheyre también hizo un llamado a los otros sectores de la sociedad a asumir sus responsabilidades.
"Verdad y justicia son necesarias. Pero la reconciliación también lo es. Deseo ser más explícito, no se trata de impunidad, punto final o borrar el pasado. Mi pregunta es ¿estamos todos comprometidos con ello? ¿no habrá poderes que podrían asumir tareas que les son indelegables? ¿no seguirán existiendo grupos que tras sus propios objetivos, muchos legítimos, estén obstaculizando un proyecto futuro?", emplazó Cheyre.
Luego de señalar que una de sus misiones es "hacer lo nuestro para cerrar las heridas; cerrarlas en lo que a nosotros nos compete, lo cual está hecho, y contribuir a la reconciliación y la plena recuperación de nuestro ser nacional", aseguró que "esta tarea no podemos realizarla solos. No es labor propia ni del personal a mi mando".
"Creo que la sociedad y sus representantes deberían asumir la tarea a la cual Chile nos convoca. No pretendo siquiera sugerir cómo hacerlo, ya que no es mi misión", añadió.
Amnistía y exhorto
Pero Cheyre se hizo cargo de las críticas que han surgido por la defensa que ha realizado la institución a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, señalando que el Ejército ha censurado y criticado públicamente a aquellos "que actuaron fuera de la legalidad", sosteniendo -además- que para los involucrados ha sido muy doloroso que "la institución a la que servían les comunique, en múltiples formas, que rechaza sus conductas".
"Exhorto a ese personal a contribuir, con toda la verdad que pudiesen poseer, en los procesos de los que forman parte, conducente a establecer el paradero o destino y la data de muerte de personas desaparecidas, que permita acreditar qué pasó con aquellos compatriotas de los cuales desconocemos precisamente aquello que brinda tranquilidad a sus deudos, libera las conciencias de quienes fueron responsables de sus muertes -que me parece incuestionable, dado el largo tiempo transcurrido- y lleve a los tribunales a aplicar la legislación vigente», espetó.
No obstante, dijo Cheyre, "este problema tiene otro cariz que nos impide abandonar a su sola suerte a todos estos ex camaradas de armas que hoy sufren prisión, sometimiento a procesos o que no les ha sido aplicada la prescripción y la amnistía; como han sido los recientes y trascendentes fallos judiciales en tal sentido. Este no abandono, enmarcado en las leyes vigentes -en todo lo debido y en nada de lo indebido-, es para un soldado una cuestión de principios, no de complicidad o absolución. ¡No podemos renunciar a esta actitud! Si, como he sustentado y aclarado precedentemente, hay responsabilidades institucionales en estas violaciones a los derechos humanos, una conducta distinta a la asumida sería inconsistente con nuestro discurso".
"Nos resulta frustrante, en consecuencia, que las aspiraciones que como institución comprometida con el futuro de Chile teníamos respecto a la situación de este personal, en lo sustantivo, no se realice con tiempos más acordes a la justicia moderna; al contrario, empeore bajo el nuevo escenario que se ha establecido y que no logremos como sociedad, una vez determinados los ilícitos y sus responsables, darles -a quienes lo ameriten- la oportunidad de rehacer sus vidas, en libertad", puntualizó.
