Altas fuentes del Poder Judicial confirmaron a El Mostrador.cl que las obras que albergarán a los nuevos tribunales capitalinos, contemplados en la Reforma Procesal Penal, no estarán aptas para comenzar a operar el próximo 16 de junio. Por ello, plantearon que »lo más lógico es aplazar la puesta en marcha del nuevo sistema».
Preocupación existe al interior del Poder Judicial por el evidente retraso en la construcción del Centro de Justicia de Santiago (CJS), infraestructura que es imprescindible para que la Reforma Procesal Penal pueda comenzar a operar en la capital del país.
Así lo informaron altas fuentes de la Corporación Administrativa de este estamento (CAPJ) a El Mostrador.cl, señalando que dado el estado de avance de estas obras es prácticamente imposible que los edificios puedan estar equipados para el próximo 16 de junio, fecha en que por ley el nuevo sistema penal deberá comenzar a regir en la Región Metropolitana.
El Centro de Justicia de Santiago, que se construye frente a los terrenos de Famae, estará destinado a albergar quince Juzgados de Garantía, siete Tribunales Orales, una Fiscalía Regional y cinco de carácter local, además de las dos Defensorías Regionales y seis unidades específicas de este organismo, destinados a cubrir la demanda de los más de cuatro millones de habitantes de la provincia de Santiago.
Sólo siete pisos estarán listos
Este proyecto contempla el emplazamiento de ocho edificios, de los cuales cuatro corresponderán a los Juzgados de Garantía, dos a los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, y los otros dos restantes al Ministerio Público y la Defensoría Penal, respectivamente. En suma, estas dependencias ocuparán un total de 56.000 metros cuadrados.
Sin embargo, según las últimas fechas entregadas por el ministerio de Obras Públicas (MOP) -que por mandato de la cartera de Justicia concesionó estas construcciones a la empresa OHL Agencia en Chile- a la CAPJ, sólo siete pisos de los módulos de Garantía serán entregados el 14 de mayo de este año, mientras que los tres niveles restantes de los inmuebles serán traspasados el 14 de julio, es decir, casi un mes después que la reforma ya opere en la capital.
Estas obras comenzaron a ejecutarse el 4 de mayo de 2004, con el compromiso de estar finalizadas en el mes de abril de este año, ya que los 152 jueces de Garantía nombrados en Santiago y San Miguel deberían constituirse en sus oficinas a más tardar a fines de mayo. No obstante, de seguir así el curso de los hechos, tendrían que seguir funcionando en un edificio arrendado en calle Santo Domingo N° 479.
Los plazos que establece la ley
Según el primer artículo transitorio de la Ley 19.665, la instalación de los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales "se efectuará con, a lo menos, 30 días de antelación a la fecha que señala para la correspondiente Región (…). Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá ejercer la atribución de determinar la ocasión en que pondrá a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales".
Frente a ello, fuentes de la CAPJ explicaron que para poder habilitar estos recintos, es decir, dotarlos de luminaria, implementación técnica, amoblado y alajamiento, en general, se necesita de un mes y medio a dos meses como mínimo, por lo cual la fecha de entrega de los siete pisos que estarían listos (en obra gruesa), no permitirían tener el tiempo necesario para que los Juzgados de Garantía operen en óptimas condiciones.
Sumado a ello, los mismos personeros ponen en duda que ese plazo se vaya a cumplir, dado que el avance de la construcción no da para asegurar que el 14 de mayo sea finalmente cedida al Poder Judicial.
Por otra parte, la idea que los trabajos se prolonguen incluso después de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal es altamente cuestionable. Ello, porque los ruidos y labores propias de los obreros podrían afectar el normal funcionamiento de estas magistraturas, además de poner en riesgo la seguridad de las personas que deban acudir a este recinto.
Preocupación no ha tenido eco
La preocupación que existe por este tema ya ha sido planteada por los miembros de la Corte Suprema, en el marco del comité interministerial que tiene a cargo la dotación física para implementar la reforma.
Pese a ello, estos magistrados no han recibido ninguna respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo, según aseguraron. El problema no es menor, dado que temen que los costos de imagen que puede acarrear esta improvisada puesta en marcha recaería en el Poder Judicial, hecho que el máximo no estaría dispuesto a asumir.
En esa línea, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, ya tiene presupuestado abordar el tema durante su discurso inaugural del nuevo año judicial, el próximo martes 2 de marzo. En esa intervención, el magistrado advertirá que el compromiso de concretar este cambio por parte de los jueces se dará sólo en la medida que exista la infraestructura adecuada para llevarlo a cabo.
Frente a eso, personeros de la CAPJ plantearon que "nuestra opinión técnica es analizar la posibilidad de postergar la reforma en Santiago, debido al problema que no hay locales alternativos donde puedan funcionar estos juzgados".
Arriendo de emergencia
En cuanto a la eventualidad de enfrentarse con que estos edificios no sean entregados a mediados de mayo, la única solución para seguir con la puesta en marcha del nuevo sistema penal sería recurrir al arriendo de algún inmueble.
Empero, esa alternativa representaría serios inconvenientes, ya que difícilmente se puede encontrar un local que cumpla con los requisitos para albergar a estos tribunales. Esto, porque, aparte del funcionamiento del personal administrativo, se debe pensar en los cordones de seguridad que son imprescindibles para la comparecencia de imputados o detenidos.
Junto a ello, por lo menos se necesitarían dos meses para adecuar un recinto, sumado a que por la urgencia del tema, los costos de arriendo se elevarían a precios exorbitantes. Por otra parte, en la CAPJ aseguran que no existen fondos para solventar un gasto de esa naturaleza.
Por lo pronto, el Poder Judicial ya comenzó las gestiones para extender, en dos meses (hasta junio) el arriendo del edificio ubicado en calle Santo Domingo con el fin de precaverse ante el retraso en la recepción de los edificios. En todo caso, aclararon en forma tajante que es "imposible" que los Juzgados de Garantía puedan funcionar en ese lugar.
Los "sin casa"
Paralelamente, la Ley 19.681 establece que los primeros ocho jueces de los Tribunales Orales de Santiago y San Miguel deberán ser nombrados en junio de este mismo año, los cuales deberán conformar las dos salas orales que enfrentarán la demanda de los más de cuatro millones de habitantes de la provincia de Santiago.
Estas magistraturas tendrán carácter de itinerantes, es decir, que deberán conocer de todos los procesos que deriven en juicios orales en todas las jurisdicciones de Santiago, hasta la fecha en que se constituyan las otras cinco magistraturas de este tipo, las cuales entrarán en operaciones en diciembre de este año.
Pero los módulos que se destinaron para instalar estas reparticiones aún ni siquiera se han comenzado a construir, por lo cual sería imposible que fueran entregadas en un plazo prudente para equiparlos y dejarlos en condiciones de funcionar, aseguraron las mismas fuentes.
Por otra parte, uno de los jueces de Garantía de Santiago, consultado sobre el tema, opinó que ellos se podrían acomodar para funcionar en sólo dos edificios con siete niveles habilitados. Incluso, hasta podrían hacer el esfuerzo de darle espacio a los Tribunales Orales. Pero, a su juicio, la situación más dramática será la que tendrá que enfrentar la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana.
Esto, porque el edificio destinado para ese organismo ni siquiera tiene iniciados los cimientos, en circunstancias que su función será recibir las denuncias de las personas que sean afectadas por eventuales delitos de esta zona de Santiago, interrogar a posibles sospechosos y tener donde operar administrativamente. Según lo presupuestado, ahí deberían laborar 374 funcionarios, más 75 fiscales.
El costo político
Pese a este adverso panorama, todas las fuentes consultadas reconocen que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos no estaría dispuesto a asumir los costos políticos de lo que significaría aplazar nuevamente la reforma procesal penal en Santiago, más aún cuando estamos en un año de elecciones.
Mas el descrédito que puede acarrear esta improvisada entrada en marcha del nuevo sistema no será asumido por la judicatura, ya que, en caso que esto no tenga una pronta solución, se optaría por la estrategia de la presión por medio de la opinión pública.
Hasta el cierre de esta nota, se intentó obtener un pronunciamiento de los ministerios de Justicia y Obras Públicas. Sin embargo, en la primera cartera los encargados del área están de vacaciones, mientras que en la segunda repartición fue imposible contactar al fiscalizador de la obra.
En todo caso, a la hora de atribuir responsabilidades, todos los consultados apuntaron sus dardos contra el jefe de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal del ministerio de Justicia, Carlos Maldonado, ya que este es un tema que depende directamente de su cargo.
