El magistrado solicitó el respaldo de sus pares de la Corte de Apelaciones de Santiago para lograr que el máximo tribunal extienda las garantías que otorgó a los jueces con dedicación exclusiva más allá del próximo mes de julio, fecha en que deberían cerrar los sumarios.
A través de un oficio presentado ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Alejandro Solís solicitó que sus pares pidan a la Corte Suprema extender las garantías que concedió a los jueces con dedicación exclusiva para instruir casos de violaciones a los derechos humanos.
En el escrito, de dos hojas, el magistrado detalló la gran cantidad de trabajo que tiene cada uno de los ministros designados para tramitar este tipo de procesos judiciales, dando a entender que el plazo de seis meses estipulado por el máximo tribunal será insuficiente para terminar la tarea encomendada.
Si bien, esta iniciativa no se puede considerar como una nueva arremetida de los judiciales contra la decisión del alto tribunal, sí es coincidente con lo que ha planteado la Asociación Metropolitana de Magistrados, organismo que -por criticar abiertamente esta orden- resultó con sus cinco dirigentes sancionados por faltas a la disciplina funcionaria.
Sin embargo, para todos los ministros que tienen a su cargo la labor de esclarecer crímenes perpetrados durante el régimen militar, es decir, con un data de más de 30 años, resulta una meta imposible tener todas investigaciones concluidas el próximo 25 de julio.
118 procesos para seis magistrados
Tal como lo registra el texto redactado por Alejandro Solís, en la Corte de Santiago hay seis ministros que tienen a su cargo la sustanciación de un total de 118 procesos por violaciones a los derechos humanos, cuyo detalle es el siguiente:
– 52 procesos, con 128 tomos en total, a cargo de Joaquín Billard
– 34 procesos, con 241 tomos, a cargo del mismo Solís
– 15 procesos a cargo de Jorge Zepeda
– 6 procesos, con un total de 163 tomos, a cargo del juez que subroga a Juan Guzmán, Carlos Farías
– 5 procesos, con 35 tomos, a cargo de Sergio Muñoz
– 4 procesos a cargo de Hugo Dolmestch
– Carlos Cerda y Rosa María Maggi con uno, respectivamente.
Las garantías necesarias
Pese a lo que se pueda especular, las facilidades que se le han otorgado a estos integrantes del tribunal de alzada capitalino sólo consiste en una precaria dotación de funcionarios que tramitan el día a día de los procesos, junto con la posibilidad de integrar Salas sólo dos días por semana.
Esas, en conclusión, son las prerrogativas que Solís quiere extender por sobre el plazo dado por la Suprema, dado que en el discutido acuerdo que emanó de ella se contempla la eliminación de la figura de jueces con dedicación exclusiva para casos de derechos humanos y, con eso, la imposibilidad de acceder a facilidades que les permitan terminar su cometido.
En todo caso, esta petición no alcanzó a ser vista en el pleno que realizó ayer, lunes, la Corte de Santiago, por lo cual el respaldo que sus pares le otorguen a Solís sólo podrá ser medido la próxima semana.
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