Magistrado quiere cerrar proceso de identificación de restos del Patio 29 con exhumaciones en ambos países. Con esta diligencia Muñoz busca obtener las últimas muestras de ADN para corroborar si efectivamente los cuerpos de tres extranjeros desaparecidos corresponden a las identificaciones que el Servicio Médico Legal les asignó en 1994.
El juez Sergio Muñoz presentó un exhorto ante la Corte Suprema con el fin de conseguir la exhumación en Bolivia y Uruguay de tres ciudadanos extranjeros cuyos restos fueron identificados en 1994 en el Patio 29 del Cementerio General.
La diligencia del magistrado es parte de las investigación que busca clarificar si los cuerpos encontrados en el camposanto fueron correctamente individualizados en su oportunidad por el Servicio Médico Legal (SML). Hace tres años, un informe de la Universidad de Glasgow alertó que algunas muestras de ADN no correspondían a las osamentas, lo que sembró legitimas dudas en los familiares de detenidos desaparecidos, quienes solicitaron al 22 juzgado del Crimen de Santiago un nuevo proceso de identificación, misión que recayó en el juez Muñoz.
En Santa Cruz, Bolivia, se encuentran sepultados los cuerpos de Ramiro Gonzáles Gonzáles y Enrique Saavedra Gonzáles. Mientras que en Montevideo los de Arazati López.
Según recuerda Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), Gonzáles y Saavedra eran de nacionalidad boliviana y no chilena como aparece en algunos informes. Ambos eran primos y tenían tan sólo 18 años cuando fueron detenidos el 15 de septiembre de 1973, ninguno era militante de algún partido político, pero cometieron el "error" de salir a comprar comida luego de cuatro días de toque de queda.
Enrique estudiaba Economía en la Universidad Católica de Chile, mientras que Ramiro hacía lo propio en la carrera de Medicina de la Universidad de Chile. El día del golpe ambos alojaban en el Hotel Sao Paulo, de calle San Antonio, y la versión de la desaparición fue confirmada a Investigaciones por el administrador del edificio, también boliviano, Dorbeo Hanssen Torrico.
Por su parte, Arazati López, era un artesano uruguayo de 33 años, que fue detenido el 14 de septiembre en Santiago. Según los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, ese día efectivos militares allanaron la pensión donde vivía, en avenida España, junto a otros compatriotas, y a partir de ese momento no se supo más de él hasta su identificación en el Patio 29.
Viviana Díaz, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo desconocer la existencia del exhorto. No obstante señala que es el camino lógico que debe seguir el magistrado: "entendemos que el ministro está terminando con las diligencias para obtener muestras de ADN de cada uno de los cuerpos. Ahora eso lo va realizar el Servicio Médico Legal y se va a demorar entre cuatro a seis meses más", dijo.
Por su parte, Mireya García (PS), también de la agrupación, señaló que todavía no se puede perseguir la responsabilidad del Estado en este caso hasta que no se agote la investigación de Muñoz.
"Vamos a esperar los resultados de la investigación, para saber si hay errores o no, y sólo a partir de ahí se van a iniciar las acciones judiciales que correspondan. Porque tampoco quedó muy claro quien se equivocó en todo esto, si fue el SML o la Universidad de Glasgow. Entonces lo mejor que puede pasar es lo que está haciendo el ministro, el cual va a realizar un informe serio y responsable", sostuvo.
