En un escrito presentado ante el ministro Muñoz, el equipo jurídico que lo representa sostiene que el ex uniformado delegó la responsabilidad de sus declaraciones de impuestos en la Dirección de Finanzas del Ejército, hasta el año en que entregó la comandancia en jefe de la institución. La ofensiva es interpretada como una maniobra para involucrar a la rama castrense en el caso.
Hace poco más de dos semanas, la defensa del general (r) Augusto Pinochet Ugarte ingresó un escrito ante el ministro de fuero Sergio Muñoz -quien en pocos días más dejará el caso para ascender a la Corte Suprema- donde sostiene que las declaraciones de renta del ex comandante en jefe del Ejército estuvieron a cargo de la Dirección de Finanzas de dicha institución, desde 1074 a 1998. Este último año coincide con su alejamiento de ese cargo y su arribo al Senado.
Ante dicha presentación, el magistrado instruyó "oficiar al Ejército con el objeto se informe si la Dirección de Finanzas realizó las declaraciones de impuesto de Augusto Pinochet Ugarte y, en caso afirmativo, individualice el personal al que se citará a primera audiencia", por lo cual se estima que varios funcionarios activos y en retiro deberán comparecer ante el magistrado o aquel que le subrogue en el caso.
Si bien, la diligencia fue solicitada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a raíz de este antecedente, este giro en la estrategia de la defensa no deja de llamar la atención a juicio de otras partes involucradas en el proceso. La lectura que deslizan apunta a involucrar a la institución en el manejo de sus finanzas y con ello desligar responsabilidades en el manejo contable de los fondos en el exterior, que se fijó en 26,9 millones de dólares en el curso de la investigación judicial.
Cabe recordar que el monto que se estima como la deuda tributaria del ex gobernante de facto supera los 8.774 millones de pesos, desde 1981 hasta 2004.
Durante las últimas semanas ya declaró en el proceso el ex director del Departamento de Finanzas de la institución castrense, general (r) Abraham Bustos Letelier. Además, también han sido citados ex mandos administrativos y financieros de la ex CNI, como el general (r) Humberto Leiva Gutiérrez, subdirector del órgano represivo hasta su disolución.
Semana clave
En tanto, mañana miércoles el pleno de la Corte Suprema tendrá que revisar la solicitud de desafuero elevada por el ministro Sergio Muñoz, con el objeto de poder abrir causa en su contra para poder esclarecer los eventuales delitos que se le imputan.
El pasado siete de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió quitarle sus garantías constitucionales como ex primer mandatario por 21 votos a favor y cuatro en contra, por sólo cuatro de las cinco aristas judiciales que hasta esa época estaban configuradas en el expediente de las millonarias cuentas de Pinochet en el extranjero.
En dicha oportunidad, el tribunal de alzada dio luz verde a cuatro de las cinco imputaciones delictuales que se le imputaban al ex gobernante de facto: declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas; adulteración de su declaración de bienes ante notario al retirarse de la Presidencia de la República en 1989; falsificación de pasaportes y documentación fiscal de la Subsecretaría de Guerra para acreditar ingresos; y elusión del embargo internacional que dictó sobre sus bienes el juez español Baltasar Garzón, en 1998, durante su detención en Londres.
Sin embargo, una línea investigativa que podría verse truncada con la decisión de primera instancia es la relacionada con la forma, financiamiento y construcción con algunas propiedades de Pinochet, como las ubicadas en El Melocotón, Los Boldos y Los Flamencos, las cuales -según el último exhorto enviado por Muñoz a Suiza- fueron construidas con fondos y funcionarios del Comando de Ingenieros del Ejército, hecho que podría tipificarse con el delito de malversación de fondos.
Este hecho se consideró como prescrito según la Corte de Santiago, por lo cual el pronunciamiento del máximo tribunal podría reabrir estas indagaciones.
En todo caso, aún cuando la decisión de la Suprema pudiera ser conocida dentro de esta semana, se estima que difícilmente el magistrado podría adoptar una resolución de fondo en el caso, ya que la redacción del dictamen sobre el desafuero de Pinochet sería un paso previo de mayor importancia para proceder.
Al respecto, fuentes de los querellantes explicaron que de ser favorable la decisión de la alta magistratura sobre la participación que le puede competer a Augusto Pinochet, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya estaría en condiciones de presentar una querella por lavado de dinero en contra de todos los que resulten responsables en el origen de la fortuna del ex uniformado.
Las cuentas de Ananías
Por otra parte, consultada al respecto, la defensa de Mónica Ananías desestimó que las cuentas en el extranjero que posee su cliente la involucren en delitos como el anterior o estafa al Fisco, asegurando que la ex secretaria del otrora jefe de la Junta Militar proviene de una familia pudiente que le dejó como herencia alrededor de siete propiedades.
Producto de las rentas de dichos inmuebles la fiel ayudante de Pinochet habría abierto sólo dos cuentas en los Bancos de Chile de Miami y Nueva York. En esa medida, se negó tajantemente que Ananías, tuviera depósitos en la institución financiera Swiss Bancorp, de Suiza. No obstante, tampoco descartaron que su nombre pudiera haber sido utilizado por terceras personas para hacerlo.
En cuanto a una cuarta cuenta abierta a nombre de su hermana, ésta no tendría ninguna vinculación con el patrimonio de Ananías, según se afirmó.
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