El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que acumuló todos los procesos por delitos de lesa humanidad instruidos por los Juzgados del Crimen de la capital, por segunda vez se declaró incompetente en una de estas causas, pese a todos los precedentes legales que apuntan a que este tipo de ilícitos no pueden ser investigados por tribunales castrenses.
Molestia existe entre los profesionales dedicados a la defensa de los derechos humanos frente a las últimas decisiones adoptadas por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, encargado de investigar delitos de lesa humanidad ocurridos durante el régimen militar que, hasta hace poco, eran sustanciados en Juzgados del Crimen de la capital.
A mediados de septiembre pasado, el magistrado ya había declarado su incompetencia para instruir una investigación por las eventuales torturas sufridas por 50 ex miembros de la Fuerza Aérea, al interior de la Academia de Guerra Aérea (AGA). Sin embargo, el Juzgado de Aviación tampoco aceptó la competencia para conocer de dicho proceso, por lo cual la Corte Suprema deberá zanjar -en definitiva- qué magistratura se hace cargo de la investigación.
No obstante lo anterior, nuevamente el juez decidió traspasar al Segundo Juzgado Militar de Santiago el proceso por el secuestro calificado de Álvaro Miguel Barrios Duque, estudiante universitario y militante del MIR, casado con Gabriela Zuñiga, quien actualmente pertenece a la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos (AFDD).
Profesionales del ámbito de los derechos humanos criticaron esta decisión argumentando que hay numerosos fallos de la Corte Suprema que constituyen precedentes respecto a que este tipo de investigaciones no pueden ser sustanciadas por tribunales castrenses, lo cual además está contemplado en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
Además, esta resolución también afecta a uno de los casos que corresponden a una de las víctimas que pasó por el centro de reclusión clandestino de la ex DINA, ubicado en Londres 38, inmueble que el martes recién pasado fue declarado Monumento Nacional por el ministro de Educación, Sergio Bitar.
Historia
Antes de ser asumida por el ministro Fuentes, la investigación por la desaparición forzada de Barrios Duque era instruida por el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, cuya titular Raquel Lermanda, sometió a proceso al ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, y a los ex agentes del organismo represor Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo. Estos encausamientos también fueron confirmados por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones capitalina.
Según logró establecer la magistrado, el estudiante de Pedagogía en Inglés de la Universidad de Chile, fue detenido por funcionarios del mencionado organismo represivo el 15 de agosto de 1974, con la colaboración de Luz Arce -opositora al régimen militar que después colaboró con los agentes de la DINA-, según ella misma reconoció ante la jueza.
Este detenido fue trasladado a Londres 38, conocido como el "cuartel Yucatán" en la jerga militar, lugar desde donde se pierde su rastro.
Recurso de hecho
Ante la decisión adoptada por Fuentes Belmar de traspasar este proceso a la justicia castrense, la mayor preocupación de los querellantes es que este avanzado proceso retroceda y que, debido a los pocos recursos de que disponen los Juzgados Militares, además de los escasas vías procesales que tienen en ellos los patrocinantes de las acciones judiciales, este caso quede finalmente en la impunidad.
Debido a ello, tanto el abogado de la familia, Sergio Concha, como la representante del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Magdalena Garcés, apelaron del pronunciamiento, sin embargo, el magistrado declaró no ha lugar la presentación.
Por ello, finalmente será una Sala del tribunal de alzada capitalino quien dirima esta controversia, a través de un recurso de hecho interpuesto por los querellantes.
Este nuevo pronunciamiento del ministro Fuentes Belmar se suma a otros cuestionamientos anteriores que se han hecho en su contra, en virtud de sus decisiones. Una de estas polémicas se desató por haber aplicado el Código Sanitario al delito de remoción de cuerpos de detenidos desaparecidos, aplicando una pena remitida a los responsables.
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