Según los antecedentes que se han recogido en la investigación, se sospecha que el grupo operativo que podría haber dado muerte al coronel Gerardo Huber funcionó detrás del ex cuartel República de la desaparecida CNI, cuya fachada era un jardín infantil. El ejecutor material se encontraría en un país sudamericano.
A dos meses y medio de que el ministro en visita Claudio Pavez procesara a cuatro oficiales en retiro del Ejército por el delito de asociación ilícita, para encubrir el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares, han surgido antecedentes que podrían llevar finalmente a esclarecer quiénes conformaron el grupo operativo que habría materializado el crimen del uniformado.
Según trascendió, la investigación se ha centrado en el tipo de actividades de un grupo del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), proveniente de la ex CNI, el que habría operado detrás del cuartel República, en calle Grajales, donde también funcionaba un jardín infantil institucional.
En dicho inmueble también habría operado una facción del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), la cual habría sido la encargada del área "Operaciones Especiales" o G-4. Además, existen presunciones que llevan a presumir que el operativo para el secuestro del mencionado coronel habría participado personal de la sección Apoyo Técnico, dependiente también del BIE y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a cargo de uno de los generales (r) procesados por Pavez, Eugenio Covarrubias.
En esa medida, se estaría investigando asimismo la existencia de una orden, dada en noviembre de 2003, para incinerar, de noche, toda la documentación existente del BIE, cuya existencia podría comprometer a algunos miembros de la institución con delitos a los que últimamente se les ha vinculado, como la salida clandestina del país del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
Autor material
Además, en fuentes allegadas al caso, trascendió que la búsqueda del asesino material de Huber en el sur del país ha dado resultados infructuosos, ya que dicha pista surgió a raíz del testimonio del mayor (r) y ex jefe de Finanzas de Famae, Carlos Sepúlveda Cataldo, quien individualizó a un oficial aún activo de apellido Manríquez, destinado en el sur, quien años después de la muerte de Huber le habría confesado que él estuvo a cargo de vigilar su comportamiento a raíz del caso judicial que investigaba el envío ilegal de armas a Croacia, a fines de 1991, y que en caso de que ocurriera algo indebido su orden era matarlo.
Sin embargo, pese a que el uniformado está individualizado, no existen más elementos para sostener esa hipótesis, según se aclaró por parte de los consultados por El Mostrador.cl. Sin embargo, algunos de los procesados que se encuentran todavía detenidos por el ministro Pavez estarían comenzando a colaborar con el proceso, en la medida que estarían dando indicios para cercar al autor material del crimen.
Debido a esos antecedentes, la investigación se encaminaría a dilucidar la posible participación de un funcionario activo del Ejército, quien estaría destinado en algún país sudamericano, y cuyo nombre este medio se reserva para el éxito de las pesquisas.
Amenazas de muerte
Respecto a las amenazas de muerte "veladas" que recibió el equipo que encabeza el juez Claudio Pavez, esta información surgió a raíz de un llamado telefónico realizado por el ex suboficial y ex agente de la CNI Aladino Pereira, quien alertó sobre el eventual peligro que estaría corriendo al magistrado por estar entrando demasiado en el Ejército.
Este personaje ha estado vinculado como encargado de armamentos del ex organismo represor, y ha declarado que la supuesta arma homicida del comerciante asesinado a principios de 1989, Aurelio Sichel, se la habría entregado pocos días del crimen antes al capitán (r) del Ejército, Patricio Castro.
Según trascendió, al ser interrogado por la base de esta advertencia, Pereira dijo que el relato sobre los posibles peligros que corre el juez Pavez se lo escuchó a decir a Luis Iván Cortés Castro, de 45 años, en cuyo domicilio ubicado en Pedro Aguirre Cerda el OS-7 de Carabineros encontró una gran cantidad de armas el pasado 14 de diciembre.
Entre los equipos incautados al sujeto en cuestión se encontraron 35 armas largas y 14 cortas, además de 46.000 municiones de diverso calibre.
En esa medida, esta "advertencia" ha sido interpretada más bien como fruto de posibles rencillas entre vendedores ilegales de armas, pero también ha significado que igualmente se alteren los traslados regulares del juez y se hayan tomado medidas destinadas a reforzar su seguridad.
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