Iniciativa para renovar cuerpo legal, que data desde 1874, fue entregada en diciembre al entonces Presidente Lagos, cuyo gobierno se comprometió a apurar su trámite legislativo. Sin embargo, ahora no figura en las prioridades de la administración Bachelet. Además, el debate en el foro generó la marginación de varios académicos con gran prestigio.
Sin mayor publicidad, la Comisión de Reforma al Código Penal entregó en diciembre pasado la propuesta de 47 académicos del área para redactar un nuevo cuerpo legal que norme los delitos criminales, en reemplazo de la actual legislación, que data desde 1874. Pese a que el anterior gobierno se comprometió a dar urgencia a su tramitación en el congreso, a seis meses aún permanece en el ministerio de Justicia.
Aunque pueda parecer accesorio el reemplazo de esta legislación, uno de los ejemplos de la urgencia de discutirla y promulgarla es el delito de obstrucción a la justicia. En la actualidad, este ilícito fue prácticamente derogado con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, sistema que lo eliminó tácitamente, permitiendo que muchas de las personas encausadas por esta figura hayan pedido la revocación por parte de los tribunales superiores, obteniendo resultados favorables, como los seis jóvenes procesados en el marco del caso Matute.
Sin embargo, hasta el momento esta renovación, que completaría la reforma de la justicia penal, no se encuentra contemplada en las prioridades fijadas por la actual administración de Michelle Bachelet y se encuentra aún siendo revisada -en aspectos formales- por técnicos de la secretaria de Estado del ramo.
Empero, más allá de su actual situación, el debate al interior del Foro de académicos -convocados para redactar esta propuesta de código- derivó en un silencioso enfrentamiento entre sectores conservadores y progresistas dentro de dichos especialistas. A raíz de ello, al menos cinco renombrados profesores de Derecho Penal se retiraron de esta instancia, aduciendo disconformidad con la forma de trabajo y con el perfil "conservador" que habría adquirido este planteamiento.
Entre estos docentes se encuentra María Inés Horvitz -recién nombrada consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE)-, Alfredo Etcheverry -abogado que representa al Estado Peruano en la extradición de Alberto Fujimori-, Antonio Bascuñan, Jorge Fertman y Miguel Soto Piñeiro.
Historia del conflicto
Según uno de los encargados de la secretaría técnica a cargo de redactar esta propuesta y Decano de Derecho de la Universidad de Talca, Jean Pierre Matus, el trabajo de la Comisión Foro Penal comenzó el año 2001, bajo la gestión en el ministerio de Justicia de José Antonio Gómez, quien decidió convocar a una amplia gama de docentes para discutir sobre los principales aspectos que debían ser modernizados en la anquilosada Ley.
El 12 de julio de 2003, el entonces ministro Luis Bates firmó el decreto N° 443 que instauró la Comisión Foro Penal, la cual tuvo por objeto redactar una propuesta legislativa que fuera discutida en el Congreso. Los requisitos para quienes integraron esta instancia fue ser abogado penalista y profesor universitario del área.
Sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo se dio una áspera discusión entre los expertos más progresistas y los de un tono más conservador, generando la baja de personalidades relevantes del ámbito como los ya mencionados. Al respecto, Matus desestimó que este hecho le reste validez a la iniciativa finalmente elaborada, señalando que en porcentaje, la marginación de estos cinco académicos que serían todos los que dejaron de participar, no representa un verdadero quiebre en la comisión.
Esta opinión no fue compartida por parte de los disidentes a este proyecto, quienes coincidieron en que en el llamado Foro Penal nunca hubo espacio para plantear ideas divergentes con lo propuesto por la secretaría técnica -conformada por Matus y Héctor Hernández, profesor de la Universidad Alberto Hurtado-, resultando de este "supuesto" debate un proyecto político, más que técnico jurídico.
Marginación de temas valóricos
Al respecto, tras decidir su renuncia a integrar esta instancia, María Inés Horvitz, envió un documento a los restantes integrantes del Foro Penal para manifestar su disconformidad con la existencia de temas que están vedados discutir, como lo relativo al aborto y a los delitos de drogas.
"Si la razón del conservadurismo que exhibe la propuesta de la Comisión Técnica es su convicción acerca de la necesidad de reprimir penalmente el aborto sin excepciones, dejo constancia expresa en este documento de mi desacuerdo valórico y jurídico; si, en cambio, responde a necesidades de prudencia política, considero que es un profundo error. En tal caso, preferiría quedarme con el CP de 1875 que sacar un Código al gusto del cliente", señaló en dicha comunicación la profesional.
En esa medida, Horvitz fue de la postura de despenalizar el aborto antes de los tres meses de gestación. "Tal propuesta, como parece evidente, jamás fue admitida como posible por su radicalidad liberal. Sin embargo, no puedo entender que se haya desechado totalmente la posibilidad de introducir el sistema (más conservador) de las indicaciones, como el vigente en España. Esta omisión me parece aún más grave si se considera que desde la perspectiva constitucional es posible sostener el estatus de derecho subjetivo público a la autodeterminación reproductiva de la mujer, mientras que no aparece tan claro y evidente dicho estatus para la vida del nasciturus, lo que debería haber llevado al reconocimiento de un conflicto de intereses constitucionalmente relevante en el caso de la mujer que comete autoaborto o consiente que otro se lo practique por las razones que fundamentan la indicación eugenésica, ética o incluso, la social (en un país donde esta última tiene especial relevancia)".
Por su parte, Miguel Soto Piñeiro explicó que su retiro del Foro Penal se debió a que "en algún momento cambió la forma de proceder, porque de una instancia de discusión de posibilidad de reforma se pasó a un Foro de redacción del nuevo Código y, en la forma en que se organizó el trabajo, dificultó la manifestación de opiniones disidentes".
Para el profesional, su disconformidad con el método de trabajo se basa en que "había una secretaría técnica o de redacción que proponía al Foro la discusión de artículos y no existía el espacio suficientemente institucionalizado para debatir esta redacción. Finalmente esta instancia pasó a ser la creadora de la propuesta, resultando que la orientación final del proyecto, particularmente en la parte especial, resultaba ser conservadora, es decir, protectora del statu quo existente", según dijo.
En definitiva, para este profesor de Derecho Penal el mecanismo instaurado para llevar a cabo esta labor resultó ser una "buena forma de neutralizar la oposición". "Se transformó en un proyecto oficial y los proyectos oficiales, tanto dogmática como político-criminalmente, tienden a ser conservadores".
En todo caso, Miguel Soto reconoció que la propuesta final que fue elaborada por esta instancia es "sin duda, mejor que lo que hay ahora. Pero yo temo que la discusión parlamentaria pueda derivar en la promulgación de un engendro peor. Por eso, es de esperar que la discusión política del tema tenga un apoyo técnico suficiente".
Críticas injustificadas
Consultado por estas opiniones, el representante de la secretaría de redacción de la propuesta, Jean Pierre Matus, consideró que estas críticas son injustas e injustificadas, ya que el trabajo de la instancia convocada por el ministerio de Justicia se basó en el debate de ideas, ya que cada propuesta de artículo era luego revisada a la luz de las opiniones disidentes.
Frente a que, incluso, el presidente de este Foro Penal, Alfredo Etcheverry, también renunció por divergencias en el procedimiento, Matus dijo que el trabajo de la instancia funcionó bien en la parte general del Código (sistema de penas y reglas que establecen la imputabilidad, el grado de participación, etc), pero que los problemas se dieron en el marco de la discusión de las disposiciones especiales (descripción de los delitos propiamente tal). En ese contexto, explicó que la salida del mencionado abogado se debió a que él fue de opinión que "el trabajo iba muy rápido". En su reemplazo quedó el otrora ministro de la Corte Suprema Enrique Cury.
"Nosotros teníamos por finalidad hacer un Código y no discutir eternamente, por lo cual obviamente debíamos aceptar la opinión de consenso. Pero nunca hubo temas vedados", sostuvo.
Según señaló, el conflicto se generó al revisar los delitos vinculados con el derecho a la vida, la libertad sexual y con la intimidad de las personas. Por ello, se dicidió que esos temas fueran discutidos en el Parlamento propiamente tal, sin modificar lo que actualmente señala la ley, ya que dichas materias tienen un alto componente político.
En todo caso, minimizó la cantidad de abogados que se marginaron del trabajo, "ya que no representan ni el 10 por ciento de los académicos que participaron y finalizaron el trabajo". Al respecto recordó que esta instancia sesionaba todos los jueves, con un promedio de 20 académicos cada vez.
Este profesor de derecho criminal fue de la opinión que todos estos temas "valóricos" pueden ser abordados posteriormente a través de leyes especiales, sin necesariamente incluirlos en el Código Penal. "Lo importante es reemplazar una norma que tiene más de 130 años de antigüedad y que buena parte de la misma ha quedado en desuso, ya que existe una gran cantidad de aspectos que se han ido regulando mediante leyes especiales, lo cual en la práctica genera disfunciones de penas, desconocimiento de la población, dispersión de la normativa y la existencia de leyes contradictorias y redundantes".
"También, existen vacíos legales que no están regulados, como por ejemplo el derecho medioambiental, área que esta incluida en esta propuesta", añadió.
Matus explicó que otro de los aspectos abordados en esta iniciativa es la reposición del delito de obstrucción a la justicia, con el objeto de sancionar a todas aquellas personas que intenten desviar la investigación de un hecho delictual, para lo cual se le otorga estatus de autoridad a los fiscales del ministerio Público.
En resumen, esta propuesta plantea pasar de un Código de 501 artículos a uno de 417, ordenando y simplificando las figuras delictuales, con lo cual también se logró incluir ilícitos relacionados con la manipulación genética, contra el patrimonio cultural, expendio de productos en mal estado o tóxicos que pongan en riesgo la salud de la población, entre otros.
