Presidenta de la Democracia Cristiana consideró inconveniente que se anuncien iniciativas legales bajo presión de situaciones coyunturales, y lamentó la ausencia de materias de prevención y rehabilitación. En la misma línea se expresó el gerente general de la Fundación Paz Ciudadana, Gonzalo Vargas, que anunció que privilegiará estas últimas materias en sus futuras iniciativas.
Una serie de cuestionamientos recibió durante el Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana la agenda legislativa sobre seguridad ciudadana anunciada recientemente por el Gobierno, que a juicio de los expertos ha privilegiado la represión por sobre procesos como la prevención y la rehabilitación.
En el encuentro, que reunió a directores y asesores de la organización, además de representantes del sector político y de organismos ligados al tema, se alertó sobre los riegos de caer en la tendencia a aumentar la penalidad, sin considerar factores como la certeza de que las sanciones efectivamente se cumplan y garantizar la reinserción de los condenados.
Aunque no estaba dentro de los expositores oficiales, una de las más críticas frente a este fenómeno fue la senadora y presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, quien de paso hizo una férrea defensa de la reforma procesal penal que le correspondió impulsar, en su calidad de ministra de Justicia del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).
La legisladora recordó que en 2005, con la aplicación del nuevo sistema de persecución criminal, el 93% de las causas terminaron en condenas contra los imputados, a diferencia del 90% de procesos que fueron sobreseídos temporalmente en 2004 con el antiguo mecanismo.
Alvear también expuso su preocupación sobre las "leyes parche" y las "agendas cortas" que se impulsan para combatir la delincuencia, en un cuestionamiento implícito a las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Michelle Bachelet para combatir la delincuencia.
Según la parlamentaria falangista, "no puede haber nada más peligroso" que legislar sobre la base de situaciones coyunturales, advirtiendo que en esos escenarios se pierde la visión global del problema, y llamó la atención que, además de la represión, es "fundamental" considerar la prevención y la rehabilitación.
Esfuerzos mal dirigidos
Alvear, sin embargo, no fue la única critica. El gerente general de la Fundación Paz Ciudadana, Gonzalo Vargas, se manifestó "desilusionado" porque el reciente debate se haya limitado exclusivamente a un endurecimiento de la política criminal. "Nos gustaría ver una agenda corta que incluyera alguna de las políticas alternativas", sostuvo el directivo.
A juicio de Vargas, una estrategia integral para combatir la delincuencia debe basarse en la prevención, la represión y la rehabilitación. «Sin embargo, la gran mayoría de los esfuerzos han estado puestos sólo en el área del control del delito", se lamentó, mencionando entre otras medidas la reforma procesal penal, la construcción de nuevas cárceles, la ley de responsabilidad penal juvenil y el aumento de la dotación policial.
El problema, dijo, no se ataca endureciendo las penas, sino que éstas sean más inteligentes, vale decir, que se traduzcan en efectos reales sobre la prevención y la reinserción social. "Eso se logra principalmente con mejores penas alternativas, lo que tampoco ha estado en el debate".
El directivo refutó a quienes señalan que la ciudadanía sólo espera mano dura, al recordar que, según la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la primera causa de la delincuencia es la falta de trabajo, seguida del accionar de la justicia y la drogadicción.
También desmitificó el que la prevención y la rehabilitación sean procesos de largo plazo, asegurando que una estrategia represiva puede ser aún más lenta. «Reformar el sistema de justicia ha tomado más de 10 años, aumentar la dotación policial en un 15% va a tomar cuatro años, y si hoy se tomara en la decisión de construir una nueva cárcel, esta no estaría lista antes del 2010", puntualizó.
El rol del Ministerio de Seguridad
En tanto, el ex senador socialista José Antonio Viera-Gallo, presidente de la comisión asesora presidencial sobre la nueva cartera, reconoció que el organismo sólo es la "mitad" de las reformas que requiere el país, señaló que no es necesario abordar todos los problemas de una vez.
El personero, junto con rescatar "el clima favorable" que existe para impulsar el debate, señaló que precisamente será la nueva cartera la que permitirá impulsar las políticas de prevención, control y rehabilitación, aunque pidió sumar en el esfuerzo a los municipios y a los privados.
Viera-Gallo también aclaró que no existe la supuesta doble dependencia de las policías, ya que éstas serán la "columna vertebral" y el «brazo ejecutor" de la nueva cartera; y que sólo trabajarán con Interior en materias de orden público -para controlar huelgas, paros-, tal como hoy interactúan con los jueces, el Ministerio Público o la Cancillería (Extranjería).
En la misma línea, el titular de Justicia, Isidro Solís, reconoció que la futura repartición permitirá "desarrollar una política integral que permita controlar el delito", involucrando lo que denominó el "circuito de la seguridad ciudadana" (prevención, persecución, castigo, rehabilitación y reinserción).
Sin embargo, el secretario de Estado alertó de que "no es justo ni veraz decir que vamos a terminar con el delito", pues la realidad indica que éste "no está cerca de desaparecer".
Sobre la nueva repartición, el presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), instó a que ésta tenga «amplias atribuciones para que organice y controle con eficiencia a todas las instituciones involucradas en el combate contra la delincuencia".
Según el legislador, la seguridad pública no puede continuar en manos del Ministerio del Interior, toda vez que se trata de una cartera que tiene demasiadas responsabilidades, y advirtió que en la actualidad existen descoordinaciones en esta materia.
Finalmente, abogó por "definir el límite" entre la acción privada y la pública en esta tema. Si bien defendió que la política de concesión de cárceles, señaló que el Estado debe asumir el rol de la rehabilitación. "Con pretender que los privados hagan todo, no vamos a ninguna parte", puntualizó.
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