El ex albacea comenzó un juicio ejecutivo en contra de su otrora cliente, a quien acusa de adeudarle más de 625 millones de pesos, que corresponderían a un millón de dólares que el retirado uniformado se habría comprometido a pagarle. Algunas fuentes allegadas a la causa interpretaron el hecho como una maniobra del abogado para eludir el pago de impuestos.
Dando una clara señal del quiebre definitivo entre el general (r) Augusto Pinochet y su ex albacea, Óscar Aitken, éste último inició una demanda civil por cobro de honorarios, presuntamente impagos por más de 625 millones de pesos, en contra de su ex cliente.
La acción judicial fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago y por estar dirigida contra una persona que goza de fuero como ex Presidente de la República se designó a un ministro del tribunal de alzada para instruirla, recayendo esta designación sobre Mario Rojas, quien fue nombrado por el turno.
Esta demanda, caratulada bajo el rótulo de «reconocimiento de firma», tiene como primer trámite citar al ex comandante en jefe del Ejército para que reconozca la rúbrica que habría estampado en un documento, mediante el cual se habría comprometido a cancelar un millón de dólares a su ex albacea por el manejo de unas inversiones en el Banco de Chile.
Según las versiones recabadas por este medio, luego de que Pinochet recibiera en el 2002 por parte del Riggs Bank de Washington una serie de cheques, por un total de 5 millones de dólares que se contenían en sus cuentas en esa institución, el ex uniformado decidió invertir esos fondos en el mencionado banco nacional.
El acuerdo que habría pactado con Aitken era que en la medida que esos fondos cumplieran con ciertas metas de rentabilidad, le cancelaría a su abogado un millón de dólares por concepto de honorarios. Sin embargo, según el libelo interpuesto ante los tribunales, este dinero nunca le habría sido pagado.
Futuro y alcances de la demanda
Según fuentes judiciales consultadas al respecto, luego que el ministro Rojas resuelva la fecha de citación al general (r) éste tendrá un plazo de 5 días para cumplir con la diligencia y, en caso de no hacerlo, se daría por reconocida la deuda con su ex abogado.
En el escenario que comparezca y reconozca la rúbrica del documento, la demanda daría pie a un juicio ejecutivo, de corta tramitación, en el cual Aitken podría pedir el embargo de bienes pertenecientes a Pinochet por el monto de 625 millones de pesos y fracción, para asegurar la cancelación del débito.
Sin embargo, en el caso de que Pinochet desconozca la autoría de ese compromiso, esta acción judicial sería tramitada como juicio ordinario, el cual demoraría por lo menos un par de años.
Respecto a los alcances de esta acción judicial iniciada por el otrora asesor de Famae, algunas fuentes allegadas al caso Riggs repararon en que resulta curioso que Aitken haya demandado a Pinochet justo en el momento que debe justificar el pago de impuestos correspondientes a esos honorarios (1 millón de dólares), lo cual hasta el momento se ha negado a justificar ante el Servicio de Impuestos internos (SII), amparándose en su secreto profesional como abogado.
En esa medida, algunos interpretaron esto como una maniobra para ganar tiempo ante el organismo fiscalizador, retardando la liquidación de su deuda tributaria hasta que el fondo de este juicio civil se resuelva.
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