Organismo desestimó un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del general (R) Guillermo Letelier Skinner, uno de los procesados por el tráfico de armamento a la ex Yugoslavia en 1991. El otrora director de Famae estimaba que el nombramiento de Alejandro Solís como ministro en visita significaba una vulneración de las normas de la justicia militar.
El Tribunal Constitucional (TC), en fallo unánime, respaldó este jueves la designación del juez Alejandro Solís como ministro en visita de la investigación sobre el tráfico de armas a Croacia, perpetrado en 1991, desestimando de esta manera un recurso de inaplicabilidad presentado por el general retirado Guillermo Letelier Skinner.
El otrora director de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), uno de los procesados por el contrabando de armamento, acusaba que la Corte Marcial al nombrar a Solís a cargo del caso había vulnerado las disposiciones sobre la justicia militar, en el sentido de que en estos casos siempre existe un fiscal instructor y un juez fallador. Además, acusaba que la figura de ministro en visita sólo se incorporó a los procesos castrenses recién en 2002, once años después de acaecidos los hechos.
Por otra parte, el Ministerio Público Militar (MPM), en sus descargos, sostuvo que el ministro en visita existía con mucha antelación a octubre de 2005, cuando fue designado Solís, e incluso antes de que se registrara el envío ilegal de armas a Croacia. Asimismo, explicó que la necesidad de nombrar a un juez especial obedecía a que la causa «requería de un mejor servicio judicial».
Cabe recordar que en agosto de 2005, después de trece años de investigación, el Segundo Juzgado Militar de Santiago condenó a los capitanes de la FACH Patricio Pérez Villagrán y del Ejército Patricio Araya Hermosilla, además del empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana, como únicos autores de la transacción.
Sin embargo, acogiendo una presentación del propio MPM y del Ministerio de Defensa, en octubre de 2005 la Corte Marcial decidió anular el dictamen de primera instancia, concluyó que «en la tramitación de este proceso se han producido irregularidades que denotan una ineficiente investigación en la etapa de sumario».
TC descarta vulneración de normas
En su dictamen, el TC recuerda que el tribunal de alzada «haciendo uso de sus facultades, decidió invalidar la sentencia definitiva y retrotraer la causa a estado de sumario, para que un juzgado institucional procediera a corregir los errores y omisiones».
«La Corte Marcial, al nombrar un ministro en vista, hizo uso de una facultad legal vigente, sin violentar ninguna de las disposiciones constitucionales que se señalaban como infringidas», sostiene el fallo del organismo constitucional.
«En lo que respecta a la competencia del ministro visitador, resulta evidente que debe asumir, como dice la resolución que lo designa, ambas funciones de juez sustanciador y de juez sentenciador, puesto que de lo contrario no podría cumplir con el mandato que le confirió la Corte», agrega.
En ese sentido, el fallo agrega que los tribunales actúan a través de personas naturales, es decir, los jueces. «En la especie, no hay variación en la competencia del tribunal militar, sino que solamente se ha producido una sustitución de los jueces militares habilitados para resolver como integrantes del tribunal», sostiene el dictamen.
En su resolución, el organismo también estima que dentro de las facultades de la Corte Marcial el que justificadamente puedan cambiar a un magistrado por razones del buen servicio judicial, y que la decisión se adoptó cuando estaba plenamente vigente la modificación al Código Orgánico de Tribunales, que autorizaba a esa instancia para designar un ministro en visita.
Solís, además de Letelier Skinner, mantiene procesados a los generales (r) Carlos Krumm, del Ejército, y Vicente Rodríguez Bustos, de la FACH, además del mayor (r) Carlos Sepúlveda Cataldo, el coronel (r) David Fuenzalida González y el ex empleado civil de Famae José Sobarzo Poblete.
Además, está encausada la ex secretaria del general (r) Krumm, Carmen Molina, como cómplice del mencionado ilícito. Asimismo, mantuvo los cargos contra Pérez Villagrán, Araya Hermosilla y Pérez Orellana.
