Ministro de fuero Víctor Montiglio encausó al otrora jefe del Ejército y al general (R) Sergio Arellano Stark como autores de dos secuestros y homicidios calificados. Se trata del primer procesamiento dictado contra Pinochet en el marco de esta investigación desde que la Corte Suprema lo sobreseyera en 2002, por padecer de una »demencia subcortical». [actualizada]
El ministro Víctor Montiglio procesó y ordenó el arresto domiciliario del general retirado Augusto Pinochet Ugarte, por su eventual responsabilidad en los secuestros y homicidios de dos miembros del grupo de seguridad del ex Presidente Salvador Allende (GAP) tras el golpe de Estado de 1973.
Se trata de los casos de Wagner Salinas y Francisco Lara, cuyos secuestros y homicidios calificados se enmarcan en el proceso conocido como "Caravana de la Muerte" y por los cuales la Corte Suprema, en julio pasado, resolvió privar a Pinochet del fuero del que goza en su calidad de ex gobernante.
El ex militar fue notificado la tarde de este lunes en su domicilio particular de La Dehesa, tras lo cual se concretó su arresto domiciliario.
La resolución también se hizo extensiva contra el general retirado Sergio Arellano Stark, jefe de la comitiva militar que recorrió el país tras el golpe de Estado.
Asimismo, el magistrado encausó a otros cuatro ex uniformados. Se trata del ex comandante del Regimiento Tacna, general (r) Luis Ramírez Pineda, y los coroneles (r) Luis Mena, Carlos Massouh y César Corvalán, este último fue identificado como el médico que certificó las muertes de ambas víctimas.
La decisión se produce exactamente un mes después de que el juez lo interrogara por ambos casos, y dos días después de que el propio ex jefe del Ejército asegurara, a través de una carta, que asumía su responsabilidad "por todo lo obrado" durante la dictadura (1973-1990).
Si bien Pinochet había sido absuelto en 2002 por razones de salud en el marco de este caso, en el que estuvo encausado inicialmente como autor y luego como encubridor de 57 homicidios y 18 secuestros, los secuestros de Salinas y Lara no estaban contemplados en el primer proceso.
En ese sentido, los querellantes argumentaron que como los casos de Salinas y Lorca se conocieron después de que la propia Corte Suprema sobreseyera definitivamente a Pinochet, sobre la base de que padecía de una demencia «subcortical irreversible», un desafuero era viable.
El fin de semana, con motivo de su cumpleaños 91, el ex uniformado aseguró que asumía la responsabilidad política por todo lo obrado durante su régimen, aunque reiteró su certeza de que todo lo había hecho con el objetivo de «engrandecer a Chile y evitar su desintegración».
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmó este lunes en entrevista con El Mostrador.cl que Pinochet debería responder ante los tribunales de justicia, "si cree que lo hizo tan bien».
«Sus propias palabras lo condenan, porque si dice que ama a Chile y que engrandece a esta Patria, que diga en los tribunales: ‘sí, yo efectivamente ordené estos crímenes porque creía que estaba salvando a la patria’", afirmó.
Víctimas fueron detenidas en Curicó
Salinas y Lorca, que antes del golpe de 1973 integraban un grupo de seguridad del ex Presidente Salvador Allende, fueron detenidos el 30 de septiembre de ese año en Curicó, en la Séptima Región.
Según consta en el proceso, ambos fueron trasladados a Santiago y recluidos en el regimiento «Tacna», donde fueron vistos con vida por testigos hasta el 3 de octubre siguiente. Sin embargo, el 5 de octubre sus cadáveres, acribillados, fueron encontrados en Santiago.
La «Caravana de la Muerte» fue una comitiva militar que recorrió el sur y norte del país, con el objetivo de acelerar los Consejos de Guerra que se seguían contra los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, juicios que en cerca de un centenar de casos se tradujeron en ejecuciones y desapariciones.
Aunque la investigación del ex juez Juan Guzmán estuvo inicialmente centrada en hechos registrados en Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Linares y Cauquenes, las indagaciones permitieron constatar que los militares también se desplazaron hasta Curicó, San Javier y Valdivia.
Pinochet está actualmente procesado por varias víctimas de la «Operación Colombo» una operación montada en 1975 por su policía secreta para encubrir la desaparición de 119 opositores.
También está procesado por el juez Alejandro Solís como presunto autor de varias desapariciones y torturas cometidas en Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención que funcionó en los años 70.
Además, está sometido a juicio por evasión tributaria y falsificación de pasaportes, tras descubrirse las millonarias cuentas secretas que manejaba en el exterior.
