Núcleo duro de los magistrados, liderado por ministro Ricardo Gálvez, reiteró que el máximo tribunal tiene facultades para limitar trabajo periodístico en los juzgados. En este sector también se encuentran los jueces Orlando Álvarez, Urbano Marín y Milton Juica, todos con posibilidades de asumir en la testera del Poder Judicial en 2008.
Un duro debate se generó en el Pleno de la Corte Suprema con motivo de la discusión que permitió anular el autoacordado del máximo tribunal que limitaba el acceso a los magistrados, secretarios, fiscales y relatores del Poder Judicial, y que establecía que sólo se los podía abordar en los pasillos y estacionamientos, previa autorización.
Si bien los 18 ministros que estuvieron en el Pleno en que se analizó el tema -sólo faltó Alberto Chaigneau del Campo-, estuvieron por anular la polémica instrucción, nuevamente se enfrentaron dos claras posiciones: una partidaria de mayor apertura hacia la prensa y otra más restrictiva, que aprobó prácticamente a regañadientes la eliminación de la medida.
El primer grupo, liderado por el presidente Enrique Tapia -quien nunca estuvo a favor de la restricción-, fue partidario de dejar sin efecto o modificar los dos acápites que causaron la polémica y que establecían la restricción a abordar a los magistrados y limitar la toma de fotografías y filmación de los jueces en los pasillos, dando la posibilidad a los periodistas que cubren el sector a acceder a credenciales para facilitar su labor en los tribunales.
Acompañaron al presidente Tapia en esta posición los ministros Fernando Carreño, Adalis Oyarzún, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros y Juan Araya, que estaban por mantener la entrega de credenciales a los periodistas de acuerdo al reglamento dictado.
El grupo más duro estuvo formado por los ministros Marcos Libedinsky, Ricardo Gálvez, Jorge Rodríguez Ariztía, Orlando Álvarez, Urbano Marín, Milton Juica y Pedro Pierre, quienes inusualmente dejaron plasmado su descontento con las críticas recibidas por la medida en un extenso voto de prevención, donde dejan claro que la Suprema tiene plenas facultades para normar la actividad de los periodistas al interior de los tribunales.
«La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, debe velar por el desarrollo tranquilo y sin interferencias del trabajo de los funcionarios y empleados judiciales, tanto para resguardar el libre desempeño de ellos como para prestar un servicio eficiente y rápido a quienes acceden a los recintos judiciales en demanda de justicia, y a sus representantes», señala la opinión de los magistrados que apoyan esta posición.
Agregan que «si se lee cuidadosamente el acuerdo, se advierte que nunca ha estado en la intención de esta Corte restringir o impedir la libertad de información, sino que sólo se solicita que la conducta de quienes desarrollan esa labor sea respetuosa de los derechos de las personas con quienes tratan; es decir, se actúe con consideración a esas personas y a la función de servicio público que prestan. Se trata de solicitar de quienes reciban las credenciales un comportamiento con un mínimo de urbanidad y respeto por las personas, más aún si algunas de éstas son autoridades públicas».
Cabe destacar que en el grupo se encuentran los ministros Gálvez, Álvarez, Marín y Juica, quienes figuran como los candidatos a encabezar la Suprema a partir de enero de 2008 una vez que Tapia deje la testera del Poder Judicial, y Rodríguez Ariztía, para quien el pleno del viernes fue su último como magistrado de la Corte Suprema, por lo que no se vería afectado por la medida.
Periodistas celebran decisión
El presidente de la Agrupación de Periodistas y Camarógrafos de Tribunales, Erick López, valoró la decisión de la Suprema y recordó que el grupo de profesionales que se desempeñan en el sector siempre confiaron en que se enmendaría el rumbo de parte de los propios magistrados.
«Lo habíamos dicho. Teníamos confianza que los miembros de la Corte Suprema iban a enmendar este error, por eso no hicimos caso a consejos que nos decían que debíamos ir al Tribunal Constitucional. Por respeto, por lógica, porque sabemos como funcionan estas instituciones recurrimos a ellos mismos, a los que habían dictado esta medida. Creo que habla muy bien de la Corte Suprema el haber enmendado este error y en esta ocasión las instituciones funcionaron", señaló.
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