Abogado de uno de los procesados en la investigación por tráfico de armamento a la ex Yugoslavia pidió declarar inconstitucionales normas del Código de Justicia Militar, argumentando que tiene excesivas atribuciones para juzgar a civiles. Ministerio Público Militar y CDE defendieron labor de los tribunales castrenses y del ministro en visita Alejandro Solís.
Una resolución que podría resultar clave para el futuro de la cuestionada justicia militar deberá adoptar en las próximas semanas el Tribunal Constitucional, cuando dé a conocer el fallo sobre las atribuciones de los juzgados castrenses para tramitar causas en las que se encuentran involucrados civiles, tal como ocurrió en el proceso por la exportación ilegal de armas a Croacia en 1991.
El abogado Carlos Haffemann, representante del agente de Aduanas Sergio Pollman Müller presentó ante el TC un recurso de inaplicablidad pidiendo que se deroguen varias normas del Código de Justicia Militar y el Código Orgánico de Tribunales, que permiten a las instancias castrenses revisar procesos en los que se juzga a civiles.
El profesional expuso ante los miembro del TC que la jurisdicción castrense es claramente atentatoria contra la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por Chile, ya que no se respetan las normas del debido proceso, igualdad ante la ley y la duración de los juicios en un tiempo razonable.
Haffeman ante ocho de los diez magistrados del TC (faltaron los ministros José Luis Cea y Marisol Peña) recordó que los actuales tribunales militares tienen una excesiva extensión en su jurisdicción que les permite juzgar a civiles. "La mayoría de los procesos de la justicia militar son a civiles y no a militares. Hay una excesiva extensión del fuero militar pues se juzga a civiles por delitos como maltrato de obra a Carabineros y cuando los militares cometen delitos comunes también son juzgados por la justicia militar", afirmó.
El letrado agregó que la Corte Marcial tampoco es independiente, ya que tres de sus ministros -los representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros- son uniformados que dependen del mando para sus calificaciones, misma situación que se sucede con el relator del tribunal castrense que también es funcionario militar.
En ese sentido, recordó que si bien el Código de Justicia Militar asegura por tres años la inamovilidad de los uniformados que son parte de la Corte Marcial, ese principio es relativo pues cuando los magistrados dejan la institución que pertenecen deben dejar el tribunal.
Haffemman recordó que cuando asumió como Auditor General del Ejército Juan Romero Riquelme pidió el retiro de siete coroneles de justicia, entre ellos Enrique Ibarra, quien se desempeñaba como ministro de la Corte Marcial en representación de la institución.
Asimismo sostuvo que los procesados por la justicia militar no pueden a acceder a una serie de recursos procesales propios de las personas que son juzgadas por los tribunales ordinarios y que las apelaciones a resoluciones del fiscal militar se encuentran limitadas, lo que atenta contra la igualdad ante la ley.
Finalmente el letrado reclamó por el excesivo tiempo que se demoró la tramitación del proceso denominado Armas a Croacia en los tribunales militares, produciendo un agravio a su cliente que aún se mantiene bajo una serie de apremios que le impiden desarrollar sus labores.
Fiscalía Militar y CDE se oponen
El Ministerio Público Militar y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) alegaron a favor de la justicia castrense en el caso Armas a Croacia, argumentando que es la propia Constitución y el Código Orgánico de Tribunales otorgan las facultades para que se juzguen ciertos casos en la jurisdicción castrense.
El representante del Ministerio Público, coronel (J) Marcelo Cibié, afirmó que no corresponde acoger el requerimiento ya que incluso la reforma que creo la Fiscalía Nacional mantuvo la jurisdicción de los tribunales castrenses en los casos que señala la ley, impidiendo a los fiscales que investiguen este tipo de hechos.
Cibié insistió que sólo los delitos de maltrato de obra a carabineros y las infracciones a la Ley de Control de Armas están entregadas al juzgamiento de los tribunales castrenses implicando a civiles y que el resto de los delitos que se investigan corresponden a los que se cometen en los cuarteles.
En cuanto a la Corte Marcial, el abogado Cibié afirmó que hay dos ministros civiles que integran el tribunal y que en el caso particular del caso Armas a Croacia el proceso está siendo llevado por un ministro civil, el juez Alejandro Solís.
La representante del CDE, María Inés Horvitz, quien además ha sido la principal impulsora de la investigación por el caso Armas a Croacia, afirmó que el requerimiento estaba mal planteado, ya que el abogado Haffeman no pidió la inaplicabilidad del artículo 5 del COT que establece la legislación castrense en el país.
La profesional sostuvo que la presentación de su colega es más parecida a un recurso de queja disciplinaria, propio de los tribunales civiles, y no un recurso de derecho estricto como lo son las inaplicabilidades presentadas al TC. Agregó que además en los más de 15 años de proceso nunca se planteó una presentación similar y que se hace ahora cuando el juez Solís ha dado importantes avances en el proceso.
