El lunes venció el plazo para que los procesados se opusieran a la decisión del ministro en visita Alejandro Solís de dar por agotada la investigación sobre la exportación ilegal de armamento, pero ninguno realizó el trámite. Sólo el mayor (R) Carlos Sepúlveda Cataldo y la secretaria de Famae Carmen Molina Valdés solicitaron su sobreseimiento definitivo.
Antes del término de esta semana el ministro en visita Alejandro Solís formulará los cargos en contra de los doce militares y civiles involucrados en la exportación ilegal de armas a Croacia realizada por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), hecho que provocó un escándalo político internacional en noviembre de 1991.
Hace tres semanas, el juez cerró la investigación que tramitó por un año y ocho y el lunes pasado concluyó el plazo para que los encausados y los querellantes presentaran solicitudes de reapertura de la investigación. Sin embargo, ninguna de las partes realizó el trámite por lo que el proceso quedó a firme.
Sólo las defensas del mayor (R) Carlos Sepúlveda Cataldo y de la secretaria de Famae Carmen Molina Valdés solicitaron su sobreseimiento definitivo, argumentando que la investigación contra ellos se dirigió concluido el plazo de prescripción, situación que deberá ser resuelta de manera paralela por el juez.
En la causa se encuentran procesados por el delito de exportación ilegal de material bélico desde el 9 de junio pasado los generales (R) del Ejército Guillermo Letelier Skinner (ex director de Famae); Carlos Krumm Rojas (el ex jefe de logística del Ejército); y de la FACH Vicente Rodríguez Bustos; el mayor (R) Carlos Sepúlveda Cataldo; el coronel (R) David Fuenzalida González; y el ex empleado civil de Famae José Sobarzo Poblete.
Además, está encausada la ex secretaria de Krumm Carmen Molina Valdés (como cómplice) y los capitanes (R) Patricio Pérez Villagrán, de la FACH, y Patricio Araya Hermosilla, del Ejército, y el empleado civil de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana. Asimismo, enfrentan cargos los ex agentes de Aduanas Sergio Pollman Müller y Antonio Sahd Salomón.
Letelier Skinner, adicionalmente, se encuentra acusado por el delito de falsedad, sancionado en el Código de Justicia Militar, por «informar faltando a la verdad, mediante un documento afecto al servicio de las instituciones armadas y dar copia en forma fehaciente de un instrumento supuesto».
De acuerdo a la investigación de Solís, la exportación ilegal de armas fue una operación ideada por los más altos mandos del Ejército, que incluso habría contado con la venia de Augusto Pinochet, para realizar un negocio que traería grandes ganancias a Famae, empresa absolutamente autónoma y que sólo dependía del en Jefe del Ejército.
Para remitir el envío, se ordenó el acopio de material de guerra que varias unidades del Santiago del Ejército habían dado de baja, por lo que contó con la participación de varios generales que debieron dar autorizaciones para el retiro del armamento. Por la transacción, Famae recibió poco más de US$ 203.000 dólares antes de ser descubierto el embarque, pero se sospecha que la operación total involucraba un monto mayor cercano al millón de dólares.
Un año y medio de investigación
El magistrado logró aclarar el caso después de poco más de un año y cinco meses desde que fue nombrado por la Corte Marcial para hacerse cargo del caso, el 17 de octubre de 2005, un tiempo ostensiblemente menor a los 14 años que demoró la justicia militar.
En la primera investigación llevada por la justicia castrense, sólo fueron condenados como responsables del envío 11 toneladas de pertrechos militares a Croacia a los mandos medios Pérez Villagrán, Araya Hermosilla y Pérez Orellana, todos mandos mendios.
Los 36 bultos con material de guerra, simulados como ayuda humanitaria, fueron descubiertos a fines de noviembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest, Hungría, y en su tiempo causaron un serio conflicto diplomático a Chile, pues Croacia se encontraba con embargo de armas decretado por Naciones Unidas debido al conflicto que desangró a la ex Yugoslavia.
Cuando fue descubierto el cargamento, el entonces titular de Defensa, Patricio Rojas, solicitó a la Corte Suprema designar un ministro en visita para que investigara el caso, cargo que recayó en el ministro Enrique Correa de la Cerda
En enero de 1992, este magistrado tenía claro que la operación involucraba a altos mandos castrenses, por lo que interrogó al jefe del Departamento de Logística del Ejército, coronel Gerardo Huber, quien tras prestar testimonio ante el juez murió en extrañas circunstancias. Su caso, caratulado como homicidio, es instruido por ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Claudio Pavez, quien mantiene procesado a varios militares como autores de una asociación ilícita destinada a encubrir el asesinato.
Correa de la Cerda murió de cáncer gástrico a los pocos meses después y tras su deceso sufrió la investigación sufrió paralización pues su reemplazante, el actual ministro de la Corte Suprema Ricardo Gálvez, envió el proceso a la justicia militar donde durmió por casi quince años sin que se aclararan los hechos en su totalidad.
