Vicepresidente de la Cámara instó el Ejecutivo a no participar en los alegatos ante el organismo, que debe resolver el futuro de la indicación que endurece las condiciones de prisión para los adolescentes infractores. Ministro de Justicia evitó aclarar la postura gubernamental en esta materia, limitándose a señalar que respetarán lo que resuelva el Tribunal Constitucional.
Parlamentarios oficialistas exhortaron este viernes al Gobierno a marginarse de alegar ante el Tribunal Constitucional a favor de la polémica indicación aprobada por el Congreso que endureció la Reforma Penal Adolescente (RPA), que entrará en vigor el próximo 8 de junio.
De esta manera, reaccionaron a la decisión de la instancia de acoger a trámite un recurso de inaplicabilidad presentado por 33 legisladores de la Concertación contra el artículo impulsado por el senador Hernán Larraín (UDI), que endurece el régimen de reclusión para los jóvenes mayores de 16 años y menores de 17.
La indicación establece que los jóvenes de ese rango de edad que sean condenados a una pena mayor a los cinco años de privación de libertad -independiente del delito-, deberán permanecer al menos dos en un recinto cerrado.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Díaz (PS), hizo un llamado al Ejecutivo a alegar a favor de la inconstitucionalidad de la norma o a mantenerse al margen de la polémica, al tiempo que emplazó al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, a pronunciarse sobre el asunto.
La cuestionada norma fue aprobada por amplia mayoría en el Senado y luego en la Cámara de Diputados con los votos de los parlamentarios de la Alianza por Chile y del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), en el que milita el ministro Maldonado.
«La decisión del Tribunal abre un nuevo escenario en que el Ejecutivo debe alegar a favor de la inconstitucionalidad o lisa y llanamente debe mantenerse al margen, para que el artículo sea sacado de la Ley. Al mismo tiempo es necesario que el ministro emita un claro pronunciamiento sobre la inclusión del artículo», indicó.
Para Díaz, «este artículo en esencia es contradictorio con la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Congreso chileno en 1990».
En tal sentido, indicó que «no es posible que el artículo esté en la nueva Ley Penal Juvenil, ya que contraviene todas las tendencias mundiales en torno al trato judicial que deben tener los jóvenes y se aparta de las ideas matrices del proyecto».
«Hay que reiterar que el tema de la delincuencia juvenil no se soluciona con subir las penas, más jóvenes en las cárceles no resuelven el problema», sostuvo.
Soto (PPD): Indicación recrudece violencia
En tanto, la diputada Laura Soto (PPD) consideró relevante la decisión del TC, en cuanto a que la ley comenzará a regir sin la cuestionada norma, que sólo podría ser promulgada si el organismo establece que no es inconstitucional.
Soto recordó que la ley está mandatada por la Convención de los Derechos del Niño, en el sentido que los niños y los adolescentes tienen que ser tratados como tales y que se debe trabajar para reinsertarlos en la sociedad y no para castigarlos.
En ese sentido, estimó que la indicación del Senado «significa mantener a un joven durante dos años en la cárcel cualesquiera sea el delito cometido, porque si bien se está pensando en el caso de los delitos graves, nosotros sabemos que, o por la reiteración o por el concurso, al final los jóvenes van a terminar en estos recintos cerrados en los cuales en vez de ser reinsertados en la sociedad van a aprender más sobre los actos delictuales".
La diputada agregó que la norma del legislador UDI significará "un gravamen para toda la vida, hoy para el joven y mañana para la sociedad, es decir, en lugar de prevenir la violencia y los delitos los va a recrudecer», sostuvo.
Gobierno: Fue decisión parlamentaria
A su vez, el ministro Maldonado evitó fijar una postura del Ejecutivo sobre esta materia, precisando que no obstante respetarán lo que en su momento decida el TC.
«Lo importante es que esto no afecta la promulgación del resto de la ley aprobada que son cuestiones más operativas y que tienen que estar en vigencia antes del 8 de junio. Sobre este tema esperamos el fallo del Tribunal", indicó.
Requerido por la postura del Ejecutivo en este asunto, indicó que «fue una indicación aprobada por mayoría en el Senado y en la Cámara, pero que también un grupo de parlamentarios que la votó en contra tiene la convicción de que esta indicación podría ir contra el espíritu de la ley o podría ser inconstitucional y respecto de este último punto han presentado esa indicación».
«Nosotros como Ejecutivo cuando buscamos los consensos para presentar el proyecto analizamos varios puntos, entre ellos éste. Pero no generó consenso y, por lo tanto, desde ese momento dejó de ser parte de cualquier propuesta del Ejecutivo y lo que ocurrió en el Parlamento es un tema que corresponde al ejercicio de las atribuciones de los parlamentarios", precisó.
