Una serie de diligencias se podrían derivar de la presencia del ministro Alejandro Solís en dependencias de la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE) para indagar si existen otros documentos sobre el asesinato del general Carlos Prats y su mujer. Brigadier (R) Pedro Espinoza podría ser citado a comparecer »in situ» para que explique dónde obtuvo el informe.
Una positiva evaluación de la reunión con el comandante en jefe de Ejército, general Óscar Izurieta Ferrer, realizó la familia el general en retiro Carlos Prats González, tras obtener el compromiso del jefe castrense de permitir al ministro Alejandro Solís acceder a las oficinas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en busca de posibles documentos sobre su atentado.
María Angélica Prats y los abogados querellantes Pamela Pereira y Hernán Quezada valoraron la disposición de Izurieta para facilitar que el magistrado acceda a los archivos de la DINE e indague si las declaraciones del brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, respecto de que un oficio que revelaba el itinerario de Prats en Buenos Aires en junio de 1974, efectivamente se mantuvo guardado hasta 2004 en las oficinas del Ejército.
Izurieta Ferrer expresó que tiene el convencimiento personal de que no existe ningún documento que ligue al Ejército con la represión del régimen militar, pero accedió a la petición de los querellantes en el proceso a que el ministro Solís visitara los archivos de la institución para que un tercero imparcial aclarara las dudas al respecto.
En ese sentido, los querellantes en el proceso esperarán que el auditor general del Ejército, Juan Arab, realice el estudio jurídico de la materia para solicitar una serie de diligencias al ministro Solís en torno al documento entregado por Espinoza, que si bien en su encabezamiento alude la DINA, de acuerdo a la versión del militar en retiro fue sacado del DINE.
El estudio que realizará Arab no debería poner trabas y sólo se justifica porque, de acuerdo al Código de Justicia Militar, para que un juez civil ingrese a una dependencia castrense se requiere la autorización del jefe del servicio militar de justicia, que en los últimos años ha accedido a abrir todos los cuarteles y dependencias castrenses para investigaciones de derechos humanos.
Una de la diligencias que se solicitará es que el brigadier en retiro Espinoza concurra junto con el ministro Solís a la diligencia para que explique "in situ" del lugar donde sacó el oficio que remitió el entonces capitán Juan Morales Salgado al Manuel Contreras y en el que se revelaba las rutina del general Prats y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires.
Si bien por el momento los querellantes creen en la versión de Espinoza, no se descarta que el brigadier en retiro lo haya tenido en su poder con anterioridad y que sólo lo haya entregado hace pocos días al ministro Solís como una forma de aminorar una eventual condena por la vía de la "colaboración eficaz".
En el Ejército y el gobierno insisten que el documento fue sacado de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y que no hay papeles del organismo represor al interior de la institución, pero la versión judicial que entregó Espinoza apunta directamente a la DINE y no al organismo desaparecido en 1978.
La comprobación del origen del documento y de su autenticidad obligará a una serie de diligencias al ministro Solís que retrasarán la dictación del fallo de primera instancia que se encontraba en sus últimas etapas y que tuvo que ser reabierto por el ministro instructor días antes que se iniciara la etapa de probatorio, la única pública del antiguo sistema procesal penal.
Por el caso Prats se encuentran acusados por el delito de asociación ilicita y doble homicidio los generales en retiro Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres Pedro Espinoza , José Zara, Cristhop Willike; adermás por la participación en el doble crimen están acusados el suboficial en retiro Reginaldo Valdés y los agentes civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas.
El coronel en retiro Juan Morales Salgado está procesado por asociación ilícita y doble homicidio, es decir, en una etapa procesal anterior al resto de los acusados, debido a que su nombre recién apareció vinculado a la causa con el testimonio y documento entregado por Espinoza.
