La magistrada, que en una reciente entrevista con el Mostrador.cl arremetió contra el órgano dispcilinario por no estar «en sintonía con el «Estado democrático de derecho», entregó el viernes su respuesta a la Corte de Apelaciones. En ella señala que no deja de ser paradójico que quien hace notar las falencias en el sistema de aplicación de sanciones sea quien deba soportar, al mismo tiempo, la falta de debido proceso.
La historia sorprende con su cruce de realidades. Mientras el viernes pasado el flamante vocero de la Corte Suprema, Urbano Marín, hacía hincapié en los límites que tienen los jueces para emitir opiniones, la dirigenta de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) Francisca Zapata entregaba su informe a la Corte de Apelaciones por haber dicho -en una entrevista con El Mostrador.cl– que la Comisión de Ética no sintonizaba "con el Estado democrático de Derecho".
En el documento, al que tuvo acceso este diario, Zapata desarrolla seis ideas centrales y se pregunta cuál es la acusación que le formulan sus superiores del máximo tribunal. "La única certeza que tengo es que me encuentro sometida a un procedimiento disciplinario y que de ello puede derivarse una sanción", escribió.
Básicamente, la magistrada, adscrita a la tendencia "Nueva justicia" dentro de la ANM, insiste en que sus declaraciones "fueron hechas en mi calidad de dirigente"; que "dan cuenta de la posición sostenida históricamente" por parte de la asociación y que se trata de "una crítica seria y fundada al diseño normativo e institucional bajo el cual impera el régimen disciplinario de los jueces".
A renglón seguido explica que sus palabras se encuentran protegidas por la Constitución Política, toda vez que éstas en ningún momento han criticado el actuar de otro magistrado, como establece el artículo 323 N° 4° del Código Orgánico de Tribunales, sino a una entidad llamada Comisión de Ética.
"Ellas (las críticas) no pueden ser vistas como un ataque en contra de otros jueces, por la sencilla razón de que no hay en ellas ninguna referencia personal sino claramente institucional", explicó.
"En casa del herrero…"
Uno de los reclamos de las últimas administraciones de la ANM ha sido la falta de reglamento que existe en el órgano disciplinario para aplicar sanciones a los subordinados.
A partir de este razonamiento, Zapata, con rigor judicial, hace un pormenorizado recorrido del conocimiento acabado que tenían los supremos y otros estamentos de la sociedad de las demandas y cuestionamientos hacia el máximo tribunal por la forma -similar a un tribunal de honor militar- en que se resuelven las investigaciones disciplinarias contra magistrados.
"Si se mira con atención, no deja de ser paradójico, en este mismo sentido, que la informante se encuentre en este escenario -sujeta a una investigación propia del ámbito disciplinario y por ello, soportando todas las falencias asociadas a éste- precisamente a causa de haberlas hecho notar", dijo.
En el escrito, Francisca Zapata exige a los superiores de la Corte de Apelaciones que, en vista de que es sometida a una investigación que, a su juicio no está clarificada, se le permita acceder a un debido proceso, designar abogado y tener la oportunidad de "ejercer mi derecho a defensa recibiendo prueba para acreditar la verdad de mis asertos, debidamente asesorada por los abogados que, en tal caso, designaré al efecto".
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