Entrega de antecedentes aparece como una estrategia para involucrar al Ejército en el crimen del ex comandante en jefe, considerando que gran parte de los archivos de la DINA fueron incinerados en 1977, cuando fue disuelta. De todos modos, visita de juez Solís a oficinas del DINE de este jueves se mantiene a firme.
El brigadier en retiro del Ejército y ex subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo se retractó al cambiar su declaración en el proceso por el homicidio del ex comandante en jefe Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974.
En una comparecencia realizada ante el ministro Alejandro Solís la última semana, negó haber obtenido desde las dependencias de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) el documento recientemente divulgado que daba cuenta de seguimientos que sufrió el oficial antes del atentado que le costó la vida.
Según se indicó, Espinoza señaló al juez que tuvo una confusión con la sigla y que los antecedentes que contenían el mapa de la actividad preoperativa al ataque contra Prats y su esposa se lo habría facilitado una persona, cuya identidad este medio se reserva mientras no sea citada a declarar.
El fin de semana, tras conocer la nueva versión, el magistrado allanó la cabaña que ocupa el ex DINA en el Penal Cordillera e incautó un maletín con una serie de documentos. Uno de los que destacan es un listado de víctimas de la dictadura militar que fueron lanzadas al mar y las instituciones que estuvieron detrás de ello.
La retractación se conoce a sólo días de la diligencia anunciada por el magistrado en dependencias de la DINE, ubicadas en el céntrico Paseo Bulnes, donde tiene presupuestado realizar un acto formal de búsqueda de documentos del desaparecido servicio represivo.
El papel en cuestión estaba firmado por el coronel retirado del Ejército y ex agente de la DINA Juan Morales Salgado días antes del 30 de septiembre de 1974, cuando los cuerpos de Prats y su mujer volaron por los aires en una calle del barrio de Palermo en Buenos Aires.
Lo que hay que temer
La polémica por el documento partió con un severo cuestionamiento a la institución castrense por parte de la familia Prats.
Por esta razón, el Ejército decidió, en un giro estratégico, abrir las oficinas de la DINE para transparentar su apoyo a la justicia.
Es altamente probable que en la diligencia anunciada para este jueves a las 10 de la mañana el magistrado no tenga suerte y solicite copias de la documentación referida a quién ordenó la quema de los papeles.
Esto, con el objetivo de dejar establecido en el expediente el recorrido histórico de los informes de la DINA.
Uno de los argumentos más usados por las Fuerzas Armadas ha sido que esa documentación fue incinerada por el servicio represivo en 1977, cuando fue disuelta por Augusto Pinochet.
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