Todo se inició a partir de un recurso de amparo presentado por un interno ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal pidió un informe a Gendarmería, pero la institución no lo entregó en el plazo legal, por lo que los magistrados impusieron un límite de 24 horas para cumplir la orden, bajo amenaza de enviar los antecedentes al Pleno.
El fiscal (s) de la Corte Suprema, Carlos Meneses, investiga una denuncia por golpizas injustificadas al interior de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), luego de que la semana pasada uno de los internos presentara un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago relatando estos hechos.
Según fuentes judiciales Meneses concurrió este lunes al penal para constatar por sí mismo las lesiones a los reos, quienes habían iniciado una huelga seca por este tipo de prácticas. Además conversó con los familiares de los condenados, tomó apuntes y se llevó un relato pormenorizado de las denuncias.
El tribunal de alzada capitalino analizó el amparo, lo acogió a tramitación y le solicitó informe a Gendarmería, en paralelo a la gestión de Meneses. La institución, sin embargo, no cumplió con el plazo legal y, a través de una resolución emitida este jueves, los jueces le fijaron un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de enviar los antecedentes el pleno.
Meneses habría emitido ayer su informe definitivo, el que podría enviarse al Ministerio Público para que abra una investigación por la eventual comisión de delitos.
El recurso, de acuerdo a fuentes judiciales, revela crudas prácticas como golpes, amenazas amedrentamiento o amenazas de traslado si es que se denuncian los hechos.
Lo llamativo es que este tipo de reclamos sólo se han producido tras el cambio en la jefatura del penal, hace algunos meses.
Oscuros recuerdos
Esta situación recuerda hechos que en los últimos años han puesto a Gendarmería como una institución que, si bien busca la reinserción social de los presos e invierte en nuevas cárceles, alberga a funcionarios que malogran ese trabajo.
Y casos hay para revisar. Por ejemplo, las pésimas condiciones en algunos penales detectadas en las visitas relámpago del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel; las realizadas por jueces de garantía en 2006, que mostraban una penitenciaría que alojaba a los presos en el patio bajo una carpa hechiza pese a las malas condiciones climáticas lo que revelaba el hacinamiento.
En 2005, para ir más lejos, la justicia procesó a los funcionarios del servicio de prisiones, el comandante Miguel Espinoza, al cabo 2° Héctor Inostroza y al capitán Edgardo Cañulef, por las golpizas reiteradas que propinaban a los reos del Módulo Alfa del penal de Colina.
En la oportunidad, la versión oficial de la institución fue que los internos se habían autogolpeado con las rejas, lo que fue desvirtuado por un informe del Servicio Médico Legal (SML).
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