La mayor multa que deberá pagar la celulosa Licancel de Celco, por los derrames en el río Mataquito en junio pasado, fue cursada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El monto, que llega a los $ 436.850.800 millones, está muy por encima de las anteriores que debió cancelar. Por su parte, la firma está estudiando si presentarán algún recurso legal.
La multa aplicada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de 1100 UTA (Unidades Tributarias Anuales) -$435.850.800- es la más alta que deberá pagar la planta de Licancel, de Celco, en relación al desastre ecológico causado en junio pasado en el río Mataquito.
Si bien la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) y la Seremi de Salud del Maule también han iniciado procesos contra la empresa, al tener carácter fiscalizador y nacional, la SISS cuenta con mayores atribuciones en cuanto a los montos que puede cobrar.
En el caso de la Corema, los valores máximos de multa ascienden a 500 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), o sea, poco más de $ 16 millones. Por su parte, la Seremi de Salud puede llegar a las 1.000 UTM, que se traduce en unos $ 32 millones. Y en caso de "reincidencia", puede duplicar dicho monto.
Tras los derrames, la Superintendencia inició una investigación para determinar las responsabilidades de la empresa, nombrando un equipo de fiscalizadores con presencia permanente en la planta.
Con esta sanción, se dio por concluido el procedimiento iniciado el 13 de junio pasado y que incluyó los dos accidentes de derrame ocurridos el 5 y el 18 de ese mes. "No se evaluó como una reincidencia, ya que ambos eventos se tomaron como una sola infracción", puntualiza la titular de la SISS, Magaly Espinosa.
La aplicación de esta multa se produjo específicamente por descarga de aguas residuales en el río Mataquito que no cumplieron con lo estipulado en el Decreto Supremo 90, que establece la concentración máxima de contaminantes permitida para residuos industriales líquidos -riles- descargados en aguas continentales y superficiales. "Y está claramente comprobado que incumplieron la normativa", enfatiza la autoridad sanitaria.
En palabras simples, la sanción se adoptó porque se consideró que la empresa es "responsable de descargas de residuos industriales líquidos que no cumplen con la normativa vigente" y por "poner en peligro la salud de la población", explica Espinosa.
Esta sanción se suma a la aplicada el pasado 17 de agosto por las autoridades sanitarias del Maule, por $ 97 millones, como consecuencia de la rotura de un ducto en la laguna de tratamiento y el derrame al interior de los patios de la planta y del río.
Por su parte, la menor de las cinco plantas de celulosa Arauco y Constitución fue notificada el martes sobre la resolución y su equipo legal se encuentran analizándola. "Debemos definir si presentaremos algún recurso legal dentro de los próximos 10 días hábiles, que es lo que nos permite la ley", precisa Andrés Morán, subgerente corporativo de la empresa.
Reapertura de la planta
Para la autoridad sectorial, el siguiente paso "es una fiscalización permanente a la nueva planta de procesamiento cuando reabran la celulosa, a través de muestreos periódicos con que mediremos la calidad de los afluentes".
Con respecto a la reapertura, recalca que hay sendos instructivos sobre las etapas que deben cumplir para operar, por lo que hasta que estos no se cumplan no se podrá hablar de entrar en funcionamiento nuevamente.
A esto se suma la prohibición de funcionamiento dictada por la Seremi de Salud, que se suma a la de la Corema, que estableció que no pueden volver a funcionar si no tienen todos los permisos medioambientales estipulados por la Superintendencia, además de los permisos de la Dirección General de Aguas (DGA). Por otro lado, los tribunales de justicia, mediante una orden de no innovar, inhabilitó a la empresa a descargar riles tratados.
Y una condición para que la planta pueda funcionar nuevamente es, precisamente, que cuente con informes favorables de todos los organismos.
Según Sofía Ruz, seremi de Salud del Maule, actualmente están chequeando los resultados de un informe que habría detectado la presencia de mercurio en el licor negro producido por la celulosa, lo que será verificado, junto a los niveles, dentro de la próxima semana.
Coordinación de organismos públicos
"Esta coordinación-de los organismos públicos- ha sido eficiente, ha coordinado a todos los entes públicos que tienen competencia y hemos aunado esfuerzos, consolidado e intercambiado información. Se está sentando un precedente en el sentido de que cuando suceda un evento de este calibre habrá coordinación y evaluación permanente", sostiene Ruz.
La misma opinión tiene Mónica Rivera, directora de la Conama del Maule, que considera que esto ha sido fundamental y ha permitido que no existan duplicaciones de sanciones y, sobre todo, que se aproveche al máximo "la escasa dotación de recursos y de entes fiscalizadores de que disponemos. Creo que este caso abre el camino hacia un proyecto piloto de Superintendencia de Fiscalización".
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