Los tres uniformados extranjeros procesados en la causa por el homicidio del químico de la DINA habían sugerido el viaje, bajo promesa de regresar si fuesen requeridos. Ministro en visita Alejandro Madrid estimó que no se daban los presupuestos legales ni los de sentido común.
El ministro en visita Alejandro Madrid Crohare rechazó la solicitud de los militares uruguayos procesados en el caso Berríos para cumplir la libertad provisional otorgada por la justicia chilena en la nación oriental.
Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y el coronel en retiro Tomás Casella -extraditados a Chile en 2006-, habían hecho la presentación a mediados de año para acceder a ese beneficio, asegurando que, ante cualquier requerimiento del magistrado, estarían a su inmediata disposición.
En el escrito, que fue presentado al juez, se señalaba que «debido a su calidad de extranjeros se les obliga a permanecer en un país extraño, sin poder estar con sus familiares, sin la posibilidad de ejercer un trabajo o acceder a un sistema de salud», según consignó El Mercurio en su oportunidad.
Como manda la norma judicial, el magistrado solicitó una serie de diligencias a distintas instituciones con el fin de resolver si acogía o rechazaba la petición que, a todas luces resultaba impracticable.
Por esta razón, ofició a la embajada uruguaya en Santiago, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina Nacional de Interpol para ver la factibilidad de lo que los uniformados prometían con tan buena voluntad.
Para tratar de convencer al juez, los militares procesados le entregaron un DVD con grabaciones del comandante en jefe del ejército uruguayo, José Rosales, como también las del presidente Tabaré Vásquez. En ellas, supuestamente, ambos aseguraban que lo prometido por los tres extraditados se cumpliría.
Sin embargo, con las respuestas en la mano de la cancillería y la legación diplomática, Madrid estimó que no se daban ni las garantías legales, como tampoco los presupuestos del sentido común -luz que alumbra también el actuar de los jueces- para acceder a la solicitud.
De esta manera, esta última semana el magistrado rubricó el resolución donde les negó la posibilidad.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay.
En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya.
Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE.
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán. Junto a ellos también lo están el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y el abogado Enrique Ibarra.
El ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli. En tanto, Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.
También sometió a proceso por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y al propio Covarrubias.
