Profesional desvinculado recientemente de estudio Morales, Noguera, Valdivieso y Besa para formar un nuevo bufete, usó una vieja táctica de los juicios civiles: adquirió una escritura inexistente para »legalizar» una venta de acciones, en el marco de un caso del empresario por la venta de AFP Planvital.
En el comidillo de los abogados corporativos se convirtió esta semana la resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que procesó al abogado José Pablo Dulanto Galilea como autor del delito de falsificación de instrumento público, en el marco de un juicio ligado a Francisco Javier Errázuriz.
Dulanto Galilea, connotado abogado y yerno del otrora candidato presidencial y ex senador, acaba de renunciar al estudio Morales, Noguera, Valdivieso y Besa para iniciar otro a partir de octubre, luego de diferencias infranqueables.
El dictamen de la sala no fue menor, ya que revocó una resolución de un Juzgado del Crimen de 2005 y acogió la tesis del Consejo de Defensa del Estado (CDE), encausándolo por el ilícito antes mencionado.
La amiga
Dulanto Galilea, siendo un alto ejecutivo de las empresas Grupo Errázuriz, según consigna la resolución del tribunal de alzada, se coludió con la empleada de la Cuarta Notaría de Santiago Berta Sáez Bahamonde para obtener copias de una escritura inexistente que daba cuenta de una venta de 9.329.104 acciones de la AFP Plan Vital S.A. (propiedad de Inversiones Errázuriz Limitada) a Inversiones Errázuriz Trading Sociedad Anónima.
Para lograr este objetivo, el abogado y la funcionaria crearon una matriz copiando el folio de una escritura válidamente otorgada a otras personas por el notario Eduardo Pinto Peralte, quien fue sancionado por la entonces Comisión de Ética de la Suprema, por actos reñidos con la legalidad.
El documento en cuestión fue utilizado por la firma Cidef -también parte de las empresas Errázuriz- para fundamentar una "tercería civil". En otras palabras, se trató de una cesión de derechos para presentarla al 24° Juzgado Civil de Santiago.
Este tribunal requería los papeles para dar cumplimiento a una sentencia en contra de Inversiones Errázuriz por el saldo impago de acciones de AFP Concordia que dio origen a Planvital.
Los títulos de esta última se encontraban embargados en espera de la resolución civil, por lo que no se podían mover hasta que se zanjara la acción judicial.
Sin embargo, por esa fecha la compañía de seguros francesa AGF Chile le manifestó al Grupo Errázuriz su intención de comprar el 99,978% de las acciones de AFP Planvital en la suma de US$ 20.000.000. Pero para esto, ponía como requisito que se realizara el traspaso de los títulos entre las empresas relacionadas mediante escritura pública ante notario.
Este abultado negocio es el que habría motivado finalmente la falsificación de los documentos concretados por Dulanto y la empleada, que también fue procesada.
Tras el fallo, dictado esta semana por la magistrada (s) del 4° Juzgado del Crimen, Ximena Sumonte, encargada de la causa luego de que este tribunal absorbiera al 3°, debe notificar a Dulanto su calidad de procesado y ordenar prontuariarlo.
De acuerdo a la ley, el abogado arriesga una pena de entre 541 días y cinco años de cárcel.
