Casos como los derrames de Celco o de la Minera los Pelambres, que finalmente continúan funcionando y nada garantiza un término en este tipo de irregularidades, dejan al descubierto la necesidad de cambios sustanciales. Por ello, se espera que la creación del próximo Ministerio de Medio Ambiente cree las herramientas necesarias para ello.
Dos derrames en menos de un mes en el río Mataquito, provocando la muerte de miles de peces en junio pasado, y que por ende afectó directamente la fuente laboral de los pescadores de la zona, fue la gota que rebalsó el vaso en la paciencia nacional con respecto al actuar de la Celulosa Arauco y Constitución (Celco), protagonista de varios desastres ecológicos, como el del río Cruces en 2006 que ocasionó la muerte de cisnes de cuello negro.
Su planta de Lincantén (Licancel), se vio obligada a cerrar sus puertas y a desarrollar un plan tendiente a mejorar los procesos de tratamiento de riles, a la vez que a afrontar sanciones económicas de diversos organismos, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) y la Seremi de Salud del Maule, sumados a la millonaria demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que exige $ 2.000 millones.
Tras este escarnio público, la empresa del grupo Angellini terminó obteniendo las autorizaciones necesarias para reabrir sus puertas, dejando al descubierto que a la larga las normativas existentes en relación al medioambiente, adolecen de una gran manga ancha y, sobre todo, que no existe un organismo con suficiente poder institucional como para tomar medidas globales en torno a este tipo de conflictos, sino que es necesaria la intervención de diversos órganos sectoriales. Y, aunque no se quiera, también depende mucho de la propia voluntad de las compañías.
No queda más que recordar que luego de que se acordara entre Conama y Celco, que la firma financiaría un estudio sobre el daño al río y las medidas para su recuperación, en la celulosa se retractaron, fundamentando que en la demanda del CDE se contemplaban también recursos para este mismo objetivo, por lo que se produciría una suerte de "solape" de platas. Tiempo después, cuando se anunció que ya iba todo caminando a la reapertura, Celco accedió nuevamente a financiar el estudio en cuestión.
O que haya sectores como Mehuín, en la nueva Región de Los Ríos, donde se ha declarado una pequeña guerra entre sus habitantes, divididos en dos bandos: los que aceptaron los dineros que la compañía ofreció – US$ 8,9 millones y para concretar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la factibilidad de construir un ducto submarino en la bahía de la zona, que evacue los riles que actualmente se arrojan al río Cruces- y los que se oponen al acuerdo. Botes incendiados, peleas y agresiones físicas son algunas de las consecuencias de esta ruptura, de la que nadie se hace cargo, mal que mal es un acuerdo entre particulares.
Otro caso emblemático es el de Minera Los Pelambres, que este año tuvo cuatro derrames en el río Cuncumén, en la Región de Coquimbo, lo que afectaría directamente a los agricultores de la zona. Y aunque ha recibido sanciones, ninguna medida gubernamental ha asegurado a los habitantes de la zona que el próximo año no habrá nuevos episodios. La única opción es esperar.
Nueva institucionalidad ambiental
Pero no sólo en torno a esta suerte de déjí vu en materia de derrames se percibe la falta de una regulación firme en materia ecológica. En la parrilla 2007 también se encuentra el caso de la Reserva Las Vicuñas, que protagonizó el rechazo en picada de diversos parlamentarios-reactivando la llamada bancada verde-junto a ambientalistas y grupos étnicos. Nadie entendía que se hubiera autorizado la realización de prospecciones mineras en una zona protegida. Por ende, se pidió una exhaustiva investigación al director de la Conama, Álvaro Sapag, sobre la legalidad del permiso, tarea que está en desarrollo.
Si a esto sumamos casos como el de la planta de transferencia de Quilicura, que primero fue rechazada por la Corema y luego aprobada por la Conama -increíblemente con el voto a favor de organismos que en sus informes se habían opuesto – queda la impresión de que hay bastante de decisión política en materias ambientales. Por el momento, Sapag está estudiando los informes para determinar cuál será finalmente la suerte de la iniciativa.
Una medida que se espera termine con este tipo de situaciones es la nueva institucionalidad ambiental, en que ha estado trabajando durante todo este año la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, junto a un equipo de asesores y técnicos.
La iniciativa busca la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia del área, proyectos que serían presentados al Parlamento en septiembre de 2008, por lo que aún queda un trecho muy largo para dejar de ser uno de los tres países latinoamericanos que no cuentan con este tipo de ministerio.
Y como los proyectos aún está en desarrollo, aún no hay claridad de cómo actuarán ambos organismos, ni qué atribuciones o potestades asumirán, aunque se prevé que habrá "solapes" con otros órganos públicos.
Entrada de las ERNC
Tampoco se puede dejar de mencionar el tema energético, punto clave en términos de desarrollo país y que afecta enormemente a Chile, ya que es una nación con gran "dependencia", lo que le ha traído serios dolores de cabeza, especialmente luego de los recortes del suministro de gas desde Argentina.
Y como siempre pasa, la coyuntura abrió la necesidad de apagar incendios, obligando a las autoridades a buscar soluciones, y de paso cimentando el camino a la mayor inclusión de energías renovables no convencionales (ERNC).
De hecho, la meta de la administración de Bachelet, es que al menos 15% del aumento de la generación eléctrica al Bicentenario se logre a través de esta alternativa, lo que se está impulsando, por ejemplo, a través de iniciativas como la que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, actualmente en el Parlamento, que establece la obligación de que todas las empresas eléctricas que comercializan energía en los sistemas eléctricos con capacidad instalada mayor a 200 megawats (MW), como Endesa, Colbún o Gener, deban generar al menos 5% de energía renovable no convencional.
Polémicas alternativas energéticas
Entre los temas relacionados con la generación energética que levantaron polvo en 2007, destaca el proyecto para instalar de una planta de gas de respaldo de Metrogas en Peñalolén, que cayó pintiparada para el Gobierno, pero que no causó ninguna gracia entre los habitantes de la comuna. Por ello, iniciaron una fuerte ofensiva judicial -avalada por la Contraloría- que permitió detener las obras por un tiempo, pero finalmente la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio su visto bueno a la construcción de la planta, aunque la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema para este 2008.
Otro actor energético que se puso en tabla el año pasado fue el nuclear, que abrió una amplia polémica entre ecologistas y opositores a esta alternativa. De esta forma, el informe Zanelli, encargado por el Gobierno para que estudiara viabilidad de este tipo de energía, terminó por no descartarla como opción futura para Chile, pero recomendando, eso sí, la implementación de diversos estudios tendientes a mejorar las condiciones institucionales y legales.
Tampoco quedaron fuera de los enfrentamientos proyectos hidroeléctricos: Hidroaysén, impulsado por Endesa y Colbún, marcó un amplio debate, que en un despliegue nunca antes visto, levantó la enorme campaña "Patagonia Sin Represas" -que cuenta con fuerte apoyo monetario internacional-, tendiente a evitar la concreción de cinco centrales hidroelécticas en los ríos Baker y Pascua, en la Región de Aisén, así como la instalación de la línea de transmisión más larga del mundo, con casi 2.200 kilómetros de largo. Y aunque se rebajó en 36,5% la superficie del embalse respecto al plan original – sus opositores no quieren saber nada de esta alternativa, cuyo EIA se proyecta para el próximo año.
Chile: actor internacional
Un papel bastante protagónico le tocó este año al país a nivel internacional. Empezando por la designación del ex Presidente Ricardo Lagos como enviado especial para el cambio climático de la ONU, rol que le valió el sobrenombre de Capitán Planeta y que lo hizo el blanco de fuertes críticas por parte de ambientalistas que consideraban que su actuar durante su gobierno dejó bastante que desear en términos ambientales.
Pero finalmente se alzó una "bandera de la paz" de parte de los ecologistas, que optaron por respaldar su aporte en la creación del principal documento de trabajo relativo al cambio climático con las medidas para llegar a un acuerdo post Kyoto, que en diciembre reunió a representantes de todo el mundo en la Cumbre de Bali.
Anteriormente, Chile había participado en la 62ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde reafirmó, entre otros puntos, su compromiso en torno al cambio climático.
Y tal como reza la cultura popular, de alguna forma siempre hay un chileno en los grandes sucesos mundiales, lo que se cumplió a cabalidad en la adjudicación del Premio Nobel de la Paz al ex vicepresidente estadounidense, Al Gore, y al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que contaba entre sus 2500 integrantes con 4 científicos nacionales.
Y si de batallas internacionales se trata, el país se sumó al rechazo mundial contra el anuncio de Japón, que pretendía cazar más de un millar ballenas, entre ellas 50 jorobadas, supuestamente con fines científicos. La ofensiva, liderada por una renovada Australia en materia medioambiental, logró que al menos internacional surtió efecto el país nipón renunciara a dar caza a las ballenas jorobadas.
